La dirección de la empresa pública ISDEFE rechazó las decenas de medidas propuestas por los sindicatos Comfia-CCOO y Fes-UGT para reducir el número de despidos forzosos. Manteniéndose inflexible la dirección de la empresa en su decisión de despedir a 62 trabajadores, la asamblea de trabajadores rechazó por unanimidad el ultimátum empresarial. Los representantes de los trabajadores anunciaron su intención de ejercer todas las acciones legales que sean oportunas para impugnar el ERE.
“Esa
es mi última propuesta, lo será esta tarde, y lo seguirá siendo
mañana”. Con estas palabras la dirección de ISDEFE rechazaba las
medidas alternativas propuestas para reducir el impacto del ERE y
planteaba un ultimátum a los sindicatos antes de la celebración de
la asamblea de trabajadores. O se aceptaba la última oferta de la
empresa -62 despidos y una indemnización de 28 días por año
trabajado-, o bien se volvía al punto de partida-77 despidos (de los
que siete han salido ya) y una indemnización de 20 días por año
trabajado-. La plantilla rechazó por unanimidad la postura
empresarial y los representantes de los trabajadores han firmado hoy
el acta de no acuerdo, que pone fin al período legal de consultas.
ISDEFE
es una sociedad mercantil estatal, propiedad del Ministerio de
Defensa. Por mandato del Consejo de Ministros, el pasado diciembre
ISDEFE absorbió a la también sociedad mercantil estatal INSA, si
bien ninguna de las dos empresas públicas había estado nunca en
pérdidas desde su creación.
Aprovechando
la circunstancia de la fusión, el pasado 27 de junio la dirección
de ISDEFE presentó un ERE por causas organizativas en el centro de
trabajo de Beatriz de Bobadilla (Madrid), realizando un durísimo
planteamiento inicial de 77 extinciones de contratos en un colectivo
que englobaba a los 183 trabajadores que se integraban en las
direcciones corporativas de la empresa. Es de resaltar que desde la
absorbida empresa INSA solo se habían incorporado 45 trabajadores a
estas direcciones afectadas.
El
ERE presentado se basaba casi exclusivamente en un informe técnico
contratado a una empresa externa -AT Kearney- que concluía en un
supuesto redimensionamiento de plantilla en estas direcciones. Tras
analizar el mismo, los representantes sindicales comprobaron que los
argumentos esgrimidos fueron extraídos de comparaciones de muy
dudosa aplicación a la realidad de la empresa, estaba lleno de
errores y que el cálculo del dimensionamiento no se basaba en
criterios razonables, primando el aspecto económico y dejando al
margen la calidad en los servicios.
No
obstante, las secciones sindicales de Comfia-CCOO y Fes-UGT
presentaron decenas de medidas con el objetivo de reducir el número
de despidos y conseguir unas condiciones que hiciesen posible la
voluntariedad de los mismos. Entre otras medidas, se propusieron
prejubilaciones voluntarias, excedencias primadas, recolocaciones en
vacantes de áreas operativas y sustitución de trabajos
externalizados. La falta de flexibilidad de la dirección de ISDEFE
para estudiar estas alternativas ha hecho imposible el acuerdo y
judicializará el ERE.
La
sección sindical de Comfia-CCOO en ISDEFE considera, por un lado,
que la empresa ha tratado de disfrazar como organizativo un ERE que
en realidad responde a motivos económicos y, por otra parte, que la
falta de disposición empresarial para llegar a un acuerdo puede
responder a un experimento para fijar una postura de extremada dureza
de cara a futuras negociaciones colectivas en el sector público
empresarial. Ante este intento de imponer medidas unilaterales,
Comfia-CCOO responderá con todas las acciones legales que estime
pertinentes.