Acuerdo sobre pensiones y Seguridad Social

Acuerdo sobre desarollo de medidas del Informe de Renovación del «Pacto de Toledo»

 30 de mayo
de 2006

 I.
GARANTÍA DE LA ADECUADA RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y
GASTOS DEL SISTEMA.

 En
orden a garantizar una adecuada relación entre ingresos y
gastos, se acuerdan las siguientes medidas:

1. El
   Gobierno ratifica su compromiso de asumir, en el plazo contemplado
   en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General
   de la Seguridad Social y con cargo a la imposición general,
   la financiación de los complementos a mínimos de las
   pensiones contributivas, en orden a finalizar el proceso de
   separación de las fuentes de financiación de las
   prestaciones de la Seguridad Social.

Los
incrementos de los complementos a mínimos que se produzcan se
financiarán a través de la imposición general.

2. La
   aprobación de una nueva tarifa de primas de cotización
   por contingencias profesionales, que adecue la actualmente vigente
   -que data de más de 26 años- a la realidad productiva
   actual, simplifique la “tarificación” y la gestión
   y ponga en relación directa la prima a abonar con el riesgo
   cierto de la actividad realizada.

3. La
   evolución de las cotizaciones sociales, dentro de un marco
   general que asegure la competitividad de las empresas españolas,
   la generación de empleo y el desarrollo económico,
   debe mantener una relación acorde con los incrementos de
   afiliación, la correspondencia entre aportaciones y
   prestaciones, la evolución de los salarios y la productividad
   de la economía española. En este sentido, las bases
   mínimas de cotización en cada uno de los regímenes
   deben garantizar el equilibrio entre aportaciones y prestaciones en
   todas las carreras de cotización. Asimismo, la base máxima
   de cotización evolucionará conforme a la variación
   real del IPC.

4. En
   orden a lograr un mayor grado de contributividad, se mantiene la
   fijación de una base de cotización superior a partir
   de los cincuenta años para aquellos trabajadores por cuenta
   propia que hayan cotizado, con anterioridad a la fecha del
   cumplimiento de dicha edad, menos de cinco años.

5. La
   disminución de la morosidad y del fraude, con el incremento
   constante del porcentaje de realización de los derechos
   reconocidos, que será desarrollado a través de planes
   operativos puestos en marcha en colaboración con la
   Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El objetivo a
   alcanzar en este ámbito durante esta década es que el
   índice de morosidad no supere el 1 por 100.

2. MEJORA
   DE LA ACCIÓN PROTECTORA NO CONTRIBUTIVA.

Adicionalmente
a las medidas ya adoptadas o comprometidas por el Gobierno para la
presente legislatura, en relación con el incremento de las
pensiones mínimas, el establecimiento de una pensión
mínima de orfandad, para personas con discapacidad menores de
18 años, así como respecto de la equiparación,
entre la asignación económica por hijo a cargo y la
pensión no contributiva (ambas en favor de personas con 18 o
más años y una discapacidad igual o superior al 65 por
100) en el marco del cumplimiento de los objetivos de mejora de la
protección no contributiva, se acuerda la adopción de
las siguientes medidas:

1. Se
   extenderá, de forma paulatina, la garantía de los
   complementos a mínimos a los pensionistas de incapacidad
   permanente total cualificada menores de 60 años, de manera
   que, tras dicho proceso gradual, todos los perceptores de la pensión
   de incapacidad permanente cualificada puedan percibir los
   complementos a mínimos, siempre que reúnan los
   requisitos que, legal y reglamentariamente, se hayan establecido.

2. A
   efectos de la percepción de los correspondientes complementos
   a mínimos por viudedad, para beneficiarios menores de 60
   años, la acreditación de una discapacidad igual o
   superior al 65 por 100 se equiparará a la existencia de
   cargas familiares.

3. La
   mejora de las deducciones por hijo a cargo en la legislación
   tributaria (IRPF), de las prestaciones económicas del nivel
   contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones familiares
   del nivel no contributivo garantizarán un refuerzo de las
   políticas de apoyo a las familias con menores ingresos.

