En COMFIA CCOO desde el comienzo de la crisis financiera e incluso antes de que sus letales consecuencias sobre la ciudadanía se materializaran – debido a una cadena de decisiones erróneas, contraproducentes e injustas – hemos trabajado y hemos reclamado el esclarecimiento de las causas, la determinación de responsabilidades y la depuración de las mismas. Lo hemos realizado partiendo de una premisa, no podemos colocarnos fuera del escenario. En esta crisis bancaria, a diferencia de las anteriores, tristemente el mayor protagonismo lo han tenido un gran número de cajas de ahorros, en las que nos hallamos presentes todos los stake-holders (instituciones públicas, sociedad civil, clientes y trabajadores) en sus órganos de administración, que no de gestión.
Sin
embargo, no eludir las responsabilidades no supone asumirlas ni en
exclusiva ni por encima de la cuotaparte que nos corresponda. Hay
muchas responsabilidades, muchas compartidas, pero con diferentes
grados de intensidad entre gestores, administradores, gobiernos
central y autonómicos, supervisores y reguladores, auditores e
incluso operadores de mercado (agencias de rating, bancos de
inversión,…)
El
que éstas responsabilidades no se hayan afrontado primero en los
órganos de gobierno, ni después en una aplicación de soluciones
racionales por parte de gobiernos y supervisores, ni siquiera con la
creación de una Comisión conjunta Congreso-Senado como propusimos
CCOO, produce que las únicas responsabilidades se estén dirimiendo
en los tribunales.
Lo
cual es una garantía, sí, pero no está exento de problemas y
contraindicaciones. Lentitud de las actuaciones, contradicciones
entre tribunales y posible/probable inacción final por prescripción,
defectos de forma y múltiples añagazas a disposición de personas e
instituciones que utilizan todo su poder para eludir el peso de la
Ley, siembran este camino de minas y donde la justicia si llega lo
hace, a menudo, muy tarde, si no se activa la dinámica de que los
jueces castigan las malas prácticas y costumbres, y el legislador no
lo asienta en nuevas reglas.
Por
poner un ejemplo claro: la solución de las preferentes estaba en el
ámbito legislativo: haber reconocido una solución justa para los
afectados. No ha sido así. Acudir a los tribunales no es más que un
lento e incierto último recurso para personas que en su mayoría no
cuentan ni con tiempo ni con suficientes recursos para ver
restablecidos sus derechos.
En
el caso más reciente y transcendente ante la opinión pública, el
enjuiciamiento de Blesa se concitan todas las aristas de esta
situación. Vaya por delante que, como secretario general de COMFIA
CCOO, manifesté el máximo interés en que se esclarezca esa
situación cuanto antes y se determinen responsabilidades, si es que
estas existen; y así también lo remarcó la dirección confederal
al día siguiente.
Pero
también señalé otros elementos. El que más tengo interés en
discernir es el de las responsabilidades en la toma de decisión de
una operación como fue la compra de un banco en Florida en abril de
2008. El juez señala una serie de elementos y le imputa al entonces
presidente de Caja Madrid una responsabilidad individual, y Blesa
refuta que el era «uno más» en un Consejo que aprueba tal
operación por unanimidad.
¿Cuál
es mi criterio? que Blesa no era uno más. Ser Presidente Ejecutivo
no sólo comporta dirigir las reuniones del Consejo de
Administración, sino también dirigir el Comité de Dirección, el
órgano profesional compuesto por los directores y ejecutivos de la
entidad. A este órgano – llamémosle, la tecnoestructura directiva –
es al que le corresponde la propuesta de las operaciones y su
ejecución, cuando tiene el placet de los administradores, pero tiene
incentivos distintos. Incentivos que no se alinean con los del
Consejo y que suelen tener que ver con la remuneración y los bonus
ligados al cumplimiento del plan estratégico.
