El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previamente consensuado por los integrantes de la Mesa del Turismo de Andalucía: Junta
Andalucía, CCOO, UGT y CEA, persigue acabar con la competencia desleal
de la oferta ‘alegal’ de viviendas turísticas y convertirla en una actividad
reglada que genere riqueza y permita aflorar el empleo sumergido.