BMN, la unión de la cajas de Murcia, Penedés, Sa Nostra y Granada,
busca una fusión acelerada para cumplir con las dos reformas
financieras impulsadas por el ministro Luis de Guindos. La incógnita
sobre la celebración de la subasta de Banco de Valencia y la
integración reciente de Liberbank e Ibercaja han dejado en el aire el
futuro del grupo liderado por Caja Murcia.
Ante estos
imprevistos, el presidente de BMN, Carlos Egea, se ha acercado a
distintas entidades para ofrecer su grupo y poder alcanzar una operación
corporativa. Entre ellas, según fuentes conocedoras, se encuentran
el Popular, Unicaja y La Caixa. No obstante, éstas se muestran
reticentes a iniciar conversaciones formales para poder alcanzar un
acuerdo.
El Popular se encuentra inmerso en la absorción del Pastor y cuenta
con dos años para cumplir con las nuevas provisiones. Lo mismo le ocurre
a La Caixa, que está en plena compra de Banca Cívica. Y Unicaja, que
todavía está integrando España-Duero, pretende continuar su proyecto sin
llevar a cabo otra operación de este tipo.
Las ventajas de un cotizado
A
BMN, según las mismas fuentes, le interesa que su eventual socio sea
cotizado, de ahí que esté analizando un oferta por Banco de Valencia por
si finalmente se celebra. Por ello, su principal candidato sería el
Popular.
El argumento no es otro que el grupo resultante podría anotarse
contra recursos propios un ajuste inicial de unos 1.800 millones para
cubrir las necesidades de las reformas. Esta cifra es la diferencia
entre el valor en libros de BMN, de 2.600 millones, y el valor que se
podría fijar en el grupo resultante, de unos 800 millones, teniendo en
cuenta los descuentos con los que cotiza el sector en el mercado, con
unos múltiplos de 0,3 veces.
BMN tiene poco margen de actuación, ya que el próximo lunes tendrá
que presentar un plan de viabilidad en el que detalle la hoja de ruta
para cubrir sus necesidades de 1.189 millones netos de impuestos.
Por el primer decreto la entidad cuantificó las provisiones extra en 256
millones, además de un búffer de capital de 293 millones. Por la
segunda normativa, aprobada en mayo, tiene que hacer frente a otros 640
millones.
En una aclaración a la CNMV, BMN admitía que una de las alternativas,
«en última instancia», era la emisión de bonos convertibles
contingentes, que podrían ser adquiridos por el Estado. Por estos
títulos, que computan como capital, tendría que abonar unos intereses
anuales del 10 por ciento, lo que reduciría sus ingresos.
El aplazamiento de la subasta a julio de Banco de Valencia le impide
contemplarlo como medida para el proyecto. Con esta absorción ganaría
dos años de plazo para cumplir con los decretos.
El Gobierno ha decidido retrasar la adjudicación, y en el sector
no ven claro que pueda celebrarse, como la de CatalunyaCaixa y
Novagalicia. La falta de recursos del fondo de garantía y las
elevadas ayudas que tendría que concederse en estas adjudicaciones han
complicados estos proceso de venta. Aún así, el ministro Luis de Guindos
indicó que la situación de Banco Valencia, por su menor tamaño, es
diferente al del grupo catalán, por lo que no se descarta que finalmente
se subaste.