Menos políticos en las Cajas de Ahorros

El Gobierno regional ha
acordado, mediante un decreto ley que deberán convalidar las Cortes,
reducir la presencia de políticos, tanto electos como altos cargos de
las administraciones públicas, y endurecer el régimen de
incompatibilidades para acceder a los órganos de gobierno de las cajas
de Castilla y León, en los que no podrán ser elegidos presidentes ni
miembros del consejo de administración personas con operaciones
financieras vinculadas a la caja participada. Con la entrada en vigor de
esta normativa, las entidades de ahorro de la Comunidad, excepto la
resultante de la fusión entre Duero y España, celebrarán entre los meses
de enero y febrero el proceso electoral para renovar a sus órganos
rectores.

Estas son las principales novedades del
decreto ley que traspone la legislación básica estatal, aprobada el
pasado mes de julio, al ámbito autonómico, según explicó el
vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno,
informa Ical.

A la incompatibilidad estatal sobre la
presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos
cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta
extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de
administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u
garantías con la entidad a la que pretenden representar. «Es un régimen
serio», definió Villanueva.

La normativa estatal reduce la presencia
pública en los órganos rectores del 50 al 40 por ciento, cuyo 10 por
ciento la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los
grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de
interés colectivo. Así, impositores representarán en los órganos un 5
por ciento, al pasar del 32 actual al 37 por ciento, mientras que las
entidades de interés general aumentan un 5 por ciento hasta llegar a un
10 por ciento total de presencia, cuyo del que la mitad (5%) se destina,
por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social. Por
otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37
por ciento, con el 16 sobre el 15 para las primeras.

También refuerza la norma autonómica la
mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones,
integraciones en el sistema institucional de protección o la
transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de
los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar
acuerdos en esa dirección.

Igualmente, el decreto ley regula un
perfil más profesional para los miembros de los órganos rectores, de
manera que el 50 por ciento de las personas propuestas por cada uno de
los grupos de representación deberá tener conocimientos de alta
administración, dirección, control o asesoramiento a través de trabajos
realizados al menos durante cinco años en las entidades. De este perfil
se excluye a los empleados, si bien en el caso de los propuestos por las
Cortes afecta a la totalidad de los propuestos para entrar en las
cajas.

Villanueva precisó que el decreto ley
introduce una disposición transitoria en la que se respeta el periodo
transitorio de dos años que han acordado Caja Duero y Caja España para
elegir los órganos de gobierno de la nueva caja fusionada. Así, durante
ese periodo podrán mantener sus miembros sin renovar, excepto de que
sean ellos los que aceleren este proceso.

Calendario

Para el resto de las cajas se abre un
periodo de seis meses para celebrar el proceso electoral de renovación
de sus órganos de gobierno, de forma que el Gobierno regional prevé que
ese proceso se desarrolle entre los meses de enero y febrero. Una vez
que el decreto ley esté en vigor, al día siguiente de su publicación en
el boletín oficial, las cajas tienen tres meses para adaptar sus
estatutos y reglamentos a la nueva normativa y la Junta un mes para su
aprobación. Una vez autorizados los estatutos por la Junta, las cajas
disponen de dos meses para celebrar la renovación de sus miembros.

Durante la rueda de prensa, Villanueva
declinó hablar de personas que pueden estar vinculadas al régimen de
incompatibilidades para presidir alguna de las cajas, como la fusionada,
para la que se ha hablado de mantener al actual presidente de Caja
España, Santos Llamas, e incluso de proponer a Isabel Carrasco, actual
presidenta del PP de León y de la Diputación Provincial.

“No hago valoraciones de personas, no
debo hacerlo, pero si están inmersas en el régimen de
incompatibilidades, no podrán presidir una caja”, respondió Villanueva, a
preguntas de los periodistas durante la exposición de las novedades de
la normativa y de los motivos que han llevado a la Junta a no agotar el
plazo de seis meses que tenía para adaptar el Real Decreto del Gobierno a
la Comunidad.

La normativa regula la conformación y
profesionalización de los órganos de gobierno, el régimen de cuotas
participativas, el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas de
ahorro, la posible transformación de las cajas en una fundación de
carácter especial e incorpora la regulación de los sistemas
institucionales de protección.

Asegurar la pervivencia de unas
entidades que cumplen una función social y su fortalecimiento a través
de su capitalización y profesionalización son los motivos de la nueva
normativa, tanto de la estatal aprobada el pasado mes de julio, como de
la regional, que traslada al ámbito autonómico esta regulación básica,
según explicó Villanueva.

Con esta ley se pretende, en palabras
del vicepresidente, dos objetivos: facilitar instrumentos a las
entidades de ahorro para mejorar sus niveles de capitalización y
profesionalizar la gestión de los órganos de gobierno.

Villanueva destacó que la Junta ha
acelerado la aprobación de esta norma para dotar a las cajas de
seguridad jurídica en el proceso de reestructuración y porque la
renovación de los órganos rectores estaba previsto a partir del 1 de
septiembre con lo que se evita otro proceso electoral a comienzos de
2011, como recoge la norma estatal.