…El problema es que han pasado casi dos meses, ha entrado el otoño y de
todos ellos tan sólo se ha despachado uno -”el de las Cajas-”y no
precisamente de la mejor manera. Con la que ha caído financieramente
desde el mes de mayo, mes en que dieron el sí las asambleas generales de
Caja España y Caja Duero, ha habido que esperar al uno de octubre para
que se constituya el Consejo de Administración de la Caja fusionada…
Sin negar su derecho al descanso veraniego, opinábamos a primeros de
agosto que el gobierno de Juan Vicente Herrera se había ido de
vacaciones dejando sin resolver importantes deberes pendientes. Para la
Junta esos y otros asuntos podían esperar y de hecho esperaron.
El problema es que han pasado casi dos meses, ha entrado el otoño y de
todos ellos tan sólo se ha despachado uno -”el de las Cajas-”y no
precisamente de la mejor manera. Con la que ha caído financieramente
desde el mes de mayo, mes en que dieron el sí las asambleas generales de
Caja España y Caja Duero, ha habido que esperar al uno de octubre para
que se constituya el Consejo de Administración de la Caja fusionada. Y
se va a constituir eligiendo con carácter provisional a un presidente y a
un vicepresidente nombrados para salir del paso, mientras los máximos
dirigentes del PP y el PSOE en la Comunidad negocian, a espaldas de los
órganos de la entidad, los nombres de quienes ocuparán más adelante las
principales poltronas de la nueva Caja. A las primeras de cambio se ha
visto en qué han quedado esos propósitos de «despolitización» y
«profesionalidad», que justificaron el «decretazo» perpetrado por la
Junta y convalidado, sin un solo voto en contra, por el Parlamento
Autonómico.
Pero, en fin, aunque sea de esta manera, la Caja
echa por fin a andar. Eso sí, sin que nadie sepa a ciencia cierta hacia
donde se encamina y dándose por hecho que está abocada a participar más
pronto que tarde en algún SIP con entidades financieras de otras
comunidades.
Entretanto, llega octubre y seguimos sin tener la
menor noticia sobre el Plan de Convergencia Interior correspondiente al
año 2010, dotado en los vigentes Presupuestos de la Comunidad con 150
millones de euros. El incumplimiento por parte del Gobierno central de
su compromiso de complementar dicho plan con inversiones estatales por
la misma cuantía no exonera a la Junta de su obligación de ponerlo en
marcha con sus propios recursos, tal como mandata el Estatuto de
Autonomía.
Dicho de otra forma: que el Gobierno Zapatero no
cumpla ese compromiso no puede servir de excusa para que la Junta deje
de invertir los fondos propios presupuestados al efecto. Salvo que lo
que se pretenda sea sumar esos 150 millones a los más de 600 millones
que la Junta lleva recortados en el Presupuesto del 2010, dejando de
ejecutar unas inversiones que tienen como finalidad reducir los
crecientes desequilibrios territoriales internos dentro de la comunidad
autónoma.
El oscurantismo con que se han aplicado esos recortes
está socavando la posibilidad de que la Junta y la oposición pacten las
prioridades de gasto para los Presupuestos del 2011. El PSOE exige
transparencia sobre recortes como condición previa para abordar dicho
pacto, que por cierto fue ofrecido por el presidente de la Junta durante
el debate parlamentario sobre el estado de la comunidad celebrado a
finales de junio. En ese mismo debate Juan Vicente Herrera anunció que
la Junta acometería de forma inmediata una reestructuración y reducción
del número de entidades instrumentales, es decir, una poda en las
empresas y fundaciones publicas. En este caso son tres los meses
transcurridos sin que nada se sepa al respecto.