El
pasado día 29, en algún medio digital teníamos la oportunidad de
conocer las opiniones de don Juan Molas en relación con el revuelo
organizado: tanto por las manifestaciones de rechazo a la reforma
laboral llevadas a cabo por el presidente de AC-Hoteles, como por la
desafortunada comparación llevada a cabo por el vicesecretario de
comunicación del PP, Pablo Casado.
El
señor Molas entiende que no es de su competencia lo que cobran las
camareras de piso fuera de los convenios colectivos, algo difícil
de entender, puesto que desde estas organizaciones se lo hemos
trasladado en reiteradas ocasiones y, porque los contratos de
externalización de actividades los firman empresarios hoteleros,
asociados suyos.
Achaca
la capacidad de movimiento sindical y del colectivo de camareras de
pisos a intereses políticos. Si por intereses políticos
entendemos la defensa de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras en general y de las camareras de piso en particular, no
le quepa duda de que nos seguirán moviendo ?esos intereses
políticos?
Queremos
recordarle, ya que, insta a acudir a los tribunales, que desde
aquí hemos impugnado 46 convenios colectivos fraudulentos de
empresas multiservicios, convenios que, tienen su origen en la
desmedida avaricia de los empresarios hoteleros que firman acuerdos
de prestación de servicios para abaratar sus costes de personal a
costa de los salarios y derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Según
su propia organización (CEHAT), y tras tres años de record, los
hoteles batirán todos los registros de rentabilidad una vez más,
con un incremento de las pernoctaciones del 10,91%. Mientras esto
sucede, los trabajadores y trabajadoras del sector también
alcanzan records, de precariedad laboral, de pobreza salarial, de
inmorales externalizaciones y bloqueo de la negociación colectiva.
En
otro orden de cosas, el fenómeno de la externalización reduce las
plantillas de los hoteles que quedan encuadrados en diversas
empresas, debilitando la capacidad de acción sindical y
colectiva en defensa de sus derechos e intereses. Hace imposible
la reducción de las cargas de trabajo, dificulta el cumplimiento de
la normativa de prevención de riesgos laborales afectando
gravemente a la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras
y, algo en lo que no reparan los empresarios cegados por una visión
cortoplacista de la cuenta de resultados, empeora sobremanera la
calidad del servicio con las nefastas consecuencias que esto a la
larga supondrá para el conjunto del sector.
Desde
aquí hacemos un llamamiento a las patronales y a la administración
pública con el objeto de alcanzar un pacto de Estado sobre Turismo
en cuya agenda también figure el TRABAJO DIGNO