CCOO
y UGT van a redoblar las acciones para luchar contra la
discriminación salarial y laboral que sufren los trabajadores de las
empresas multiservicios. En este sentido, reiteran la necesidad de
realizar una reforma legislativa que garantice los derechos de los
trabajadores y trabajadoras en los procesos de externalización y en
las actividades ya externalizadas.
Ambos sindicatos seguirán impulsando en los convenios cláusulas para garantizar que no se devalúen las condiciones retributivas y de trabajo del convenio sectorial de referencia en las empresas y solicitan a la Inspección de Trabajo que intensifique la vigilancia para evitar las prácticas fraudulentas o irregulares de estas empresas (que repercuten negativamente en los ingresos por cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social y en los ingresos de la Hacienda Pública). Consideran que la responsabilidad última de las condiciones de los trabajadores de estas empresas multiservicios recae en las empresas que contratan, sean éstas de carácter privado, público o la propia Administración.
La
reforma laboral de 2012 y la prevalencia aplicativa del convenio de
empresa sobre el sectorial, han provocado la devaluación de salarios
y de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores, a través
de la externalización y las empresas multiservicios.
Por
eso, CCOO y UGT iniciaron en marzo de 2015 una campaña para impulsar
acciones que evitaran esto. Actuaciones recogidas en una Declaración
conjunta y en base a tres ejes: en el ámbito jurídico, de la
negociación colectiva y propuestas para establecer una reforma
legislativa.
Aunque
después de año y medio se han producido avances éstos han sido
dispares y todavía son insuficientes, por eso UGT y CCOO van a
redoblar esfuerzos para perseguir la devaluación del trabajo a
través de las empresas multiservicios.
Hasta
ahora los mejores y más inmediatos resultados han sido la anulación,
por falta de legitimidad de las partes firmantes, de casi el 100% de
las decenas de convenios de empresa que los sindicatos han impugnado
ante la Audiencia Nacional y las diferentes campañas de denuncia a
la Inspección de Trabajo que se han iniciado a raíz de dichas
anulaciones que están produciendo efectos en amplios colectivos y
sectores.
Respecto
a la propuesta de modificación legislativa solicitada por ambos
sindicatos, en julio de 2015, el resultado ha sido el silencio por
parte de la Administración y del Gobierno, si bien los partidos
políticos, en mayor o menor medida, recogieron en sus programas
medidas en este sentido en las elecciones generales de diciembre y
junio.
En
el ámbito de la negociación colectiva aunque también se han
producido avances, el principal obstáculo sigue siendo la reforma
laboral de 2012 y la prevalencia del convenio de empresa frente al
sectorial. Aun así, existen cláusulas de garantía para el personal
externalizado en los convenios de: Hostelería de Baleares, Málaga,
Navarra, Las Palmas, Tenerife y Teruel, en el I Convenio Estatal de
la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal
2016, en el Convenio de Limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa,
en el I Convenio de Colectividades de 2016 y en el Convenio de
Empresa de SEAT 2016.
Con
el objetivo de redoblar la campaña contra el modelo de
externalización por el que se ha optado en la última década en
nuestro país, CCOO y UGT acuerdan:
-
Intensificar
las acciones, tanto sindicales como administrativas y judiciales,
para corregir las desigualdades y fraudes que producen las empresas
multiservicios en todos los sectores de actividad. -
Instar
a la Dirección General Estatal de la Inspección de Trabajo para
que actúe de oficiocontra las
prácticas fraudulentas o irregulares de estas empresas que tienen,
además, una importante repercusión negativa en los ingresos por
cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social y, en última
instancia, en los ingresos de la Hacienda Pública. -
Insistir
de nuevo, ante los partidos políticos y el Gobierno, la reforma
urgente delos artículos
43 al 45 del Estatuto de los Trabajadores, la derogación de la
reforma laboral y la regulación legal o administrativa de las
Empresas Multiservicios para su control y seguimiento. -
Instar
a CEOE y CEPYME a que se posicionen respecto a las empresas
multiservicios y más en concreto, sobre la aparición de nuevas
asociaciones que parecen perseguir convivir e invadir espacios de
negociación colectiva y patronales ya existentes. -
Impulsar
en los convenios sectoriales y de empresa cláusulas de garantía
para regular una externalización responsable, tanto con las
plantillas de las empresas principales como con el personal
subcontratado. -
Trasladar
la presión y la responsabilidad del modelo de externalización a
las Empresas principales o clientes y Administraciones. UGT y CCOO
consideran que los términos en los que se contratan y subcontratan
las actividades, tanto principales como auxiliares, en el propio
contrato mercantil, son los que fijan las condiciones laborales y
salariales de las personas externalizadas, es decir, la plantilla de
las empresas multiservicios. -
Ambas
organizaciones ratifican su compromiso de no firmar convenios que no
cumplan con las mínimas garantías laborales y salariales
recogidas como base en la Declaración conjunta del 18 de marzo de
2015.