El lunes pasado, el Gobierno presentó el plan de recapitalización del sistema financiero, una verdadera revolución para las cajas, ya que
incluía la posibilidad de nacionalizar las entidades más débiles. Les
dio de plazo hasta el 30 de septiembre para buscar inversores privados.
De lo contrario, el Estado inyectaría el capital necesario. Los bancos
de inversión, agencias de calificación e inversores criticaron que el
Gobierno dejara a las entidades durante ocho meses en una situación de
precariedad, buscando un capital privado que difícilmente podrán
encontrar.
El lunes pasado, el Gobierno presentó el plan de recapitalización del sistema financiero, una verdadera revolución para las cajas, ya que
incluía la posibilidad de nacionalizar las entidades más débiles. Les
dio de plazo hasta el 30 de septiembre para buscar inversores privados.
De lo contrario, el Estado inyectaría el capital necesario. Los bancos
de inversión, agencias de calificación e inversores criticaron que el
Gobierno dejara a las entidades durante ocho meses en una situación de
precariedad, buscando un capital privado que difícilmente podrán
encontrar. Unos días después, el Gobierno ha rectificado al acortar los
plazos en seis meses, lo que supone admitir veladamente las críticas de
los mercados. «El 30 de septiembre es la fecha tope, pero el dinero
público estará a disposición de las entidades que lo soliciten desde
marzo, una vez que presenten las cuentas de 2010 cerradas», admiten
fuentes cercanas a la operación.
La última fecha para presentar los balances de 2010 es el 28 de
febrero, así que puede que en un par de meses se vean las primeras
nacionalizaciones, algo inimaginable hace solo un mes. El ofrecimiento,
que se reflejará en el real decreto que se publicará en febrero, es
voluntario, por lo que las entidades que quieran tomarse su tiempo para
buscar soluciones hasta septiembre podrán hacerlo.
El objetivo de este adelanto radical es evitar que las entidades más débiles sigan desangrándose y perdiendo valor con el paso del tiempo. Incluso
se podría evitar el daño reputacional y la pérdida de fidelidad de los
clientes en una situación delicada como esta. «Nadie cuelga un cartel
que diga: vendo casa, tengo ocho meses de plazo. Los compradores
llegarán al final y ofrecerán la mitad», explica gráficamente un
financiero. Directivos de cajas consultados consideran que la captación
de dinero privado será muy difícil, por las dudas que existen sobre los
activos inmobiliarios dañados que siguen en los balances. Hasta ahora,
el acercamiento de las cajas a los fondos de capital privado ha sido
decepcionante. Estos inversores han valorado los activos a 0,5 veces su
valor contable. Con estos cálculos, los fondos se quedarían con el
control de la caja, algo que no admiten los gestores.
El cambio es
«una rectificación para evitar el mayor error de Economía», dice el
presidente de una caja que pide el anonimato. Buena parte del sector,
así como el PP, y Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, durante el
último Consejo de Administración, han criticado las medidas por
improvisadas e imprecisas, ya que aún faltan por conocerse aspectos
fundamentales del plan.
José Carlos Díez, economista jefe de
Intermoney, está convencido de que «el proceso se va a acelerar. Tras el
cierre del ejercicio, las entidades tendrán la vista puesta en las
pruebas de resistencia de la Unión Europea de antes del verano. Los que
calculen que no las van a pasar, deberán pedir ayuda cuanto antes».
La
vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, calculó en 20.000 millones
el dinero que el Estado tendría que gastar para elevar la solvencia de
las cajas. Esta cifra ha sido considerada escasa por el mercado, pero
responde a los datos actuales del Banco de España. El Gobierno ha
admitido que, si hiciera falta más capital, no habría problemas porque
el límite del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es de 99.000 millones.
La
suerte del sector está echada. La profundidad de los cambios se deben
al convencimiento del Ejecutivo de que las cajas son el tapón que puede
desatascar el problema de la prima de riesgo, el encarecimiento de la
deuda pública, el corte del crédito y la mala imagen de la economía
española en Europa, que acerca la posibilidad del rescate. Además,
considera que las cajas no son conscientes de la gravedad de la
situación y la prueba es que han colocado un buen número de ex políticos
en los consejos de algunos bancos recién creados, como el de Caja
Madrid y Bancaja.
Durante la presentación del plan, Salgado advirtió que se nacionalizarían las cajas que no alcancen un nivel mínimo de core capital (el de máxima calidad, capaz de absorber pérdidas) de entre el 8% y el
10% de los activos ponderados por riesgo. En Europa se pide alrededor
del 6%. Esta diferencia se considera un agravio comparativo que
dificultará la competencia entre cajas y bancos y entre españoles y el
resto de europeos.
La vicepresidenta y ministra de Economía dijo
que el máximo nivel de capital se pedirá a las que no tengan socios
privados o que no coticen en Bolsa o que hayan pedido prestado a los
mercados más del 20% de su activo. Para recibir la ayuda las cajas deben
contar con una filial bancaria que aglutine todo el negocio financiero,
aunque mantengan la forma jurídica de caja, como ha hecho La Caixa.
Crear un banco no es un proceso rápido, lo que podría retrasar la
recapitalización de algunas cajas. El Estado pondrá el dinero en
acciones y tendrá puestos en los Consejos de Administración. Es decir,
serían nacionalizadas de manera parcial y temporal. De las 17 cajas que
quedan, nueve ya tienen bancos o han anunciado crearlos.
Entre las que están en posiciones más débiles de capital, destaca la mayor caja de España, la fusión fría liderada por Caja Madrid y Bancaja (6,8% de capital), así como las
cuatro fusiones de cajas regionales (CatalunyaCaixa (6,7%), Unnim
(6,4%), NovaCaixaGalicia (no disponible) y Caja Duero-Caja España
(7,1%). Pero también Bankinter y el Banco de Valencia (filial de
Bancaja) se encuentran por debajo de ese listón, según los últimos
datos.
Los bancos (y algunas cajas) miran con lupa a las entidades
más débiles para comprarlas. Sin embargo, los ejecutivos coinciden en
que cualquier adquisición sin ayudas públicas supondría hundir la ratio
de capital y, por tanto, buscarse problemas. Josep Oliu, presidente del
Sabadell, lo dijo claramente el jueves: el banco esperará a que las
entidades acudan al FROB antes de pensar en una operación. Fuentes del
mercado apuntan al interés del Sabadell por CatalunyaCaixa. La caja
admite que no podrá alcanzar el nivel mínimo por sí sola y que tendrá un
banco. Unnim también ha iniciado los trámites para crear un banco.
Además ha habido conversaciones entre Unicaja (13,1% de capital) e
Ibercaja (9,4%), una operación que podría complementarse con una fusión
regional con dificultades.
La banca cree que el plan del Gobierno
puede ser lento y propone un sistema más ágil basado en ayudas públicas
para cubrir la morosidad de la entidad evitando la nacionalización.
Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero de KPMG y ex
secretario general de la Asociación Española de Banca, cree que la forma
más adecuada sería la de «un esquema de protección de activos u otra de
garantía pública». Después de 150 años de historia, se ha iniciado una
nueva era en el sector.
ÍÑIGO DE BARRÓN – Madrid