III.
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN PROTECTORA
DERIVADA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

1. Pensión
   de jubilación

Con la
finalidad de incrementar la correspondencia entre cotizaciones y
prestaciones, se acuerdan las siguientes medidas:

1. El
   período mínimo de cotización para generar la
   pensión de jubilación se definirá en 5.475
   días (15 años) efectivos de cotización, o su
   equivalente real en días/cuota. Este compromiso se llevará
   a cabo a lo largo de 5 años, incrementándose los
   4.700 días de cotización efectiva (exigidos en la
   actualidad) en 77 días por cada seis meses transcurridos
   desde la entrada en vigor de la reforma, de manera que al final del
   proceso paulatino se exigirían los señalados 5.475
   días.

El
período transitorio de incremento de cotizaciones efectivas,
previsto en el párrafo anterior, se ampliará, en los
supuestos de trabajadores con contrato a tiempo parcial, en
proporción inversa al porcentaje de jornada realizada.

2. Coincidiendo
   con la presentación a los órganos correspondientes de
   la Unión Europea de los “informes periódicos
   sobre evaluación y estrategia del sistema de pensiones”, la Administración de la Seguridad Social presentará
   ante el Parlamento y a los interlocutores sociales estudios sobre
   la situación presente y futura del sistema.

2. Pensión
   de incapacidad permanente.

 En
el objetivo de mejora de la regulación de la incapacidad
permanente, y a fin de evitar que se convierta en una vía de
acceso a la protección para las carreras de cotización
insuficientes, se acuerdan las siguientes medidas:

1. Se
   flexibilizará el período mínimo de cotización
   exigible para los trabajadores más jóvenes (menores
   de 31 años) estableciéndose en 1/3 del período
   comprendido entre la fecha del cumplimiento de los 16 años y
   la del hecho causante.

2. La
   cuantía de la pensión de incapacidad permanente,
   derivada de enfermedad común, se determinará
   aplicando a la base reguladora establecida en la legislación
   vigente el porcentaje que corresponda, en función de los
   años de cotización, establecido en el artículo
   163 de la LGSS, considerándose a estos efectos cotizados los
   años que le resten al interesado, en la fecha del hecho
   causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación. A su
   vez, al resultado obtenido se le aplicará el porcentaje,
   establecido en la actualidad, en función del grado de
   incapacidad reconocido.

Se
establecerá un importe mínimo para la pensión de
incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente total
para la profesión habitual.

 La
medida contenida en este párrafo no se aplicará para la
determinación de la cuantía de las pensiones de
incapacidad permanente que provengan de procesos de incapacidad
temporal, que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en
vigor de la disposición que incorpore al ordenamiento jurídico
la medida mencionada

3. La
   pensión de incapacidad permanente, en el grado de
   incapacidad permanente total, se excluirá para aquellas
   profesiones cuyos requerimientos físicos resultan
   inasumibles a partir de una determinada edad. Estas profesiones se
   determinarán reglamentariamente, previa comprobación
   de que los cotizantes a las mismas se mantienen en su práctica
   totalidad en edades inferiores a los 45 años.

4. Teniendo
   en cuenta la finalidad del complemento de gran invalidez, su
   cuantía se establecerá en un importe independiente de
   la cuantía de la prestación por incapacidad
   permanente absoluta. En tal sentido, la cuantía del referido
   complemento se situará en el resultado de sumar al 50 por
   100 de la base mínima de cotización vigente en cada
   momento el 25 por 100 de la base de cotización
   correspondiente al trabajador (calculadas ambas en función
   de la contingencia que origine la prestación).

5. Se
   aprobará una nueva lista de enfermedades profesionales, con
   efectos en las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social
   por incapacidad permanente o muerte y supervivencia que, siguiendo
   la Recomendación Europea sobre enfermedades profesionales de
   2003, adecue la lista vigente a la realidad productiva actual, así
   como a los nuevos procesos productivos y de organización.

De igual
modo, se modificará el sistema de calificación,
notificación y registro de las enfermedades profesionales, con
la finalidad de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y
evitar la infradeclaración de tales enfermedades.

