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La Dirección del Grupo Banco Popular está
presentando a la firma de los trabajadores una carta de “Compromiso de
Confidencialidad” por la cual entendemos que pretende exonerarse de
todas sus responsabilidades al indicarnos el alcance de nuestras
obligaciones legales en materia de protección de datos personales.
La atenta lectura de esa carta nos suscita
las siguientes reflexiones:
● El alcance de las obligaciones
legales de una persona son marcadas por la Ley, nunca por una empresa,
aunque sea con la que se tiene relación laboral.
● La exoneración de
responsabilidades no es potestad nuestra; también es la Ley la que
determina las responsabilidades de cada individuo o empresa.
● En materia de sanciones e
infracciones es el Convenio Colectivo el que las regula y no la empresa.
● Intentar eludir
responsabilidades, abandonando a su suerte a los trabajadores es ética y
moralmente reprobable, y jurídicamente discutible.
● La pretensión de que se firme este
documento produce la sensación de que la Dirección está más preocupada
porque no le imputen obligación alguna que porque se respete la
confidencialidad en esta empresa.
● La Dirección pretende trasladar a
los trabajadores “su” obligación de organizar las medidas oportunas en
este ámbito.
● Que en el Grupo nos paguen menos
que en el resto de entidades financieras, siendo uno de los bancos más
rentables del mundo, resulta mucho menos perverso que pretender
blindarse contra el incumplimiento de algo que nos preocupa a todos.
● La Dirección sabe
perfectamente que es imposible desarrollar el trabajo en condiciones
normales y, a la vez, controlar hasta el más mínimo detalle (como
intenta la carta) todos y cada uno de los papeles y documentos o
informaciones que pasan por nuestras manos.
● Tampoco consideramos muy ético
proponer la firma de este documento desde la posición de fuerza que
tiene la Dirección, porque impide en muchos casos la libre decisión del
trabajador, que puede acabar firmando contra su voluntad un documento
aunque sea consciente que le perjudica.
En definitiva, solicitamos a la
Dirección del Grupo Banco Popular que devuelva las cartas ya firmadas
por los trabajadores. Por otro lado, si les preocupa la confidencialidad
de los datos, como estamos convencidos, deben buscar y poner en marcha
los mecanismos oportunos para que, entre todos, podamos afrontar este
reto. Desde CC.OO. ofrecemos nuestra colaboración para determinar las
obligaciones legales que corresponden en esta materia, así como para
establecer los instrumentos necesarios para articular debidamente el
cumplimiento de dichas obligaciones.
Pedimos a los trabajadores, por otro
lado, que no déis conformidad a un documento que difícilmente puede
cumplirse con las herramientas que pone la Dirección a nuestra
disposición y cuyo cumplimiento no solo depende de nosotros.
Noviembre de 2005 |
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