CCOO exige rapidez y precisión para reestructurar el sector financiero de forma eficiente, transparente y justa, y que conlleve la determinación de las responsabilidades que corresponden en cada caso.
Un modelo de
negocio en el que los gestores han asumido riesgos excesivos e incurrido en
prácticas nocivas, unido a una inadecuada supervisión y regulación de los
mercados financieros está en la base de la crisis financiera actual.
La escasez de
crédito es un obstáculo determinante para reactivar la economía y el consumo.
En España el crédito comercial a las empresas desde 2008 se ha reducido a la
mitad, contribuyendo a destruir miles de empresas y puestos de trabajo.
En España la
intervención ha sido tibia e inadecuada hasta 2012 (cuatro reformas que se han
demostrado ineficaces hasta ahora). Finalmente el rescate y recapitalización
del sector financiero, con cuatro años de retraso, hace la solución más costosa
para afrontar las consecuencias del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria.
El sector
financiero español se ha sobredimensionado en la última década, lo ha hecho a
crédito, agravando la dependencia de financiación externa (el saldo vivo de
cédulas hipotecarias es de más de 730.000 millones de euros, el doble de la
existente en 2003). La gran concentración de préstamos hipotecarios y la
obligada refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la
crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y puestos de
trabajo, entre otras razones, por la desaparición del crédito al circulante de
las empresas más pequeñas.
La necesaria
aportación de recursos públicos, ante la insuficiente aportación privada, para
capitalizar estas entidades, consume grandes cantidades de dinero público, de
forma similar a como lo han hecho otros países, si bien antes que España,
especialmente EEUU y Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,…), y
probablemente algunos de ellos tendrán que volver a hacerlo dado el impacto que
en sus bancos aún mantienen activos tóxicos como los que activaron la crisis
financiera internacional. Esta realidad hace necesaria la contribución de la Unión Europea en un
marco de reestructuración del sector financiero europeo, no sólo español.
La
intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios sustanciales en
él. Han desaparecido, de hecho, la casi totalidad de cajas de ahorros, que se
han concentrado y transformado en bancos. A ello se une la nacionalización de
un conjunto de entidades cuyo proceso de concentración se ha tornado inviable
en la situación actual. Se configura así una titularidad pública (Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria), de dimensión muy relevante tras la
nacionalización de Bankia (a través del Banco Financiero y de Ahorros). El
coste de la nacionalización es mayor al asumir el saneamiento de estas
entidades.
La utilización
de cifras millonarias para sanear al sector financiero, en un marco de ajuste
presupuestario que afecta a servicios básicos y estratégicos, no se acompaña de
la necesaria transparencia ni de una adecuada exigencia de responsabilidades a
los gestores, supervisores, auditores, y, en su caso, administradores. Tampoco
se visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los cuales los
fondos públicos destinados a este fin van a ser restituidos.
El modelo de
cajas de ahorros, herramienta esencial de inclusión financiera para amplias
capas de la población y territorios que despertaban menor interés en los bancos
tradicionales, ha sido en su mayor parte destruido en esta crisis. La
incapacidad en la gestión en unos casos, la miopía de gobiernos autonómicos y
sectores económicos, que impidió actuar a tiempo y con criterio adecuado en los
procesos de concentración y reestructuración societaria, y, sin duda, la
presión para acabar con ese modelo societario por parte de instituciones
internacionales, así como la falta de voluntad política de los gobiernos por
preservar las cajas, con el apoyo tácito del Banco de España, han resultado
obstáculos insalvables en la mayoría de los casos, dando satisfacción a
demandas interesadas del resto del sector financiero que contempla como se
eliminan y pueden absorber competidores.
Un resultado
perverso de todo lo anterior es la reducción, en algunos casos desaparición, dela Obra Socialde las Cajas de Ahorros que llegó a superar los 2.000 millones de Euros
anuales, con el consiguiente deterioro de actividad asistencial y cultural que
no está siendo reemplazada por actuaciones públicas, más aún en el entorno
actual de recortes y ajustes presupuestarios.
En ese marco, es preciso promover una reforma eficaz y
justa del sistema financiero, que refuerce el control y supervisión
público, que se establezcan sistemas de
regulación más eficaces, así como se pongan en marcha medidas fiscales con los
que las entidades financieras restablezcan los recursos públicos aportados a la
reestructuración e incentiven un modelo de negocio socialmente responsable y
sostenible. Asimismo es preciso establecer las responsabilidades
correspondientes por lo ocurrido.