3. Pensión
   de viudedad

Teniendo
en cuenta la realidad social existente en nuestro país en la
actualidad, con la finalidad de mejorar la situación de las
familias que dependen de las rentas del fallecido y adecuar la acción
protectora del sistema a las nuevas realidades sociales, en el ámbito
de la pensión de viudedad se acuerda la adopción de las
medidas siguientes:

1. La
   pensión de viudedad debe recuperar su carácter de
   renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones
   en las que el causahabiente contribuía efectivamente al
   sostenimiento de los familiares supérstites: matrimonio;
   parejas de hecho, siempre que tuviesen hijos en común con
   derecho a pensión de orfandad y/o existiese dependencia
   económica del sobreviviente respecto del causante de la
   pensión; o personas divorciadas perceptoras de las pensiones
   previstas en el Código Civil.

2. En
   caso de matrimonio, para acceder a la pensión de viudedad, en
   los supuestos de fallecimiento del causante por enfermedad común,
   se requerirá un período previo de vínculo
   conyugal de dos años o la existencia de hijos en común
   con derecho a pensión de orfandad. De no acreditarse ese
   período y ante la ausencia de hijos con derecho a pensión
   de orfandad, se concederá una pensión temporal con una
   duración equivalente al período acreditado de
   convivencia matrimonial.

3. En
   los supuestos de parejas de hecho, para acceder a la pensión
   de viudedad se precisará la constatación de
   convivencia mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio, a
   determinar en el desarrollo del Acuerdo. En caso de existencia de
   hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, se
   precisará, además, dependencia económica del
   conviviente sobreviviente, en más del 50% de sus ingresos, de
   los del causahabiente. En los supuestos de inexistencia de hijos
   comunes, se exigirá dependencia económica en más
   del 75 % de los ingresos.

Cuando
no se acceda a la pensión de viudedad debido al período
de convivencia o a la falta de dependencia económica, y
existiesen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, el
importe que hubiera correspondido a la pensión de viudedad
acrecerá aquélla.

4. En
   los supuestos de distribución de la pensión entre la
   persona viuda del fallecido con otra que hubiera sido cónyuge
   de este último, y del que en el momento del fallecimiento se
   encontraba divorciada, se establecerán las oportunas
   modificaciones normativas en orden a que exista una garantía
   del 50 por 100 de la pensión en favor del cónyuge
   sobreviviente, que cumpla los requisitos para acceder a la misma.

5. Para
   los nacidos con posterioridad a 1º de enero de 1967 se
   establecerán, previa la realización de un estudio, en
   el marco de la Comisión no Permanente de valoración de
   los resultados del Pacto de Toledo, reglas para la reformulación
   de la pensión de viudedad que, a su vez, serán objeto
   de negociación en el marco del diálogo social.

4.  Pensión
   de orfandad.

En el ámbito de la pensión de orfandad, se acuerdan las
siguientes medidas:

1. La
   atribución del porcentaje del 70 por 100 en la pensión
   de viudedad, en los supuestos de menores rentas, no irá en
   detrimento de la cuantía de las pensiones de orfandad.

2. La
   mejora progresiva de la pensión mínima de orfandad,
   en el caso de beneficiarios, menores de 18 años y con una
   discapacidad igual o superior al 65 por 100.

3. El
   incremento de la cuantía de las pensiones de orfandad, en el
   caso de parejas de hecho, cuando el conviviente supérstite
   no tuviese derecho a la pensión de viudedad, en los términos
   previstos en el párrafo c) de la medida III.3.

5.  Prestación
   de incapacidad temporal.

En el ámbito de la incapacidad temporal, se acuerda la adopción
de las siguientes medidas:

1. La
   modificación de la normativa de Seguridad Social, de modo
   que, cuando el proceso de IT derive de una contingencia profesional
   y durante la percepción de la prestación se extinga el
   contrato de trabajo, el interesado seguirá percibiendo la
   prestación por IT hasta el alta médica, pasando
   después, si reúne los requisitos necesarios, a la
   situación de desempleo, sin que el período de la
   situación de IT consuma período de prestación
   de desempleo.