Plan
Estratégico del que formaba parte la internacionalización de la
Caja, la salida a bolsa a través de la Corporación Cibeles y, en
general, la diversificación y crecimiento del balance de la caja de
ahorros. Estrategia marcada por el Consejo de Administración en su
día y de la que eran conocedoras las autoridades tutelantes y
supervisoras (Comunidad de Madrid y Banco de España) y que tenía
antecedentes claros en el sector. Por lo tanto, que el órgano de
administración aprobara tal operación, si venía apoyada en los
procedimientos ordinarios que requería, y que además fuera una
decisión discutida pero unánime entraba dentro de los parámetros
de ese momento. En esa época ya se había instalado «la niebla
y el miedo en los mercados», en palabras de Juan Ramón Quintás
presidente de la CECA entonces, pero faltaban seis meses para la
quiebra de Lehman Brothers.
Es
en esta disquisición en la que tiene sentido el señalamiento de
responsabilidades diferenciadas de Blesa y, seguramente, de algún
otro ejecutivo como podría ser el «muñidor» de la
operación, Sánchez Lozano, cuyos incentivos eran sacar adelante
este tipo de operaciones, cobrar por ellas, acrecentar su reputación
profesional y dar el salto a alguna otra corporación (como fue IAG)
desvinculándose del buen fin de dicha operación. Es ahí donde
parece inferir el auto judicial que están las responsabilidades
penales, en el interés y/o beneficio personal, pero sólo se atisba.
De ahí la cierta sorpresa en la decisión de prisión cautelar con
fianza, de ahí la exigencia de rigor y diligencia, de forma muy
respetuosa, al señor juez.
Así
pues, ni apoyo a Blesa, ni ataques al juez. Eso sí, ayudaría que
los autos no reflejaran «jerigonzas» sino hechos, no vaya a
ser que la investigación y enjuiciamiento de graves delitos se vea
frustrada por problemas y recusaciones en el periodo de instrucción.
Por
otra parte, hay quienes están muy interesados en hacer notar si este
tipo de valoraciones suponen un refrendo o un desmarque de Blesa,
sobre todo en relación al, digamos, «pecado original» que
se imputa a CCOO cuando en 1996 apoyamos un cambio en la presidencia
de Caja Madrid. Suelen ser imputaciones de aquellos que reparten
«acreditaciones oficiales» de lo que está bien y está
mal, que es lo progresista o no y llevan a rajatabla aquello de que
«cada oveja con su pareja», para finalmente considerar que
sólo gozan de autonomía de actuación los agentes netamente
políticos.
Ante
esto decir sin tapujos, CCOO ofreció en 1996 un acuerdo de
gobernabilidad de Caja Madrid a las dos partes que se hallaban en
disputa por la presidencia de la Caja para poner fin a un periodo de
inestabilidad institucional que ponía en riesgo la viabilidad de
Caja Madrid después del impacto que tuvo sobre esta institución la
crisis económica y también inmobiliaria de 1993.
Hay
que recordar que aquella crisis le supuso a Caja Madrid alcanzar una
morosidad por encima del 10%, tener que deshacerse de participaciones
empresariales como era la de Telefónica para hacer caja y reforzar
su capital, activar un pasivo como fue el fracaso del crédito
sindicado a la construcción de las torres KIO (¿se acuerdan? De la
Rosa, los Albertos,…) y tener que quedarse, por tanto, con un
inmueble haciendo de necesidad virtud y reubicar los servicios
centrales en una de las torres. Y todo ello debido a una expansión
territorial que se volvió contraproducente en muchos casos y a una
exposición a riesgo inmobiliario mas que considerable.
Como
solución a las apreturas de capital derivadas de una gestión que
había deteriorado la solvencia de la entidad, el presidente
ante-anterior, Jaime Terceiro, empezó a abogar por el cambio de la
naturaleza jurídica de las cajas de ahorros mediante la entrada de
capital privado. La desamortización de la Caja supondría un
episodio más de la privatización de grandes empresas públicas que
se inició/culminó entonces (Telefónica, Repsol, Endesa,…)
A
este hecho, que no compartíamos, se le unió que el cambio de ciclo
político iniciado en las elecciones autonómicas de 1995, y
culminado en las generales de 1996, dejó a Terceiro en minoría en
los órganos de gobierno, pero se aferró de manera numantina a su
cargo.
