En 2016 celebramos el
vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. En este periodo hemos asistido al
tránsito desde la seguridad e higiene franquista a la prevención de
riesgos emanada de la Directiva Marco europea
La generalización de la
actividad preventiva en las empresas, las políticas públicas activas
y la labor de los recién elegidos delegados de prevención lograron, no
sin pocos esfuerzos, una mejora de las condiciones de trabajo que se
tradujo en un periodo de acusado descenso de la siniestralidad que se
prolongó desde 2000 hasta 2012. La Ley 31/1995 ha posibilitado pasar
de un enfoque reactivo, de reparación del daño una vez que se produce,
a un enfoque preventivo, con el objetivo fundamental de conseguir
un estado de bienestar integral del trabajador.
Sin embargo, la apuesta por políticas de ajuste de marcado acento
neoliberal como alternativa de salida a la crisis, especialmente
representadas por las reformas laborales, deterioraron de forma grave
la negociación colectiva y el ejercicio efectivo de derechos,
elementos imprescindibles para la salud y la seguridad en el trabajo.
Estas dinámicas han determinado una regresión de la prevención en las
empresas durante esta última legislatura y, no por casualidad,
la aprobación de la Reforma Laboral del Partido Popular en 2012
coincidió con el cambio de tendencia de la siniestralidad.
En estos cuatro años de legislatura han fallecido 2.310 trabajadoras y
trabajadores y desde 2012 hasta 2015 se han acumulado incrementos del
8% en el índice de incidencia para el conjunto de sectores y del 9%
para la siniestralidad mortal. Es inadmisible que en pleno Siglo XXI,
fallezcan más de 600 personas en un año por el hecho de ejercer su
labor profesional.
El debilitamiento de la negociación colectiva conlleva
pérdida de derechos y la generalización de unas relaciones laborales
marcadas por la precariedad.
Esta última característica se encuentra, sin ningún lugar a dudas, detrás del incremento de los accidentes de
trabajo.
El mejor ejemplo de ello es lo que ha sucedido en los últimos años en
el sector industrial, hasta hace poco paradigma de la estabilidad en
el empleo. En los dos últimos años, los nuevos contratos de duración
inferior a una semana han pasado del 10% al 28% y la
siniestralidad mortal en 2015 en ese mismo sector ha crecido en un
45%. Una alta rotación de contratos de tan corta duración
impide garantizar los derechos de información y formación en los
riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa.
Por otra parte, cada vez es más frecuente y está más extendida
la descentralización productiva entre las empresas españolas, lo que
provoca una externalización de los riesgos laborales hacia los
autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas.
Pero existen más factores que influyen en el repunte de los accidentes
y unos de ellos es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, último año de
que disponemos de índices de incidencia desagregados por sexo, la
siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en
las mujeres el incremento ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de
diferencia. Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades
más feminizados han sufrido con más rigor los efectos de la crisis y
de las políticas de ajuste, lo que unido a la falta de políticas
eficaces de igualdad de
género contribuye al deterioro de la salud de las trabajadoras. Un
dato para reforzar esta idea: desde 2013 el número de partes
comunicados de enfermedad profesional con baja en mujeres es superior
en términos absolutos al de los hombres a pesar de ocupar un
volumen menor de población.
Esta legislatura tampoco ha servido para solucionar el grave problema
de ocultación de Enfermedades
Profesionales, sobre todo de aquellas más graves y que comportan
mayor sufrimiento a las personas afectadas y sus familias. El caso
del cáncer laboral es especialmente sangrante: mientras que las
estimaciones más conservadoras sitúan en 9.000 casos el número
de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en España atribuibles a
exposiciones laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23 en 2015, 19
de ellos por exposición al amianto. De forma similar, los trastornos
producidos por los riesgos psicosociales siguen sin ser
registrados, a pesar de su incremento debido al deterioro de las
relaciones laborales producto de la crisis. En definitiva,
las enfermedades ocasionadas por el trabajo terminan derivándose a
los Servicios Públicos de Salud en lugar de a las Mutuas,
infradeclarando su número, aumentando el gasto público y erosionando
la prevención porque lo que no existe no se previene.
