Tras más de dos años esperando y vencido el plazo previsto legalmente para su
aprobación, el anteproyecto hecho público se limita a modificar varios artículos de la
Ley General de la Seguridad Social e incumple las previsiones legales pactadas por el
anterior Gobierno, Patronal y Sindicatos.
La más que anunciada Ley de Mutuas había levantado gran expectación y esperanza entre las
personas que trabajamos en este sector pues, desde el año 2010, estamos siendo sometidos a
un linchamiento constante por parte de los Gobiernos de turno, situando el recorte salarial
acumulado en más del 15% y con una erosión continua en el empleo que se salda con más de
2000 puestos de trabajo perdidos desde el comienzo de la crisis.
Que estas entidades mantengan una naturaleza jurídica privada mientras son consideradas
como parte del sector público y que sus trabajadores y trabajadoras estén sujetos a relaciones
laborales ordinarias, reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y Negociación Colectiva,
mientras se les aplican los mismos recortes que a los funcionarios públicos, crea una situación
de locura sembrada de inseguridad jurídica.
Pues bien, el anteproyecto que se ha hecho público, lejos de elevar todo el régimen de
colaboración actual a rango normativo de ley, incluyendo disposiciones adicionales que
modifiquen la Ley General de la Seguridad Social, se limita a modificar esta, introduciendo con
calzador aquellas cuestiones que son de interés para el Gobierno y CEOE, pero manteniendo el
suspense sobre los salarios de la plantilla y dejando el resto de la función colaboradora con un
rango normativo inferior.
El Gobierno pretende potenciar innecesariamente la figura del Presidente, y dotarla de
compensación económica específica, mientras se olvida de cumplir con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de actualización y modernización de la Seguridad
Social que preveía la incorporación de una representación sindical en los órganos directivos de
las Mutuas.
Pero lo que más llama la atención de este anteproyecto es la incorporación del alta presunta,
mediante el silencio administrativo de las propuestas de alta en contingencia común, una medida
amparada en una farsa “el absentismo laboral injustificado y el presunto ahorro de
centenares de millones de euros”, que no se convierte en realidad por mucho que el Gobierno
y los sectores más rancios del empresariado, se empeñen en repetirla hasta la saciedad.
Una medida que supone un nuevo recorte de derechos, susceptible de no ajustarse a derecho
por invadir competencias de las comunidades autónomas y que deja en situación de indefensión
a las personas que están en situación de incapacidad temporal.
Un ejemplo de ahorro sería si el Gobierno eliminase la compensación “comisión” por
administración complementaria de la directa y esto sí que supondría un ahorro cierto y
automático de 200 millones de euros,.
En Comfia-CCOO creemos y defendemos el nivel de profesionalidad del personal facultativo que
presta servicios en las Mutuas y no vamos a amparar posibles conductas reprochables en los
beneficiarios de prestaciones, pero estas son excepcionales y solo hay que comparar los datos
de jornadas perdidas por baja con las del resto de países de nuestro entorno para comprobar
que: “España no tiene un problema de absentismo, sino que el verdadero problema de
nuestro país es de desempleo y consumo”.
Otro de los elementos que incluye el anteproyecto, y que desde Comfia-CCOO rechazamos
rotundamente, es la obligación para las mutuas de abandonar su inversión en las Sociedades de
Prevención antes del 31 de diciembre de 2014.
Este Gobierno debería recordar que, promulgada la Ley de Prevención y el posterior Reglamento
de los Servicios de Prevención, solo las Mutuas tenían capacidad de realizar la labor preventiva
con garantías.
Que la segregación de su actividad en Sociedades de Prevención, que defendimos se realizara
hacia entidades sin ánimo de lucro, estuvo motivada por el deficiente control de la administración
sobre la utilización de recursos públicos en una actividad mercantil, sin que hasta el momento, a
ningún responsable de la administración o gestor de mutua se le hayan exigido
responsabilidades civiles o penales por acción u omisión, mientras que las personas que
trabajan en las sociedades de prevención han pagado un altísimo precio por lo que otros han
hecho.
Ahora, bajo la excusa de que en un sector como el de la prevención, (dedicado exclusivamente a
una guerra brutal de precios, en el que la calidad del servicio parece no importar ni al sector, ni a
los empresarios, ni a la administración), no se influya en la libre competencia se pretende hacer
justo lo contrario, intervenir en el mercado eliminando por Ley a una parte de las empresas
competidoras malvendiendo sus activos en tiempos de crisis.
Desde CCOO vamos a seguir trabajando para trasladar nuestras propuestas al Consejo
Económico y Social, órgano que tiene que emitir informe sobre el Anteproyecto de Ley de
Mutuas, manteniendo abiertas las vías de diálogo que sean posibles con el Gobierno y con el
resto de fuerzas políticas, durante la tramitación parlamentaria, para intentar conseguir que la
futura Ley de Mutuas resulte equilibrada y resuelva definitivamente los abusos cometidos sobre
las plantillas en estos años.