Reactivar el
crédito es básico, pese al reto de reducción de deuda, especialmente privada,
que tiene la sociedad española. Es necesario poder financiar proyectos
empresariales viables. Exigir más provisiones al sector es insuficiente,
retiene recursos, minorando la oferta de crédito solvente, y se torna
contraproducente para la rentabilidad y valoración de los mercados lo que
contribuye a una mayor exposición y vulnerabilidad frente a operaciones hostiles.
Recapitalizar
con dinero público las entidades financieras que lo precisen es inevitable y
condición necesaria, no suficiente, para mejorar el crédito en la economía
española y la cuota de mercado de las empresas. Normalizar el crédito ayuda a
controlar precios de bienes y servicios.
El empleo en el sector financiero es una prioridad para CCOO. La
necesaria reestructuración del sector y las condiciones que se van a exigir
como contrapartidas a la financiación europea del rescate bancario, deben realizarse
con el mayor respeto al empleo y empleabilidad de las plantillas afectadas. Por
ello exigimos la puesta en marcha de un “Contrato Social” que garantice la
adopción de medidas pactadas con la representación de los trabajadores, tal y
como se desarrollaron las sucesivas reestructuraciones sectoriales desde los
años 80 del siglo pasado.
También son prioritarios los derechos de las personas que han invertido
sus ahorros en participaciones preferentes o acciones de las nuevas entidades
cotizadas, que han comercializado las primeras o colocado las segundas sin la
transparencia e información adecuadas sobre la situación real de las mismas.
Esta falta de transparencia se ha producido hacia los clientes e
inversores, a través de trabajadores y trabajadoras de las entidades que
tampoco disponían de la información real sobre la situación de sus respectivas
entidades.
Por ello, anunciamos nuestra voluntad de ejercer
todas las acciones a nuestro alcance para defender los intereses de las
plantillas afectadas, los clientes e inversores de buena fe que han visto
quebrantada su confianza en estas instituciones y del patrimonio social de las
mismas.
PROPUESTAS DE CCOO PARA UNA REESTRUCTURACIÓN
TRANSPARENTE Y JUSTA DEL SECTOR FINANCIERO
– Recapitalización
del sector financiero en España y en Europa: Ese esfuerzo de
recapitalización debe contar con financiación europea a través de los
mecanismos de estabilidad financiera constituidos, para devolver al sistema
financiero europeo el ritmo de comportamiento perdido desde 2008.
– El sector debe
contribuir de manera decisiva a financiar el coste de capitalización de las
entidades que lo precisan. Así se hizo en la crisis bancaria de los 80 y 90.
– El papel de
una banca pública bien gestionada: El consumo ingente de recursos
públicos para sanear el sector, es una ocasión para mantener una parte del
mismo bajo titularidad pública, con red de oficinas suficiente y personal
especializado para actuar como intermediario financiero en España. La
nacionalización de entidades hace al Estado propietario o accionista
mayoritario, lo que puede y debe permitir que sea operador público en un sector
estratégico, cuyo funcionamiento fallido en estos años ha generado graves daños
en nuestra economía. Con ello se dota al Estado de mecanismos de actuación
económica ante situaciones de restricción crediticia, exigiendo un control de
riesgos y gestión profesional y de calidad que garantice la solvencia y
retornos adecuados al capital público aportado, así como la mayor garantía de
los derechos de los depositantes.
– Recuperación
del esfuerzo público realizado: En todo caso, si el Gobierno, como
anuncia, finalmente vuelve a privatizar las entidades nacionalizadas, debe
evitar que el conjunto de los ciudadanos asuma con sus impuestos el coste de la
reestructuración sectorial recuperando lo aportado en su integridad o en el
máximo nivel posible. Para ello, hay diversos mecanismos, entre ellos: los
costes financieros por la concesión de avales, préstamos o garantías otorgadas
por el Estado; un incremento suficiente de la aportación del conjunto del
sector al Fondo de Garantía de Depósitos, para que a través de éste y en un
plazo razonable devuelvan al Estado las aportaciones realizadas; el
establecimiento de una tasa sobre actividades financieras para constituir
fondos que prevengan el coste de las crisis bancarias; venta de activos
inmobiliarios u otros activos o participaciones societarias de entidades
nacionalizadas, considerando al hacerlo la importancia estratégica de las
mismas.
La posible
constitución de un “banco malo” con la segregación de los activos inmobiliarios
dañados, más allá de la técnica financiera que comporta como medida de
saneamiento, no debe aumentar el coste de la recapitalización y debe ser una
oportunidad, junto con otros incentivos fiscales, para promover un nuevo modelo
de acceso a la vivienda en España, fundamentalmente en régimen de alquiler. Lo
cual influiría decisivamente también en no volver a repetir modelos de
crecimiento del crédito que se han demostrado socialmente insostenibles.
