Expansión. Las cajas
de ahorros están en la picota. Zapatero, Salgado, Ordóñez, Campa, las han hecho
objeto de pública vergüenza, exigiéndoles a todas mayores niveles de
capitalización porque son poco fiables en los mercados. Los banqueros han
animado la fiesta exigiendo su urgente transformación y venta.
Es como si unos y otros hubieran dicho:
¡ A por ellas!.
Las
cajas fueron, años pasados, un éxito nacional, pero hoy son para algunos la
causa de todos nuestros males: del diferencial de nuestra deuda soberana, del
coste de financiación de los bancos, de la restricción del crédito a familias y
empresas, del paro reinante y de unas cuantas cosas más. El objetivo del
Gobierno, confesado en privado, es que desaparezcan cuanto antes. Las han
sometido para ello a un brutal y rápido proceso de reestructuración (léase,
privatización o bancarización) que en Italia duró diez años y en España se ha
querido hacer en 12 meses.
Pocas
voces –sólo algunos columnistas como Antón Costas, Jesús Cacho, Salvador Cardús
o García Abad– han hablado a su favor. Las propias cajas se han mostrado quizás
demasiado cautelosas en la defensa de su centenaria institución.
La
incertidumbre, la contradicción de los mensajes y la pérdida de credibilidad
con que se ha desarrollado el proceso en estos últimos meses ha sido grande. En
ocasiones, la CECA
ha comparecido afirmando que las cajas eran equiparables a los bancos en todo: en
créditos y depósitos, en morosidad, en inversiones inmobiliarias y en préstamos
a las Administraciones Públicas. Pero la impresión que se tenía es que esto no
era real; en paralelo, el Ministerio/Banco de España sembraba dudas sobre la situación
del sector.
Ciertamente,
estábamos ante un escenario volátil y cambiante, en el que el regulador iba perdiendo
el aliento, a remolque de los acontecimientos. Nadie sabía si mañana el
Gobierno saldría con un nuevo Decreto-Ley o si el Banco de España impondría
nuevas exigencias de provisiones; no se sabía cuál era la valoración real de
sus activos (no hay precio de mercado, porque para muchos de ellos no hay mercado),
ni cómo se iban a concretar finalmente las exigencias de capital. Esta falta de
claridad regulatoria asusta a los inversores y, por ello, al final, ha habido que
salir con un Decreto-Ley como el 2/2011, que es una verdadera revolución y
quiere ser un alarde de solvencia.
Teoría
y práctica
En
teoría, la reforma de 2010 permitía que entidades bien capitalizadas y bien
gestionadas, con respaldo social, pudieran seguir siendo cajas, como hasta
ahora. Pero en la práctica ello va a ser difícil por las cargas que las
entidades no convertidas en bancos pueden sufrir: se les impone exigencias
especiales de capital, se pide a las auditoras que extremen el rigor en sus
valoraciones, se les exige un aumento continuo de provisiones y se condicionan
las ayudas públicas a que se conviertan en bancos. Incluso se amenaza, a las
que no necesiten ayuda del Frob y no se conviertan en bancos, con limitar el
desarrollo de su actividad comercial fuera del territorio de la comunidad
autónoma donde tenga su domicilio social. Esto último no se ha llegado a
formalizar, pero se ha pensado, aunque probablemente sería inconstitucional.
La
manera de huir del trato discriminatorio previsto en el Decreto-Ley es
convertirse en bancos quedándose ellas mismas como entidad matriz o como simples
fundaciones benéficas. Ésta es una de las claves: la subsistencia de la caja
como entidad matriz del grupo, porque mantiene la mayoría del capital de la
entidad bancaria; o, por el contrario, la conversión en fundación especial que participa
como accionista –minoritario– en el capital del banco.
En
el primer caso, la caja manda en el banco; en el segundo, el banco, integrado
por nuevos socios, manda en la fundación. Lo probable es que todas, antes o
después, se conviertan en bancos; sólo tres, salvo error mío, han anunciado por
ahora su intención de mantenerse como cajas, sin banco. Pero con ello no todo está
resuelto, si no queremos que la reforma sea puro nominalismo: cambio del nombre
de caja por banco.
Lo
imprescindible será cambiar a sus administradores, licenciando a muchos de los actuales
e incorporando a la dirección y gestión del banco profesionales de alta cualificación;
habrá que limpiar sus órganos de gobierno sacando de ellos a los políticos
autonómicos y sus amigos.
Mientras
no se consiga ofrecer la imagen de un equipo de gobierno profesional y capaz, será
inútil sacar a bolsa estas entidades, llámense Bankia, MareNostrum o BancaCívica.
Porque
hay que preguntarse: ¿quién acudirá a suscribir acciones de esos bancos si sus consejeros
y directivos coinciden con los de la caja matriz? No va a ser fácil encontrar
inversores institucionales, por dos razones: por la incertidumbre, que
subsiste, acerca del buen gobierno de esas entidades y por la difícil valoración
de sus activos.
Bancos
o fondos de inversión estarían seguramente dispuestos a comprar paquetes de
control a precio razonable, siempre que con ello puedan asumir la dirección y
sustituir a los administradores, Para lo que tendrán que llegar a acuerdos con
el grupo de control actual de las cajas.
Todos
querrían ampliar su cuota de mercado comprando total o parcialmente redes de
oficinas con sus clientes dentro. Los bancos piensan, con razón, que la mejor
forma de convertir una caja en banco es que un banco entre en ella (como accionista)
y se haga cargo de su gobierno ( como gestor); es decir, las absorba con una ampliación
de capital y asuma su gestión. Así lo han proclamado algunos banqueros, que
están dispuestos a hacerse cargo de instituciones que lo merezcan.
Otra
posibilidad es ofrecer la inversión, fuera de cotización, a hedgefunds, grupoide
private equity o fondos soberanos árabes o asiáticos. Pero todos piden
garantías públicas frente a pérdidas excesivas en las compras (pérdidas
latentes de los vendedores).
Piden
que el Frob se aplique a esto, en vez de comprar cajas para venderlas después. Va
a ser difícil valorar las cajas. Con balances
inciertos, con activos dudosos, no va a ser fácil que acudan inversores, salvo
con un descuento descomunal. La alternativa está en nacionalizarlas primero con
cargo a fondos públicos (mediante inyección de capital público), sanearlas en
lo necesario (que es lo que se ha hecho siempre en las crisis bancarias) y venderlas
después al mejor precio que se pueda. En todo caso, la entrada de capital público
supondrá siempre la sustitución de administradores y las entidades necesitarán demostrar
su capacidad de gestión para pasado un tiempo, resultar atractivas.
Vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil