Llevaba razón el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, cuando denunciaba esta semana una campaña de desprestigio contras las cajas de ahorros que no tiene precedentes
Se ha urgido, por tanto, a las cajas para hacer la vida más fácil a los dos grandes bancos, especialmente al de Botín, que se enfrenta este año y el próximo a vencimientos que superan los 63.000 millones de euros.
En realidad, la transformación de la que serán objeto implica ya una
liquidación del modelo que conocemos actualmente, que con todas sus
deficiencias y servidumbres, ha funcionado
bien en su más de 150 años de historia.
Llevaba razón el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta,
cuando denunciaba esta semana una campaña de desprestigio contras las
cajas de ahorros que no tiene precedentes. No hay político, gurú o
aficionado a los toros que, preguntado por los agujeros negros de la
economía española, no apunte hacia las cajas, como si fueran ellas las
únicas responsables del estrangulamiento del crédito que venimos
sufriendo en los últimos tres años. De los evidentes problemas de
solvencia de algunas de las entidades, se pasó rápidamente a la
descalificación global de las instituciones, ya fuera por su
politización, su exposición al ladrillo -como si los bancos se hubieran
dedicado a la jardinería- o por su inapropiado tamaño para afrontar la
crisis financiera.
Más que la campaña, lo que sorprende es la
fortaleza que todavía conserva el sector. A juzgar por los datos que
aportó el propio Olavarrieta, esas cajas que, como algunos vociferan,
nos están llevando a la ruina por el mero hecho de existir conservaban a
finales de 2010 cerca del 52% de la cuota de mercado del sistema
financiero y sus depositantes seguían sin huir pese a las reiteradas
invitaciones para que lo hicieran. “¿En qué entidad financiera o país,
con una décima parte de lo que ha aparecido en los medios habría ese
saldo?”, se preguntaba el ejecutivo de la CECA.
Al descrédito han
contribuido últimamente las estimaciones de diferentes bancos de
negocios sobre las necesidades de financiación del sistema, que en el
mejor de los casos situaban el montante en torno a los 60.000 millones
de euros, una cifra disparatada si los datos que maneja el Banco de
España son ciertos. Bancos y cajas tienen comprometido más de un billón
de euros en el sector inmobiliario, pero de esta cantidad habría que
descontar los más de 600.000 millones de créditos hipotecarios, cuyo
riesgo es mucho menor ya que el préstamo de la vivienda es lo último que
una familia deja de pagar. La morosidad en estos créditos no pasa del
2,5%, nada que ver con el 5,8% para el conjunto de las operaciones que
alcanzó en diciembre.
El problema está en los 440.000 millones de
euros concedidos a promotores y constructores. De ellos, 180.000
millones se han calificado como activos de riesgo. Sobre ellos, se
habían realizado provisiones por un tercio a julio de 2010 (60.000
millones) a las que habría que sumar las realizadas con cargo a reservas
(26.000 millones) y contra resultados (10.000 millones). En definitiva,
se han provisionado ya en torno a 100.000 millones, algo más del 55%
del total. Elevar este ratio hasta los dos tercios (algo valdrán los
solares y los edificios), representaría algo menos de 20.000 millones,
que es la cifra que maneja el Gobierno, bastante modesta en relación a
la alarma generada.
Por ello, resulta un tanto de locos el proceso
vertiginoso al que se ha sometido a las cajas, que ha desembocado el
decreto que este viernes aprobaba el Consejo de Ministros con nuevas
exigencias sobre las inicialmente impuestas cuando se inició el proceso
de restructuración, entre ellas la de disponer de un capital básico del
10%, o del 8% si se convierten en bancos. Tras las intensas
negociaciones mantenidas en los últimos días, el sector ha conseguido al
menos retrasar hasta 2012 la exigencia de salir a los mercados, aunque
en septiembre hayan debido completar los trámites necesarios para
asegurar su recapitalización privada o disponerse a recibir fondos
públicos.
«De
lo que parecía ser un camino acordado por el Gobierno y el PP, los
populares no han tardado en apartarse al comprobar que las entidades con
más probabilidades de ser intervenidas son las implantadas en los
territorios que gobiernan»
De lo que parecía ser un camino acordado por el Gobierno y el PP, los populares no han tardado en apartarse al comprobar que las entidades con más
probabilidades de ser intervenidas son las implantadas en los
territorios que gobiernan. No será el caso del SIP de Cajamadrid y
Bancaja -el Banco Financiero y de Ahorros-, aunque sus problemas
financieros no son pequeños. Para confirmarlo, basta con tomar como
referencia a la Caixa, que ha valorado CaixaBank en el 80% de sus fondos
propios. La entidad de Rato cuenta con 8.600 millones de fondos propios
y, según se presume, precisaría de 3.000 millones para cubrir el
porcentaje exigido de capital básico. Ello obligaría a sus gestores a
poner en el mercado más del 45% del nuevo banco, salvo que comience a
vender las joyas de la corona, como ha anunciado que hará Bancaja con su
5% de Enagás.
Las exigencias de Santander y BBVA
En
las prisas y el cambio de las reglas del juego para acelerar la
recapitalización de las cajas han sido determinantes las exigencias del
Santander y del BBVA, que vieron en enero como debían de pagar hasta
2,25 puntos sobre el nivel de referencia en sus operaciones de deuda
cuando otros bancos europeos consiguieron lo mismo con un sobreprecio
inferior al medio punto. Se ha urgido, por tanto, a las cajas para hacer
la vida más fácil a los dos grandes bancos, especialmente al de Botín, que se enfrenta este año y el próximo a vencimientos que superan los 63.000 millones de euros.
Como
las cosas se han hecho rematadamente mal, es muy posible que ni
siquiera la recapitalización obtenga los resultados esperados porque de
nada sirve inyectar fondos si persisten las dudas sobre el saneamiento. Y
de ello habría que responsabilizar al oscurantismo de las entidades y a
una creatividad contable consentida por el Banco de España y
certificada por unos auditores que se califican por sí mismos. Que a
estas alturas todas y cada una de ellas estén en beneficios es un
milagro, y hay gente que no cree en la gracia divina.
La alocada
carrera de las cajas para convertirse en bancos y captar financiación
del mercado ya ha comenzado. Banca Cívica (CajaSol, Caja Navarra, Caja
de Burgos y Caja Canarias) y el citado Banco Financiero y de Ahorros se
preparan para seguir los pasos de La Caixa. La idea extendida es que no
hay dinero para tanta gente y que sólo las primeras que lleguen a la
ventanilla de la Bolsa obtendrán los recursos suficientes para evitar
una nacionalización que hubiera tenido sentido al principio de la crisis
para conformar una banca pública que facilitara crédito, pero que ahora
sería la antesala a su liquidación.
En realidad, la
transformación de la que serán objeto implica ya una liquidación del
modelo que conocemos actualmente, que con todas sus deficiencias y
servidumbres, especialmente las políticas, ha funcionado bien en su más
de 150 años de historia. Es inimaginable que nada vuelva a ser lo mismo,
sobre todo en lo tocante a la obra social, cuando las cajas sean
penetradas por fondos de inversión o bancos, tanto extranjeros como
nacionales, que deben de estar frotándose las manos ante la eliminación
de su principal competencia. Se impone para ellas un sentido réquiem.