JAVIER PÉREZ ROYO – 27/02/2009
Hace algo más de un mes que el Parlamento de la Comunidad de Madrid,
a propuesta del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre, aprobó
mediante la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad,
una reforma de la Ley de Cajas de Ahorro, con la finalidad expresamente
declarada de impedir que siguiera siendo presidente de Caja Madrid
Miguel Blesa y proceder a sus sustitución por Manuel Pizarro. Desde
entonces se suceden las escaramuzas de naturaleza política y jurídica
entre los actuales gestores de la Caja y los miembros del Gobierno de
la comunidad, de las que van informando puntualmente los medios de
comunicación.
¿Se imagina alguien la que se habría montado si el presidente de la
Generalitat de Cataluña o el presidente de la Junta de Andalucía
hubieran actuado de la misma manera que la presidenta de la Comunidad
de Madrid, con la finalidad de sustituir al presidente de La Caixa o de
Unicaja? ¿Qué es lo que no se estaría diciendo de José Montilla y de
Manuel Chaves y de su afán de controlar políticamente a las entidades
financieras?
En Andalucía, con ocasión de la aplicación de la Ley
de Cajas de Ahorros de 2001, ya tuvimos ocasión de ver como se las
gasta el PP, que no dudó en alterar nada menos que la distribución de
competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía
definida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y utilizó su
posición como Gobierno de la Nación para tomar la decisión insólita de
sustraer a Cajasur de la competencia de la comunidad autónoma, para
trasladarla al Estado, pasando a ser el Ministerio de Hacienda, ocupado
por Rodrigo Rato, el que tuvo la atribución de supervisar la acción de
la caja andaluza en lugar de la Consejería de Economía y Hacienda,
ocupada por Magdalena Álvarez. Para ello se sirvió de manera torticera
de los Acuerdos con la Santa Sede de enero de 1979.
El PP no ha
tenido el menor reparo en intervenir políticamente en la gestión de las
Cajas de Ahorro, llegando a límites en las comunidades en las que
gobierna que no admite comparación con lo que ocurre en las demás.
Tal
vez por eso y porque, como dice el conocido refrán, piensa que todos
son de su condición, se haya reaccionado con tanta virulencia ante el
inicio del proceso de fusión de Unicaja y de la Caja de Castilla la
Mancha, llegándose incluso a abrir un expediente a dos de los miembros
del consejo de administración de la Caja castellano manchega por no
presentar su dimisión con la finalidad de torpedear la posible fusión.
No
creo que exista o al menos no se ha evidenciado la existencia de la más
mínima prueba de que estemos ante una operación de naturaleza política
orquestada por los presidentes de la Junta de Andalucía y de Castilla
la Mancha, sino ante una operación económico-financiera, en la que la
iniciativa y el control del proceso va estar dominado por los propios
consejos de administración y en la que la interferencia política está
siendo mínima.
No son los Gobiernos andaluz y castellano-manchego
los protagonistas de la decisión, sino que, de haber alguno, sería el
Banco de España. Ojalá el respeto que se está produciendo en este caso
por parte del poder político se extendiera al funcionamiento de las
cajas de ahorro en todas las comunidades autónomas y no se repitieran
conductas que son completamente injustificables.
En todo caso,
sería de esperar que se fijara una posición clara, sin ambigüedades por
parte del PP en Andalucía. No del PP en Málaga, sino del PP en
Andalucía, pues no nos encontramos ante un problema provincial, sino
ante un problema que interesa al conjunto de la comunidad.