2. Se
   procederá al análisis de la regulación jurídica
   de la prestación de IT, así como de sus modalidades de
   gestión, con la finalidad de definir con mayor precisión
   las funciones de los Servicios de Salud y de las Entidades que
   gestionan la prestación económica, respecto de los
   procesos de incapacidad, a fin de evitar que, debido a diagnósticos
   diferentes de unos y otras, puedan producirse situaciones de
   desprotección de los trabajadores

IV.
MEDIDAS EN TORNO A LA EDAD DE JUBILACIÓN Y A LA PROLONGACIÓN
DE LA VIDA LABORAL.

 Con
el objetivo de adecuar la jubilación a la realidad actual,
adoptando medidas que, en línea con las orientaciones de la
Unión Europea y otros Organismos Internacionales, procuren
incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, así
como una mayor conexión entre los mecanismos de jubilación
flexible con los requerimientos de los procesos productivos, las
partes firmantes del acuerdo se comprometen a la adopción de
las siguientes medidas:

1. Jubilación
   parcial.

 El
acceso a la regulación de la jubilación parcial se
supedita al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. La
   edad de acceso será:

• Para
  los trabajadores “mutualistas”, 60 años de edad.

• Para
  el resto de los trabajadores, 61 años de edad.

 En
cualquiera de los dos casos, la edad de acceso habrá de ser
efectiva, sin que quepa aplicar sobre la misma coeficientes
reductores de la edad de jubilación.

 Se
acuerda que para los trabajadores no “mutualistas” la
exigencia de los 61 años de edad se lleve a cabo de forma
gradual, en el plazo de 6 años, incrementándose en 2
meses la edad actual de 60 años por cada año
transcurrido desde la entrada en vigor de la medida.

2. En
   orden a garantizar que la jubilación parcial se aplica
   dentro de los objetivos a que debe responder dicha modalidad, para
   acceder a la misma será preciso la acreditación, por
   parte del trabajador relevado, de un período de antigüedad
   mínima en la empresa de 6 años, período que
   será exigido paulatinamente en la forma siguiente:

• A
  la entrada en vigor de la disposición que apruebe la medida,
  2 años.

• Transcurrido
  el primer año desde la fecha de entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, 3 años

• Transcurrido
  el segundo año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, 4 años.

• Transcurrido
  el tercer año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, 5 años.

• Transcurrido
  el cuarto año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, 6 años.

 Para
el cómputo de los períodos de antigüedad
señalados, se tendrán en cuenta los acreditados en una
empresa anterior, que haya sido sucedida por la empresa sobre la que
se produce la jubilación parcial, así como la
antigüedad en empresas pertenecientes al mismo grupo.

3. Será
   preciso que el trabajador relevado acredite el siguiente período
   de cotización:

• A
  la fecha de entrada en vigor de la disposición que apruebe la
  medida: 18 años.

• Transcurrido
  el primer año de la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida: 21años.

• Transcurrido
  el segundo año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se exigirán 24 años
  de cotización.

• Transcurrido
  el tercer año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se exigirán 27 años
  de cotización

• Transcurrido
  el cuarto año desde la fecha de entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se exigirán 30 años
  de cotización.

4. La
   reducción máxima y mínima de la jornada
   habitual de trabajo del trabajador que pasa a la jubilación
   será del 75 por 100 y del 25 por 100, respectivamente.

 La
implantación de esta medida se llevará a cabo de forma
gradual, en un periodo de cuatro años, del modo siguiente:

• Transcurrido
  el primer año desde la entrada en vigor de la disposición
  que apruebe la medida, los porcentajes indicados serán del 82
  por 100 y 25 por 100, respectivamente.

• Transcurrido
  el segundo año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se aplicarán los
  porcentajes del 80 por 100 y del 25 por 100, respectivamente.

• Transcurrido
  el tercer año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se aplicarán los
  porcentajes del 78 por 100 y 25 por 100, respectivamente.

• Transcurrido
  el cuarto año desde la fecha de la entrada en vigor de la
  disposición que apruebe la medida, se aplicarán los
  porcentajes definitivos del 75 por 100 y del 25 por 100,
  respectivamente.

 No
obstante, si el jubilado parcial acredita, en la fecha de efectos de
la jubilación parcial, 6 años de antigüedad en la
empresa y 30 de cotización a la Seguridad Social, los
porcentajes de reducción de la jornada podrán
establecerse entre el 85 por 100 y el 25 por 100, siempre que el
trabajador relevista sea contratado a jornada completa y mediante un
contrato de duración indefinida. En estos supuestos, respecto
de la edad de los trabajadores que acceden a la jubilación
parcial, se exigirá 60 años hasta el sexto año
de entrada en vigor de la norma que incorpore al ordenamiento
jurídico las medidas contenidas en este apartado IV.1, y 61
años a partir del séptimo.

