Para la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA), la propuesta del gobierto para el cambio de modelo de financiación de la asistencia sanitaria por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional reduciría injustificadamente la responsabilidad empresarial derivada de esta contingencia y les supondría además una nueva bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El pasado 29 de
Enero, el Consejo de Ministros aprobó el documento sobre la revisión
del Pacto de Toledo, en el que planteaba la necesidad de reflexionar
sobre si deben ser las cotizaciones sociales las que sigan soportando
la financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo
y enfermedad profesional, que actualmente prestan las mutuas.
Es
preciso recordar que el motivo por el cual esta asistencia sanitaria
se financia con cuotas sociales, ingresadas por los empresarios pero
que se configuran como coste laboral, y por tanto como salario, está
en el origen mismo de nuestro actual sistema de Seguridad Social: “La
responsabilidad empresarial de la reparación de los daños en la
salud provocados en los trabajadores por la actividad laboral, al ser
los empresarios propietarios de los medios de producción y
beneficiarios de las plusvalías que el trabajo origina”.
Para
Comfia-CCOO, modificar este
sistema de financiación hacia un modelo impositivo supondría
trasladar parte de esta responsabilidad desde los empresarios a la
totalidad de la población, a la vez que una nueva rebaja de las
cotizaciones empresariales, cuya tarifa por AT y EP ha venido siendo
reducida sistemáticamente por este Gobierno en los últimos cuatro
años.
LaLey
General de la Seguridad Social,
en su artículo 86.2 a) establece que la totalidad de las
prestaciones derivadas de las contingencias de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales tendrán naturaleza contributiva, es
decir, que tanto la prestación económica como la asistencia
sanitaria deben financiarse por cotizaciones a la Seguridad Social y
no a través de impuestos.
Por
otro lado, y a falta de mayor concreción de esta propuesta, se
plantean numerosos interrogantes:
¿Se
integrarían las redes asistenciales de las Mutuas en los servicios
públicos de salud, dependientes de las Comunidades Autónomas?
¿Se
someterían los trabajadores accidentados a las listas de espera o se
establecerían sistemas de prioridades en función de las
contingencias que originen el daño, vulnerando la equidad en el
acceso de todos los ciudadanos al sistema público de salud?
¿Afectaría
esta medida al empleo en el sector de las Mutuas, castigado
especialmente tanto por las modificaciones normativas realizadas por
el Gobierno en el último año, como por el descenso de la actividad
industrial?
El traslado de
la asistencia sanitaria por AT y EP desde las Mutuas a los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomos podría suponer un incremento
exponencial del gasto en prestaciones de incapacidad temporal.
Comfia-CCOO
considera que una presunta modificación de esta magnitud
en nuestro sistema de Seguridad Social, requiere de un análisis
pormenorizado en el marco del Pacto de Toledo y de un gran consenso.
Las
Mutuas prestan una asistencia sanitaria especializada
en la atención de los accidentes de trabajo. La inexistencia de
listas de espera permite reducir sustancialmente las medias de
duración de los procesos de IT respecto de las que tienen los
servicios de salud de las comunidades autónomas.
Sin
embargo, estas Entidades no están exentas de sombras: las quejas
sobre la falta de reconocimiento del origen laboral de determinadas
patologías, -especialmente si tienen origen psicosocial-, las
posibles altas médicas emitidas antes de la recuperación real del
trabajador o la infradeclaración de enfermedades profesionales o
derivadas del trabajo, hacen imprescindible acometer reformas de
calado que mejoren sus modelos de gestión y la calidad de sus
servicios.
Para
Comfia-CCOO,
es urgente el establecimiento de un sistema homogéneo y externo de
gestión de quejas y reclamaciones, con participación tripartita, y
con capacidad de proponer soluciones, la aprobación de un decálogo
o código ético que garantice a los profesionales sanitarios de las
Mutuas que sus decisiones se basen exclusivamente en criterios
técnicos y una carta de derechos y deberes de los usuarios, deben
ser medidas que complementen otras reformas estructurales:
- La
participación activa de los trabajadores usuarios en la gestión de
las Mutuas, a través de las organizaciones sindicales mayoritarias. - La
asunción de la actividad preventiva,
con cargo a las cuotas de AT y EP, para las empresas de menos de 10
trabajadores y la elaboración de proyectos de investigación,
formación y divulgación sobre la identificación y declaración de
enfermedades profesionales y/o derivadas del trabajo. - La
colaboración con los servicios públicos de salud de las
comunidades autónomas para poner en común los medios de los que
actualmente cuentan las Mutuas, incrementando el valor añadido que
deben tener para la sociedad.