Utilizar
recursos públicos debe ir unido a la depuración de responsabilidades de
gestores, auditores y supervisores responsables de la actual situación. Se debe
limitar la retribución de directivos e impedir el reparto de dividendos
mientras existan necesidades de capital y/o de retorno de la inversión pública
realizada.
– Comisión de
Investigación Congreso-Senado: La gestión de la crisis financiera de
un buen número de cajas de ahorros, se caracteriza, además de por la mala
gestión del riesgo en la que se incurre desde 2002, con la inhibición, cuando
no el beneplácito del supervisor (Banco de España) y la ausencia de papel
alguno por parte de las comunidades autónomas, por la improvisación, vaivenes
legislativos, fallos de supervisión, auditorias a conveniencia, en resumen OPACIDAD.
Opacidad en
gran medida ante los propios órganos de gobierno. Opacidad de las decisiones de los
primeros ejecutivos (los gestores), los supervisores, los gobernantes y los
auditores que en permanente conversación subterránea, unas veces en connivencia
y otras, sobre todo los últimos tres años, en disputa, han diseñado la
reestructuración del sector: reforma de
la LORCA, inventos como los Sistemas Institucionales de Protección SIPs,
fusiones inadecuadas y tóxicas entre instituciones, cambios regulatorios,
emisión de preferentes, salidas a bolsa de forma y en momento que se han
demostrado inadecuados, entre otras decisiones.
Proponemos la creación de una Comisión de
investigación Congreso-Senado con plazo cierto y
criterios de actuación consensuados. No puede ser un ámbito mas de confrontación política, debe ser una
verdadera comisión de investigación que permita determinar responsabilidades reales, de forma adecuada, equilibrada
y exigente, sin perjuicio de las iniciativas jurisdiccionales que se han puesto
en marcha.
Ha de cumplir la misión de dar cauce a una indignación ciudadana
creciente y, sobre todo, a la legitimación de las políticas a adoptar y a los
cambios legislativos a promover, así como solucionar
problemas sociales de primer orden como preservar el Ahorro de los clientes
(dar soluciones adecuadas a la emisión y colocación de “Preferentes” o a
salidas a bolsa que hoy aparecen como claramente inadecuadas), además de
abordar los desahucios de personas que se ven expulsadas de sus casas por las
deudas contraídas para adquirirlas.
Deben implicarse las dos cámaras legislativas. Las conclusiones han de
incorporarse a la legislación con el mayor consenso posible. Resulta
conveniente implicar al Senado, la cámara que pretende representar los
intereses territoriales tan relacionados con las cajas de ahorros por las importantes competencias delegadas en las comunidades
autónomas: como reguladores, exclusivos en algunas materias; y como
supervisores, compartidos con el Banco de España, en otras. También para
abordar este proceso garantizando la igualdad trato y la unidad de mercado, en
materias como el mantenimiento o transformación de las cajas de ahorros
preexistentes, en su caso, la regulación de las Fundaciones provenientes de
cajas de ahorros a extinguir, las soluciones a los problemas derivados de los
desahucios o, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, las
soluciones a la emisión de preferentes y salidas a bolsa, entre otros.
Se trata de intentar alcanzar un diagnóstico lo más compartido posible
de la evolución del sector y las consecuencias de determinadas prácticas y
modelos de negocio, que es tanto como decir, modelos de gestión. Porque esa es
la clave que permite diferenciar resultados y responsables. Las
responsabilidades (están muy repartidas, pero unos agentes tienen más que
otros, también durante los distintos periodos, unos más en la gestación de los
problemas, otros más en la gestión de las soluciones,…)
– Traslado a la fiscalía de los informes de la inspección del
Banco de España: CCOO se ha dirigido en marzo de 2012 a los organismos que
componen el FROB (Dirección General de Tributos, Banco de España y Comisión
Nacional del Mercado de Valores) para que se impliquen en la depuración de
responsabilidades de las entidades intervenidas y dieran traslado a la Fiscalía Generaldel Estado de las conclusiones de los informes de la inspección del Banco de
España en las empresas intervenidas.
– Las conclusiones deben orientar los cambios legislativos a promover en
materia de Gobierno Corporativo, Regulación de Mercados, arquitectura y
competencias de los Supervisores, papel de los Auditores y medidas fiscales.