5. En
   los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos
   del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo
   de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya
   a desarrollar el trabajador relevista, se precisará que
   exista una correspondencia entre las bases de cotización de
   ambos, de modo que la relativa al trabajador relevista no podrá
   ser inferior al 65 por 100 de la base por la que venía
   cotizando el trabajador que pasa a la jubilación parcial.

 De
forma transitoria, los convenios y acuerdos colectivos que estén
vigentes a la entrada en vigor de la disposición que apruebe
las medidas contenidas en este apartado IV. 1, seguirán
rigiéndose, en lo que se refiere a los compromisos sobre
jubilación parcial y hasta la finalización de su
vigencia y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2009, por las
previsiones contenidas en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre

2. Jubilación
   anticipada.

En el ámbito de la jubilación anticipada se acuerdan las
siguientes medidas:

1. Los
   coeficientes reductores de la cuantía de la pensión,
   en los supuestos de extinción no voluntaria de la relación
   laboral para todos los trabajadores que acrediten entre 30 y 34
   años de cotización, serán del 7’5 por 100
   por cada año que falte para el cumplimiento de los 65 años
   de edad.

2. Se
   adoptarán medidas de mejora de las pensiones causadas,
   antes de 1º de enero de 2002, por trabajadores con 60 ó
   más años que hubiesen sido despedidos y accedido a
   la jubilación anticipada, acreditando 35 ó más
   años de cotización, a través de la
   incorporación a la pensión que se venga percibiendo
   de una cantidad a tanto alzado

3. Se
   adoptarán las medidas normativas necesarias, en orden a
   calificar como involuntaria la extinción de la relación
   laboral producida en el marco de los expedientes de regulación
   de empleo (ERES), a los efectos de la aplicación de las
   reglas de Seguridad Social sobre jubilación anticipada, en
   los términos del artículo 161.3 y de la disposición
   transitoria 3ª de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Reducción
   de la edad por realización de trabajos penosos, peligrosos o
   tóxicos.

 Se
desarrollarán reglamentariamente las previsiones del artículo
161.2 de la LGSS, sobre reducción de la edad de jubilación
a nuevas categorías de trabajadores, estableciendo un
procedimiento general en el que se prevea, la realización
previa de estudios sobre siniestralidad del sector, penosidad,
peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, incidencia de
procesos de incapacidad temporal o permanente o requerimientos
físicos en la actividad.

La
aplicación de nuevos coeficientes será, en todo caso,
sustitutiva de la modificación de las condiciones de trabajo,
que deberá ser la vía ordinaria de resolución de
estas situaciones y habrá de suponer la modificación,
de acuerdo con criterios de equilibrio, de las cotizaciones.

En
ningún supuesto, la aplicación de los coeficientes
reductores podrá ocasionar que la edad de acceso a la
jubilación pueda situarse en menos de 52 años. En los
regímenes especiales que posibiliten en la actualidad edades
inferiores, se aplicará un período transitorio en la
aplicación de la nueva regulación.

4. Cotización
   a la Seguridad Social durante la percepción del subsidio de
   desempleo para mayores de 52 años.

Al
objeto de propiciar mayores cotizaciones con el efecto
correspondiente en la pensión de jubilación, la base de
cotización durante las situaciones del subsidio de desempleo
para los mayores de 52 años, con derecho a pensión de
jubilación, será equivalente al 125 por 100 del SMI.

5. Incentivos
   a la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Con la
finalidad de incrementar el número de trabajadores que deciden
voluntariamente llegar a la edad ordinaria de jubilación o
retrasarla, la prolongación voluntaria de la vida laboral mas
allá de la edad ordinaria de jubilación debe estar
incentivada, con independencia tanto de los años cotizados (si
estos superan el período de carencia), como de la base de
cotización.

La
pensión de los jubilados a partir de los 66 años debe
ser superior en todo caso a la que les correspondería a los 65
años.

