El presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto,
señaló ayer a ABC que el futuro de la entidad se encuentra «en un
escenario absolutamente convincente y abierto» que pasa a día de hoy por
«un proceso de exploración para ver cuál es es el interés de la Caja y
cuáles son los intereses de los que nos podemos emparejar». Sin citar ni
descartar ninguna de las posibles «novias», reiteró que se estudian
opciones «muy competitivas y respetadas por las partes».
El presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto,
señaló ayer a ABC que el futuro de la entidad se encuentra «en un
escenario absolutamente convincente y abierto» que pasa a día de hoy por
«un proceso de exploración para ver cuál es es el interés de la Caja y
cuáles son los intereses de los que nos podemos emparejar». Sin citar ni
descartar ninguna de las posibles «novias», reiteró que se estudian
opciones «muy competitivas y respetadas por las partes».
En opinión de Del Canto, en este momento «no hay ninguna
mejor colocada que otra, ni tampoco ninguna peor». Tras esta sentencia,
se limitó a señalar que «cuando tengamos, el director general —Lucas
Hernández— y yo, alguna o varias propuestas de interés lo elevaremos al
órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración, y ellos, bajo
nuestra información, tomarán la decisión oportuna».
Sobre las dificultades que ha supuesto para España-Duero el
nuevo cambio de regulación del Gobierno, el presidente no quiso
polemizar más y confió en «estar a la altura de las circunstancias
porque somos enormemente disciplinados».
Mientras, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
asumió ayer que «con bastante probabilidad» la entidad surgida de la
fusión de Caja Duero y Caja España derivará en la creación de un banco,
aunque está convencido de que seguirá contribuyendo al desarrollo de la
Comunidad, informa Efe. Herrera remarcó que a pesar de vivir un momento
de «reforma sobre reforma» en el sistema financiero español, los
directivos de Duero-España están «trabajando bien dentro de las
dificultades». El presidente confió además en que se encontrará «el
camino» para resolver la situación actual y, para ello, ensalzó el
acuerdo político forjado con el PSOE durante los últimos años.
Críticas de Herrera
Más crítico se
mostró con la opción tomada por el resto de cajas de la Comunidad, que
se unieron a otras alianzas con entidades externas, en referencia a Caja
de Burgos —en Banca Cívica—, Caja Segovia y Caja Ávila —en el SIP
liderado por Caja Madrid y Bancaja— y Cajacírculo —en el SIP con Caja
Inmaculada y Caja Badajoz—. Juan Vicente Herrera defendió que las cajas
de Castilla y León fusionada son hoy «más fuertes» en la búsqueda de
alianzas con otras entidades para su salida al exterior y para servir
«mejor» a los intereses de las empresas y de las familias de la
Comunidad.
En este sentido, manifestó que la caja fusionada es hoy más
fuerte en sus posibles alianzas mientras que de las que han ido de una
manera «individual y más rápida y se han entregado a alianzas con otras
más fuertes, no se puede decir lo mismo».
Por otro lado, el secretario regional de Comisiones
Obreras, Ángel Hernández, señaló ayer que no comparte el modelo de
bancarización propuesto por el Gobierno central y advirtió al respecto
que «a este paso» Castilla y León corre peligro de «quedarse sin una
caja regional», que era el objetivo del acuerdo suscrito en 2008 entre
Junta y agentes sociales y económicos, «y tampoco un banco». «Ninguna de
las dos cosas», dijo.
Por último, el secretario general de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, aseguró que «la única opción posible» para el sistema
financiero de Castilla y León tenga futuro es que la entidad nacida de
la fusión entre Caja España y Caja Duero «explore las posibilidades de
llegar a acuerdos con otras cajas, a ser posible de otros territorios»
para que den solvencia al proyecto y permitan cumplir los requisitos
establecidos por el Gobierno central.
Prieto recordó que el mismo planteó recientemente que el
próximo Consejo de Administración de Caja España-Caja Duero apruebe la
eliminación de las dietas que se abonan a sus miembros y a los
representantes en las distintas comisiones ante la grave situación
económica.