«Hay un riesgo de nacionalización de las Cajas de Ahorros que ni
podemos ni vamos a caer en la tentación de sustituir por una
regionalización, no hay recursos suficientes», así de claro se expresó
el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con
respecto a la pregunta realizada en el primer pleno del año por Joaquín
Otero, portavoz del Grupo Mixto, acerca la posición que mantiene la
Junta frente a la nueva regulación de las Cajas.
«Hay un riesgo de nacionalización de las Cajas de Ahorros que ni
podemos ni vamos a caer en la tentación de sustituir por una
regionalización, no hay recursos suficientes», así de claro se expresó
el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con
respecto a la pregunta realizada en el primer pleno del año por Joaquín
Otero, portavoz del Grupo Mixto, acerca la posición que mantiene la
Junta frente a la nueva regulación de las Cajas.
Herrera
manifestó que en su opinión «parece que hay una tendencia a constituir
bancos como gestión del negocio», incluso en aquellas Cajas que
cumplieran el ratio de capital básico exigido en la nueva normativa del
Gobierno Nacional, «ya que al parecer el sistema de cajas está visto
como algo raro» a nivel internacional. Asegura que aquellas que no
cumplan los ratios de solvencia «automáticamente se convertirán en
bancos».
Sin embargo apuntó que el hecho de que las cajas se
conviertan en bancos «no significa su desaparición y desnaturalización»
ya que la normativa actual permite que las cajas sigan teniendo esta
naturaleza. «Sería suicida que las cajas de Castilla y León se
capitalicen de acuerdo a los requerimientos de la nueva normativa» y
animó a que «entre todos» intenten mantener la naturaleza de las
entidades de la Comunidad, «especialmente de la fusionada».
Idea
que compartió con Joaquín Otero, quien a su vez instó a la Junta a que
«la caja siga siendo Caja y que sea de Castilla y León». Al igual que
Herrera, Otero defendió la naturaleza jurídica de las entidades por su
obra social, a la que el pasado año entre ambas Cajas se aportaron
«entre 40 y 50 millones», la implantación en casi el 90 por ciento del
territorio «no así los bancos que no llegan a las pequeñas poblaciones»
aseguró el líder del Grupo Mixto, y el amparo a los clientes que cuentan
con pequeños recursos o una mayor flexibilidad tanto para las pequeñas y
medianas empresas creadas como para los nuevo emprendedores. Otero
planteó a la Junta la posibilidad de «hacer un frente común» con
Comunidades como Galicia «de manera que el core capital se rebaje al 7
por ciento».
También pidió al Gobierno Autonómico que «adquiera
cuotas participativas o que influya para que las grandes empresas o
fortunas de Castilla y León se impliquen en la nueva Caja fusionada» de
manera que se pueda llegar a la capitalización exigida. «Está en juego
el músculo financiero de la Comunidad», y apuntó que es necesario hacer
lo posible para que no se constituye en banco o en SIP, que no se
nacionalice y que no se vendan cuotas participativas a Fondos
Internacionales de Capital Riesgo.
Debate abierto. En la respuesta al planteamiento expuesto por el portavoz del Grupo
Mixto, Herrera confirmó que actualmente hay un debate abierto acerca
del porcentaje del core capital, de si los recursos de máxima calidad de
las propias entidades deben exigirse en un determinado nivel, si debe
ser el mismo para las cajas que para los bancos, y de ser así qué razón
hay para que sea mayor para las cajas. «Aún no está claro si las ayudas
del FROB van a poder computarlas o no como un elemento a calcular en
esos ratios de solvencia».
En último lugar, Herrera aseguró que
mal se puede valorar una normativa que aún no conocen, salvo ciertos
aspectos a los que han tenido acceso por la información que les han
facilitado desde las entidades financieras, «parece ser que el
Ministerio sí está trabajando con el sector». «A las Comunidades
Autónomas ni se nos ha consultado ni se nos ha informado de la nueva
regulación, no conocemos nada por parte del Gobierno», añadió a pesar de
que el próximo viernes se aprobará la normativa previsiblemente por el
Consejo de Ministros.
Saray Maestro corresponsal Valladolid