Para el
cumplimiento del objetivo señalado, se acuerda la adopción
de las siguientes medidas:

1. Quienes
   se jubilen con 66 o más años de edad real tendrán
   los siguientes beneficios:

a.1)
Si el pensionista tiene derecho a la pensión máxima,
percibirá anualmente una cantidad a tanto alzado equivalente a
un 2 por 100 de la magnitud citada por cada año que haya
transcurrido después del cumplimiento de los 65 años o
de la fecha en que se adquiere el derecho a la pensión máxima,
de ser posterior. Dicho porcentaje será del 3 por 100 si, en
las fechas señaladas, el interesado acredita 40 o más
años de cotización.

En
ningún caso, la suma de la cantidad a tanto alzado más
el importe anual de la pensión máxima podrá
superar la cuantía, también en cómputo anual,
del tope máximo de cotización.

a.2) En
los supuestos en que no se alcance la cuantía de la pensión
máxima, se tendrá derecho a un incremento de un 2 por
100 sobre la base reguladora (adicional al que corresponda según
los porcentajes en función de años cotizados,
establecidos en el artículo 163 de la Ley General de la
Seguridad Social) por cada año que haya transcurrido después
del cumplimiento de los 65 años, salvo que en dicha fecha se
tengan acreditados 40 años de cotización, en cuyo caso
el porcentaje indicado será del 3 por 100.

A
partir de la fecha en que se alcance la cuantía de la pensión
máxima establecida en cada momento, se aplicará lo
previsto en el apartado a.1) anterior

2. En
   el Régimen General y en los regímenes especiales
   asimilados, se ampliarán a todos los trabajadores mayores de
   59 años con contrato indefinido las bonificaciones ya
   existentes para mayores de 60 años con cinco años de
   antigüedad

Una vez
transcurridos tres años desde la implantación de la
medida, se llevará a cabo una evaluación sobre el
impacto de la misma, así como si su extensión a otros
colectivos podría tener efectos significativos respecto del
mantenimiento del empleo.

V.
REFORMAS EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En el
marco de las Recomendaciones 3ª y 6ª del Pacto de Toledo,
es una exigencia de la equidad que debe presidir el sistema de
protección social la equiparación en prestaciones y
obligaciones de los cotizantes del sistema, simplificando su
estructura de regímenes.

En este
marco, se conviene la adopción de las siguientes medidas:

1. Conforme
   a los acuerdos alcanzados con las Organizaciones Profesionales
   Agrarias, se integra en el Régimen Especial de Trabajadores
   Autónomos (RETA) a los trabajadores por cuenta propia del
   Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS)
   estableciéndose un sistema especial de cotización en
   favor de estos trabajadores agrarios por cuenta propia, titulares de
   explotaciones familiares o que trabajen en las mismas.

2. Por
   otra parte, en el momento actual la configuración del REASS,
   trabajadores por cuenta ajena, realizada hace cuarenta años,
   manifiesta su obsolescencia y su inadecuación a los cambios
   económicos, sociales y demográficos experimentados en
   el sector agrario español y su mercado de trabajo.

Ya en
el Pacto de Toledo de 1995, se contenía una llamada a la
simplificación de Regímenes, ratificada en las
recomendaciones de su renovación parlamentaria de 2003, en el
que se contiene una referencia más precisa a un proceso
paulatino, que comprendiera un análisis exhaustivo, un amplio
período transitorio y la consideración de las
especificidades del sector. Asimismo, durante estos años se
han producido integraciones parciales, se ha suscrito el Acuerdo de
2005 para reconvertir el REASS, trabajadores por cuenta propia, en un
sistema especial de cotización dentro del RETA, y están
en tramitación modificaciones normativas que persiguen la
flexibilización del encuadramiento de los trabajadores.

Para
contribuir a tal fin, se acuerda que el REASS, trabajadores por
cuenta ajena, se integre en el Régimen General de la Seguridad
Social, mediante la articulación de un sistema especial que
permita avanzar en la efectiva equiparación de las
prestaciones para los trabajadores y que evite un incremento de
costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las
explotaciones agrarias. A tal fin, se establece un período
transitorio entre 15 y 20 años.

Este
proceso debe dar soluciones concretas a la problemática de
subsectores específicos, encuadrados ahora parcialmente en los
dos regímenes, a las modificaciones de encuadramiento que han
producido efectos evaluados críticamente por los colectivos
afectados, al colectivo de trabajadores de mayor edad y menor
actividad laboral, a la consideración especial de las
situaciones de inactividad, y al conjunto de particularidades del
sector.