– Exigimos, asimismo, transparencia y delimitar responsabilidades: de los
gestores; de los supervisores (BdE, CNMV y CCAA);
de los Auditores, cooperadores
necesarios que han mostrado a los administradores su conformidad con los datos
presentados por los gestores y han mostrado malas prácticas que deben ser
depuradas; y de los Consejos de Administración,
en proporción a la influencia en la gestión y los problemas detectados:
información insuficiente, incapacidad para influir,…
Gestores: En ellos reside, sin duda, la máxima responsabilidad sobre la gestión de
las entidades financieras, el impulso de un modelo de negocio basado en el
crecimiento a toda costa descuidando, cuando no ignorando, el imprescindible
control de riesgos. Su responsabilidad abarca también a la información
suministrada a terceros, supervisores, auditores, consejos de administración y,
muy especialmente, a los clientes e inversores.
Supervisores y reguladores: Es preciso revisar la arquitectura y competencias de los reguladores y
los supervisores para garantizar su eficacia y elevar el nivel de exigencia
hacia los mismos.
Auditores: Se puso de manifiesto en los casos Enron y Parmalat, pero se
han vuelto a poner de manifiesto en nuestra crisis (Deloitte audita a Bancaja y
Caja Madrid durante años, sin salvedades, da el visto bueno a las salidas a
bolsa de Bankia y a la segregación de activos del SIP y, meses después, ve
desfases contables que hasta ese momento no había detectado y sobre los que no
había informado, al menos, al Consejo de Administración). Hay que establecer
reglas de permanencia en los grupos, conflictos de interés, contrastes de otras
firmas, responsabilidades en las que incurren,…
Consejos de Administración:Se
fija la atención en estos órganos que, por supuesto, tienen responsabilidad,
pero no exclusiva, y a la vista de los acontecimientos, ni siquiera la principal. Se demuestra en este proceso que se han visto privados de gran parte de la
información y, en ocasiones, han podido ser hasta objeto de manipulación.
Se acredita
una vez más, que la separación entre propiedad económica (accionistas) o participación
social (en el caso de las cajas de ahorros), de un lado, y gestores
(directivos), de otro, padece un mal funcionamiento estructural que dificulta
el adecuado control de los gestores por los órganos de administración. Esto
influye en que, en ocasiones, no haya sido más efectiva nuestra presencia, por
otro lado minoritaria, en esos órganos de gobierno.
No obstante,
proliferan voces que intentan relacionar la presencia de representantes de
partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, impositores y
otras entidades representativas, con la situación del sector financiero,
ignorando que esta es la misma en entidades con buena gestión acreditada y en
otras que presentan problemas y/o han sido objeto de intervención.
Reivindicamos
el trabajo desarrollado en los órganos de administración de entidades
financieras, dentro de las limitaciones que han tenido que afrontar nuestros
representantes. Sabemos que la actuación en estos órganos es mejorable en
algunos casos, pero la calidad del trabajo de nuestros representantes no es
menor, en modo alguno, de la que acreditan los miembros de consejos de
administración de entidades cotizadas y sociedades anónimas en las que no están
los trabajadores. Estos problemas son comunes a las estructuras societarias de
carácter mercantil. Por ello, además de mejorar nuestra actuación, hay que
modificar también la normativa de aplicación para garantizar que estos órganos
cumplen su función.
– Necesidad de actuaciones que mejoren la
legislación actual sobre Gobierno Corporativo, y promuevan cambios en el
comportamiento (buena parte de los problemas están más en los usos y costumbres
que en la legislación, por eso es tan importante la Responsabilidad
Social Empresarial)
Necesitamos normas y regulación de consejos que mejoren la transparencia
y la información, haciendo de los códigos de buen gobierno algo más que
autorregulaciones y compromisos voluntarios. Capacidad de decisión que sirva
para limitar de forma efectiva la discrecionalidad de los gestores. Extender estos
criterios a sociedades cotizadas, o no, cuando haya múltiples socios o grupos
de interés. El problema acreditado en las cajas de ahorros no es exclusivo de
ellas, es el mismo que se ha producido en los bancos españoles en las crisis
anteriores o en bancos internacionales en la crisis actual y puede darse en
empresas de todos los sectores.
– Por último, modificación de medidas impositivas que garanticen una adecuada contribución del sector financiero al Erario
Público como garantía de restitución y/o rentabilización del dinero público
aportado. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades no puede ser el 14%, como
lo fue en el periodo de mayor crecimiento de los beneficios, ni el 8% que
actualmente declaran alguna de las entidades más solventes. Se debe introducir,
a nivel europeo, el Impuesto de Transacciones Financieras, como medida que
desincentive y/o grave, en su caso, las operaciones más especulativas.
Asimismo, aunque no sea estrictamente fiscal, se han de revisar todo lo
concerniente las aportaciones al Fondo
de Garantía de Depósito pues ha sido y debe ser el instrumento a través del
cual se restablezcan las cantidades con las que el dinero público está
financiando la reestructuración del sector financiero.