Los informes jurídicos encargados por Caja España para determinar las
incompatibilidades marcadas por la modificación de la Ley de Cajas de
Castilla y León concluyen que éstas afectan, no sólo a la Presidencia,
sino también a los nuevos vocales de la Comisión Ejecutiva de la Caja
fusionada.
Los informes jurídicos encargados por Caja España para determinar las
incompatibilidades marcadas por la modificación de la Ley de Cajas de
Castilla y León concluyen que éstas afectan, no sólo a la Presidencia,
sino también a los nuevos vocales de la Comisión Ejecutiva de la Caja
fusionada.
Dichos informes, a los que ha tenido acceso EFE y que
se prevén analizar al final del Consejo de Administración ordinario
convocado para hoy en Caja España, concluyen que el régimen de
incompatibilidades afectan no sólo al nombramiento del nuevo presidente,
sino también de los vocales de la Comisión Ejecutiva que se prevé crear
en la nueva caja.
En principio estas incompatibilidades para Caja
Duero no supone mayor problema puesto que en esta entidad ya tenían
constituida una Comisión Ejecutiva, y sus miembros pueden pasar sin
problemas a la nueva comisión que cree en la entidad resultante.
Sin
embargo, sí lo es para Caja España, donde hasta ahora no funcionaban
con una Comisión Ejecutiva y cuyo Consejo de Administración había
acordado hace un par de meses crearla.
En dicho Consejo, se
designaron siete sus vocales para esta nueva comisión, entre ellos
Santos Llamas, el alcalde de León, Francisco Fernández; y la presidenta
de la Diputación leonesa, Isabel Carrasco, entre otros.
En el
acuerdo de fusión de las dos cajas, se contempla que la entidad estará
gobernada por un Consejo de Administración, de 34 vocales, 17 de Caja
España y otros tantos de Caja Duero; así como una Comisión Ejecutiva,
integrada por 14 miembros, siete de cada entidad.
Los siete
vocales que tenía previsto designar Caja España para esta comisión
ejecutiva son, además de Llamas, Carrasco y Fernández; Jose Francisco
Martín (PSOE), Javier García Prieto, ex presidente de la Diputación de
León; Miguel Ángel Álvarez (UGT) y Alejandro Menéndez, profesor de la
Universidad de Valladolid, afín al PP.
De estos siete vocales, los
únicos que no se verían afectados hoy por hoy por las
incompatibilidades, de acuerdo con la nueva normativa, serían Miguel
Ángel Álvarez, y Alejandro Menéndez, según dichas fuentes.
Uno de
estos informes jurídicos, a los que ha tenido acceso EFE, concretamente
el de la asesoría Garrigues, concluyen que existen argumentos para
determinar que la Presidencia está afectada por el régimen de
incompatibilidades, pero también la Comisión Ejecutiva, ya que «en
definitiva es un órgano de gobierno por su casi plena identidad con el
Consejo de Administración».
Así -prosigue- el «nombramiento formal
de sus miembros -los de esta comisión- queda sometido al régimen de
incompatibilidades» de la ley.
Sin embargo, la Comisión Delegada
de la Obra Social, la de Retribuciones y Nombramientos, la Comisión de
Inversiones, la de Auditorías, entre otros, «sus miembros no se
encontrarían afectados durante el periodo de dos años transitorio que
marca la ley».
En cuanto al estudio de encargado a KPGM, éste
viene a decir lo mismo, en el sentido de que los nombramientos de
miembros de los órganos de gobierno, incluidos la comisión ejecutiva,
están afectados por la nueva ley, sin necesidad de aguardar a la
modificación de los estatutos.
En este informe, se concluye que
«no se entenderá que se produce un nuevo nombramiento cuando se
constituyan los órganos de gobierno de la nueva entidad resultante de la
fusión», pero sí cuando se realice «cualquier otro nuevo nombramiento o
designación para esos órganos, aún cuando ese nombramiento pudiera
venir determinado de algún modo por el contenido» del acuerdo de fusión.