Los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, aprobados por el Consejo de Ministros y que se
ha encargado de glosar el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los
medios de comunicación, no sirven para combatir el paro, la pobreza y la creciente
desigualdad que conoce nuestro país.
Como advierte el secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, «el Gobierno ha querido a unos meses de las elecciones trucar
simbólicamente los presupuestos y publicitar algunas medidas de muy limitado
alcance (en lo que afecta a las pensiones una subida ruin e insolidaria, si
tenemos en cuenta su pérdida de poder adquisitivo y su función de sostenimiento
del núcleo familiar) para irrumpir en campaña con unos PGE a modo de programa
electoral». A juicio de CCOO, los PGE deberían tener entre sus principales
objetivos la lucha y protección contra el desempleo y la pobreza; pero sin
embargo están orientados exclusivamente a reducir el déficit.
En este contexto de olvido de las políticas sociales, CCOO
considera imprescindible y de urgente necesidad la ILP para la regulación de
una Renta Mínima (prestación de ingresos mínimos, según la propia definición de
la iniciativa), impulsada por CCOO y UGT, que salga al paso de la situación de
extrema necesidad en la que se encuentran dos millones de personas, y que nos
proponemos impulsar con fuerza a primeros de septiembre. Una ILP que debería
ser una de las primeras medidas a aprobar en la próxima legislatura.
En opinión de CCOO, los PGE16 tampoco ayudan a despejar las
insuficiencias del sistema de Seguridad Social, que tendría que revisar el
sistema de revalorización de las pensiones, limitar el uso del Fondo de
Reserva, activar medidas transitorias para incrementar los ingresos de la
Seguridad Social y un plan a medio plazo para que estos ingresos aumenten de
forma estructural los recursos del sistema. Tampoco se dan pasos hacia un
modelo retributivo más justo y eficaz, que combata radicalmente el fraude, que
se dote de un IRPF donde aumente la aportación de las rentas del capital, que
las grandes empresas ?bancos incluidos? paguen los impuestos que se derivan de
sus beneficios, o que el IVA reducido se aplique a todos los consumos básicos
del hogar, o que logremos recuperar progresivamente el gasto público previo a
la crisis. Los PGE16 deberían favorecer el crecimiento y la creación de empleo,
avanzar hacia un nuevo modelo productivo de calidad; prestar especial atención
a la rehabilitación urbana y de vivienda, desarrollando un mercado de alquiler
de vivienda social y el mantenimiento de las infraestructuras; reforzar la
atención a las personas dependientes y/o personas mayores; mejorar y no
deteriorar el funcionamiento de los servicios públicos, de la sanidad, la
educación y las políticas sociales; y poner en marcha un plan de choque contra el desempleo, garantizando la
empleabilidad (formación), y protegiendo mejor a las personas.
En definitiva, estamos ante unos PGE de marcado carácter
continuista, solo aderezados con guindas publicitarias dirigidas a empleados
públicos o rebajas fiscales precipitadas y oportunistas que debilitarán aún más
la capacidad del Estado para impulsar las políticas públicas.
El anuncio del Gobierno a los sindicatos, en la Mesa General
de la Función Pública y en la de la Administración General del Estado, de que
se propone incrementar los salarios un 1% y devolver el 25% de la paga
extraordinaria hurtada a los empleados públicos, es un tímido e insuficiente
paso que se inscribe en la campaña electoral, y de cuya consolidación y
voluntad de ampliación dudan los sindicatos.