La
oferta de acuerdo por nuestra parte se le hizo, condicionada a una
serie de parámetros: acuerdo de estabilidad en los órganos de
gobierno, defensa de la naturaleza jurídica, garantías laborales
como fue la externalización de los compromisos por pensiones, mejora
en la atención a los clientes minoristas y políticas de inclusión
financiera que se habían deteriorado mucho durante la crisis,
diversificación de inversiones estratégicas (ejemplo La Caixa) y
conocimiento exhaustivo previo por parte de los administradores de
las decisiones del Comité de Dirección que presidía el primer
ejecutivo de la entidad.
Terceiro
lo rechazó, porque no quería ver condicionada la gestión por este
tipo de indicaciones generales que hacia suyas la mayoría del
Consejo de Administración y, sin embargo, los representantes del PP
lo asumieron mediante un acuerdo público y transparente (hay quienes
lo siguen calificando de secreto, sin reparar que ya en 2006 cuando
esto dijeron a cinco columnas tuvieron que rectificarlo. Se había
publicado entero en 5Días al día siguiente de ser alcanzado y con
carácter previo a que se reunieran los órganos de gobierno).
Para
CCOO alcanzar acuerdos de esta naturaleza, transparentes, con
contrapartes que representan otros intereses y con los que a menudo
hay grandes distancias ideológicas, no sólo no es algo vergonzante
sino que es la esencia misma de la utilidad del sindicato para los
intereses que estamos obligados a defender. Lo intentamos hacer y lo
hacemos todos los días en los convenios o en el Diálogo Social,
gobierne quien gobierne.
Aquel
acuerdo y sus renovaciones cumplieron gran parte de sus objetivos,
fundamentalmente hasta 2006. Sirvió en aquel momento para contener
la modificación de la naturaleza jurídica, aunque finalmente sólo
sirvió para ganar tiempo. Tiempo que se malbarató no sólo porque
periódicamente afloraban tensiones de tipo político partidarias que
interferían en la labor del Consejo, sino porque, y creo que esto es
lo fundamental, esto imposibilitaba que el «contrato de agencia»
de los gestores tuviera los límites adecuados y la tecnoestructura,
el comité de dirección, con su presidente a la cabeza se
extralimitaran en sus funciones. Esto es lo que ahora se está
dilucidando también en los tribunales. Esto y la responsabilidad de
las instituciones públicas, gobierno y supervisores, al no
detectar y/o corregir estas prácticas en la gestación de la crisis
y al errar en las soluciones a aplicar en la gestión de la crisis.
Y
llegados a este punto tiene sentido reflexionar y colegir que la
legítima aspiración de los trabajadores de compartir espacios de
control e intervención en la gestión de la empresa, debería
orientarse más hacia el modelo alemán. Presencia en los consejos
consultivos y no en el órgano de administración, pues sin
representar a la propiedad se asume toda la responsabilidad de la
gestión sin existir los elementos de gobernanza suficientes para que
no se extralimite el directivo en sus funciones. Así lo expuso el
Secretario General en el cierre del X Congreso Confederal de CCOO.
EPILOGO.
Sé que la situación no está para matices ni sutilezas, que la
corriente general es escandalizarse al descubrir «que aquí se
estaba jugando», que lo que se lleva es buscar culpabilidades –
nunca responsabilidades -, siempre en «los otros» e
instalarnos en ese aserto tan carpetovetónico de «lejos de
nosotros la funesta manía de pensar (o de hacer pensar)». Pues
bien, es preferible correr el riesgo de ser incomprendido o
malinterpretado que ponerse de perfil con cara de «yonofui».
Qué le vamos a hacer! desde pequeñito me enseñaron a apechugar con
las consecuencias de mis actos.