Ante este panorama, en
el marco del 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y
ante el inicio de una nueva legislatura, CCOO y UGT queremos
trasladar a la sociedad española y en especial a los
partidos políticos la necesidad de poner en marcha las
transformaciones necesarias para forzar un cambio de rumbo en
la prevención de riesgos laborales adecuándola a realidad laboral
actual.
La LPRL sigue siendo un instrumento útil para la salud laboral, pero
es necesario derogar todas las normas que han impedido que todos los
colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud. Las
reformas laborales han extendido la precariedad, han instalado
el miedo a perder el empleo, han individualizado las relaciones
laborales, dificultado el ejercicio efectivo de derechos y
profundizado en la desigualdad.
Se debe revertir la reforma del marco jurídico de las Mutuas, ya que
supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores y que
sólo ha servido para que éstas invadieran competencias de los
servicios públicos, privatizando la gestión de actividades que deberían
ser exclusivas de la Seguridad Social. Hay que frenar la creciente
dualización del sistema público de salud, una sanidad para población
activa a través de las Mutuas y otra para la inactiva cada vez más
deteriorada, que supone de facto uno de los procesos de privatización
de la Sanidad más intensos y desconocidos.
Este proceso se ha agravado con la venta de las Sociedades de
Prevención de las Mutuas a grandes grupos privados, monetizando la
salud laboral y desnaturalizando la vigilancia de la salud en el
trabajo, que de ser un derecho de los trabajadores está pasando
a convertirse en un mecanismo de control empresarial y de ajuste de
plantillas.
Desde la publicación de la LPRL hemos aprendido que la mera aprobación
de una legislación adecuada no garantiza la protección sin la
existencia de controles estrictos.
Para ello exigimos a las
administraciones que intensifiquen las políticas activas en materia de prevención
dotando con los suficientes medios económicos y humanos a los
organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en Trabajo o los institutos autonómicos.
La Inspección de Trabajo debe incrementar sus plantillas de
inspectores y subinspectores, reforzar y actualizar su formación y
dotar de personal al recientemente creado cuerpo de subinspectores
especializados en salud y seguridad en el trabajo. Y se hace
más necesario que nunca el pleno desarrollo de la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, haciendo especial
hincapié en todas las cuestiones relacionadas con enfermedades
de origen laboral.
Y en el marco de la empresa, es preciso que se recuperen las
inversiones en prevención y, sobre todo, la centralidad de la
negociación colectiva en las relaciones laborales. La
negociación colectiva está estrechamente ligada a la presencia de
sindicatos en los centros de trabajo, lo que constituye la
mejor garantía para el ejercicio de derechos y para la protección de
la salud. Es un hecho que en los centros de trabajo en los que hay
presencia sindical hay menor siniestralidad laboral y
mejores condiciones de seguridad y salud. Sin embargo, en nuestro
país hay un millón de empresas con menos de 6 trabajadores, en las
que trabajan dos millones de personas que no tienen derecho a elegir
un delegado de personal, y una estructura productiva basada en la
pequeña y muy pequeña empresa que dificulta la implantación de los
sindicatos en una gran parte del tejido productivo. Por ello, de nuevo
volvemos a reclamar el establecimiento de la figura del delegado de
prevención territorial o sectorial que pueda acceder al control de las
condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas
competencias y garantías que determina la LPRL para los delegados de
prevención y con el objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la
salud y a la seguridad y los niveles de protección a
estos trabajadores en los mismos términos que en el resto de las
empresas.
Como cada 28 de Abril, Día
Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, desde CCOO vamos a recordar a las trabajadoras y los
trabajadores que fallecieron o perdieron la salud mientras se ganaban
la vida y nos comprometemos a luchar durante el resto del año para
acabar con la precariedad, la desigualdad y las injustas
condiciones de trabajo que se encuentran tras los accidentes y las
enfermedades de origen laboral