Los sindicatos suecos LO y TCO con el
apoyo de la CES denunciaron en su momento ante el Comité Europeo de
Derechos Sociales, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de los
derechos consagrados en la Carta Social Europea, la modificación
legislativa llevada a cabo en Suecia con el objetivo de ajustarse a
la sentencia Laval del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (C 341/05 – Laval un Partneri).
Los sindicatos suecos centraron su
denuncia en la vulneración que implicaba la reforma legislativa
lleva a cabo por su gobierno, del artículo 6.2 de la Carta Social
Europea relativo a la promoción de convenios colectivos y el 6.4
sobre el derecho a la acción sindical. Asimismo, acusaban al Estado
sueco por la violación del derecho de igualdad de trato para los
trabajadores desplazados en relación a la remuneración y otras
condiciones de trabajo, recogidas en el artículo 19.4. a) y 19.4. b)
de la Carta Social.
La Confederación Europea de Sindicatos
siempre ha sido muy crítica con la sentencia del TJCE que establecía
la prevalencia de las libertades económicas frente a la actividad de
los sindicatos en relación a la defensa de los derechos de los
trabajadores desplazados.
Ahora esta decisión del Comité
Europeo de Derechos Sociales da la razón a los sindicatos y
establece que el Gobierno sueco ha incumplido la Carta Social Europea
en lo relativo a los artículos mencionados y le obliga a modificar
su legislación convenientemente. Además, la decisión cuestiona y
pone en evidencia la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas por no considerar adecuadamente los derechos
sociales fundamentales.
Esta decisión tiene especial
importancia ya que se produce en un momento de auge del debate sobre
la propuesta de directiva relativa a la garantía de cumplimiento
de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el
marco de una prestación de servicios. En este nuevo panorama
surgido a la luz de la decisión del Comité Europeo de Derechos
Sociales, cabría esperar mayor consideración por los derechos
sociales y de este modo garantizar a los sindicatos sus derechos de
negociación colectiva en relación a los trabajadores desplazados y
a éstos igualdad de trato respecto al salario y las condiciones de
trabajo, lo que a su vez, favorecería la lucha contra el dumping
social.