Se
constituye un Grupo de Trabajo formado por la Administración,
las Organizaciones más representativas de empleadores agrarios
y las Federaciones Agroalimentarias de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras y de la Unión General de
Trabajadores, que elevará sus conclusiones a la Comisión
de Seguimiento y a la Administración para el desarrollo de
este Acuerdo.

La
integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en
el Régimen General de la Seguridad Social se producirá
el 1º de enero de 2009, de acuerdo con los objetivos reflejados
en los párrafos anteriores de este apartado 2 y partiendo de
los actuales tipos de cotización.

3. En
   paralelo a este proceso, en relación con el Régimen
   Especial de los Trabajadores del Mar y el RETA, se adoptarán
   las medidas necesarias a fin de impulsar la diversificación
   de actividades para los colectivos que quieran complementar la
   recolección y cultivo de especies marinas con procesos de
   manipulación, envasado y comercialización de las
   mismas.

4. En
   relación con el Régimen Especial de Empleados de Hogar
   se procederá al estudio de la regulación de la
   relación laboral de carácter especial, a fin de
   proponer en su caso, su adecuación a la realidad actual.
   También y con el objetivo de convergencia de prestaciones con
   el Régimen General (especialmente, en la cobertura de
   contingencias profesionales y de la fecha de inicio del percibo de
   la prestación de IT) se analizará el establecimiento
   de medidas de aplicación paulatina que permitan la
   convergencia de tipos de cotización entre ambos regímenes,
   en el horizonte de que el Régimen de Empleados de Hogar
   confluya en el Régimen General, cuando la identidad de tipos
   de cotización sea plena.

En
paralelo, se establecerán bonificaciones y cursos de formación
que permitan la incorporación al Régimen General del
trabajo de cuidados realizados en el hogar.

Mantenimiento,
en tanto se realice la actividad, del alta y de la cotización,
así como de un nivel adecuado de protección.

5. Se
   estudiará la modificación de la legislación
   reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con la
   finalidad de obtener una gestión que procure una mayor
   rentabilidad para sus dotaciones, garantizando la seguridad en las
   inversiones

6. De
   igual modo, se procederá a la simplificación y
   unificación de las reservas de las Mutuas de Accidentes de
   Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de
   manera que, sin perjuicio del seguimiento sobre la adecuación
   de las tarifas de cotización por contingencias profesionales
   a la realidad productiva y a la evolución de las
   correspondientes prestaciones, se posibilite una gestión más
   transparente de estas entidades y una consideración global de
   las reservas del sistema de la Seguridad Social.

VI.
SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA.

Las
partes firmantes de este Acuerdo se comprometen a proponer la
adopción de las medidas necesarias para garantizar en todo
momento la sostenibilidad del sistema, su mejora y adaptación
a la realidad social existente.

VII.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El
seguimiento y evaluación de las medidas que se contienen en el
presente Acuerdo se realizará a través de una Comisión
formada por los firmantes de este Acuerdo. Asimismo, esta Comisión
realizará un seguimiento del desarrollo normativo del Acuerdo.
Todo ello sin perjuicio de los procedimientos de consulta y audiencia
a las Organizaciones Empresariales y Sindicales más
representativas previstos en la legislación vigente.

De
igual modo, se pondrá a disposición de las
Organizaciones Sociales firmantes del presente Acuerdo, a través
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, informes con la debida antelación sobre el
Anteproyecto de Presupuestos anuales de Seguridad Social, los
Presupuestos liquidados y con carácter bianual sobre las
perspectivas de futuro del Sistema, así como sobre todas las
cuestiones de relevancia económica para el futuro de la
Seguridad Social.

La
citada Dirección General elaborará, al cabo de los dos
años siguientes a la firma del presente Acuerdo, un Informe
sobre la evolución de contribución y prestaciones en el
sistema, abordando los aspectos más relevantes para la acción
protectora y la sostenibilidad, tanto globalmente como por sectores
concretos (edad y método de cálculo de la pensión
de jubilación, bases de cotización y prestaciones,
etc.).