El
agujero por la burbuja inmobiliaria ronda los 180.000 millones de euros. El
Ejecutivo del PP aprobó este viernes un paquete de medidas de saneamiento del
sistema financiero que incluye ayudas públicas a un interés del 10%.
| Actualizado
11 Mayo 2012 – 20:57 h.
El ministerio de Economía encargará a dos expertos
independientes la valoración de toda la cartera de activos de la banca española
Se trata de la cuarta reforma financiera desde
que comenzó la crisis y la segunda del Gobierno de Mariano Rajoy y cuya aprobación
se ha acelerado esta semana tras conocerse la situación de Bankia.
El Ejecutivo obliga a las entidades
financieras a traspasar sus activos inmobiliarios “tóxicos” antes de que acabe
2012 y a provisionarse con 30.000 millones de euros para los sanos, es
decir, casi la mitad (un 45%) de los préstamos realizados al sector promotor y
constructor. Estas provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios
considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios
de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera
de créditos morosos o problemáticos.
Así lo anunciaron la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el
Consejo de Ministros de este viernes que aprobó un real decreto connuevas medidas de saneamiento para la banca.
A finales de 2011, las entidades financieras
contaban con una cartera total a la promoción inmobiliaria de 310.000
millones de euros, de los que 184.000 millones están considerados problemáticos. El
resto, unos 123.000 millones, son considerados créditos «sanos», pero
aun así el Gobierno cree necesario aumentar su saneamiento, que hasta ahora
suponían el % de su importe, para disipar todas las «dudas sobre la
rentabilidad y la solvencia de las instituciones bancarias», dijo el
ministro.
El Ejecutivo ha preferido utilizar el eufemismo
“sociedades independientes” al término de ‘banco malo”. Pero es esta
precisamente la figura que se instrumentará para recoger los activos
vinculados al ladrillo. El Gobierno considera deseable que entraran
inversores privados en estas sociedades.
De Guindos recalcó que estas medidas responden a
la voluntad de «transparencia absoluta» del Gobierno, porque no puede
existir la más mínima duda sobre las valoraciones de los activos en manos de la
banca. «Si no, la recuperación económica será difícil», advirtió.
La nueva reforma financiera no incluye
ayudas a fondo perdido a las entidades que lo necesiten, pero sí
apoyos con un tipo cercano al 10% anual. No obstante, las ayudas no
superarán los 15.000 millones, ha precisado el titular de Economía.
Por ello, el Real Decreto Ley aprobado contempla
que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a
través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de
títulos convertibles, aunque «prioritariamente» se optará por esta
segunda.
Se trata de la emisión de bonos
contingentes convertibles, denominados ‘cocos’ en el argot financiero,
una especie de prestamos que las entidades deberán devolver en cinco años y por
el que tendrán que pagar un interés del 10%.
«Este tipo de inyección de fondos no supone
la concesión de ayudas públicas», dijo el ministro, quien insistió en que
no costará dinero a los contribuyentes, por que no habrá ayudas publicas, sino
una «disponibilidad de recursos» por el que se pagará un tipo de
interés alto, «el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos
plazos». El ministro avanzó que el dinero que habrá que inyectar en
las entidades «será inferior a lo que inyectó el anterior Gobierno en la
primera ronda del FROB», que sumaron 15.000 millones de euros.
Los bancos cuentan con un mes, hasta el próximo
11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos
saneamientos.
Sáenz de Santamaría aseguró que el
Gobierno está determinado a «tomar las medidas necesarias» para
restaurar la «credibilidad y la confianza» en el sistema financiero.La vicepresidenta explicó que la nueva reforma, al obligar a la banca a
aumentar sus saneamientos, permitirá «recuperar» la concesión fluida
de créditos y facilitar «la venta de viviendas a precios razonables».
El Gobierno ha decidido también, para dar una
imagen de mayor transparencia hacia los mercados, encargar a dos tasadores
independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su
balance la banca española.