Las cajas de ahorros, ante una nueva «tormenta perfecta»

En el marco del “Pacto de Estado por la Economía y el Empleo”,
propuesto por CCOO, y en el que se contemplan un conjunto de medidas destinadas
a revisar el funcionamiento del sistema financiero para que pueda cumplir con
su función económica y social (ver comunicado en
http://www.comfia.info/noticias/49205.html), la defensa de la naturaleza
jurídica de las cajas de ahorros –cuestionada tal vez con mayor énfasis que
nunca- ocupa un lugar prioritario, delimitando la posición de CCOO en relación
a los procesos de colaboración o fusión, así como nuestros planteamientos en
caso de que se abordase una modificación del marco legislativo de las cajas.

Como
sucedió en el pasado, la confluencia de una serie de elementos alrededor de las
cajas de ahorros es aprovechada por algunos para cuestionar la propiedad social
de la mitad del sistema financiero español. De forma permanente, y más en los
momentos claves, desde COMFIA hemos
situado nuestra posición en defensa de la naturaleza jurídica de las cajas de
ahorros, al tiempo que nuestras propuestas para reforzar su funcionamiento. Así
lo hicimos, recientemente, con los Manifiestos
en defensa del modelo y la naturaleza jurídica de las cajas publicados en 2001
y 2006.

En la actualidad el riesgo, siempre permanente, de
desnaturalización del modelo se ve acrecentado por la confluencia de nuevos factores: las fuertes tensiones de liquidez y el mayor incremento de la morosidad
al que se está viendo sometido el sistema financiero español. A ello se suma otro elemento que no ha
existido en las anteriores “acometidas”: a los detractores habituales del
modelo, que aspiran a su apropiación, se une el Banco de España con la apuesta por la “desamortización” de las
cajas, una vez que el Estado vendiera las cuotas participativas con
derechos políticos que hubiera suscrito en un proceso de capitalización
pública, lo que debería alertar a tanto
vocero ingenuo de la nacionalización de la banca.

Sin
repetir todo lo ya expresado en el comunicado “El sector financiero ante la
crisis”, del pasado 12 de Mayo, sí conviene hacerlo con aquello que desde CCOO
hemos definido como nuestra prioridad,
nuestra “línea roja”: la defensa del empleo en el sector, que se hace más
necesaria en un entorno de políticas de ajustes de costes, menor dotación de
plantilla y presión sobre los trabajadores. Y aún más ante una probable
reordenación del sector, en la que reiteraremos la exigencia de garantías económicas, sociales y, especialmente, laborales
–protocolos de empleo-.

A ello,
como también indicábamos, se une el objetivo de reactivar la economía, lo que
pasa entre otras medidas por revisar el
funcionamiento del sistema financiero para preservar y reforzar su solvencia,
supervisión, función económico-social y nivel de empleo, todo ello mediante
medidas concretas entre las que situábamos fórmulas de recapitalización de
entidades (avalando emisiones de participaciones y/o deuda
preferente/subordinada, o bien recapitalizándolas directamente) que debían
condicionarse a compromisos de éstas para fortalecer su estructura de capital y
mantener el empleo, además de incorporar exigencias de responsabilidad.

* El reto y el objetivo son, por tanto, que las
medidas que con seguridad van a adoptarse respecto al sistema financiero no
supongan el fin del modelo de cajas, sino su fortalecimiento. De ahí que,
una vez más y con mayor razón si cabe, desde CCOO situemos nuestra defensa del
mismo.

De forma
resumida, los planteamientos de CCOO relativos al sector y que están implícitos
o insertos en el “Pacto por la
Economía y el Empleo” que hemos propuesto son los siguientes:

Defender la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros

Eje
básico de actuación de CCOO, por su aportación al desarrollo social y
territorial; y la inclusión financiera de las clases sociales más
desfavorecidas. Entidades privadas, pero
con función social, que han garantizado una competencia entre sí y con los
bancos que ha hecho más eficiente al sector financiero español.

Promover sistemas de cooperación o integración estables en el
sector de cajas

Para
facilitar el acceso a mercados mayoristas para obtener liquidez, siempre y
cuando la creación de estos sistemas no suponga la generación de estructuras
societarias (como una S.A.) en las que los órganos rectores de estas entidades
pierdan su autogobierno.

Abordar procesos de concentración de cajas

En un
escenario en el que estas iniciativas parecen necesarias, siempre que se
aborden de acuerdo con criterios económico-financieros y con garantías sociales
y laborales, tanto dentro de cada
comunidad autónoma como si deben superar ese marco geográfico.

De producirse iniciativas de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros, estas
deben reafirmar su naturaleza jurídica, orientándose a los siguientes
objetivos:

n       Seguir reforzando el equilibrio entre la
representación de la sociedad civil, la representación pública y la representación
laboral en sus Órganos de Gobierno: Para ello podrían fijarse
criterios legislativos claros en relación a los porcentajes (incluyendo un
límite mínimo significativo de representación laboral), diversificar de manera
más efectiva la presencia directa o indirecta de instituciones públicas,
determinar con claridad el principio de proporcionalidad en dichos grupos de
representación, reforzar la participación democrática de los impositores y
fomentar la presencia de entidades sociales realmente representativas. Todo
ello, bajo la premisa del mantenimiento del actual marco legislativo de las
cuotas participativas, sin desarrollo alguno de derechos políticos de las
mismas.

n                   Seguir
reforzando un funcionamiento de sus Órganos de Gobierno bajo los principios de
rentabilidad, profesionalidad, eficiencia y responsabilidad social:
Intensificando su control y vigilancia de la gestión, política de inversiones y
retribuciones, incorporando criterios de RSE, reafirmando la responsabilidad,
capacitación y autonomía de los consejeros, etc.

n       Cubrir vacíos de regulación en caso de
fusiones de cajas de diferentes comunidades autónomas, respecto a la atribución
de competencias sobre la caja resultante.

n                   Cabría
estudiar mecanismos para evitar el riesgo de conflicto de intereses entre
la labor de tutela y supervisión, y la responsabilidad de administración, como
los producidos en algunas Comunidades Autónomas (País Valenciano, Comunidad de
Madrid).

n                   Desarrollar
el actual art. 19 de la LORCA
en materia de Alianzas de Cajas 
de manera que, alternativamente a procesos de fusión, se puedan
articular procesos de colaboración o integración, con la premisa de que no
suponga riesgo para la naturaleza de las cajas.

n       Reforzar la simetría supervisora con otros
subsectores de crédito a través de los reguladores y supervisores
comunes (Banco de España, CNMV), sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas en su ámbito.

3 Junio 2009