En relación al anuncio de la empresa de ofrecer salidas
voluntarias individualmente a las personas nacidas en 1956, 1957 y 1958 a
partir de septiembre, una vez estudiado el asunto por nuestra Asesoría Jurídica
y viendo que lo propuesto por Liberbank incumple el Acuerdo firmado en
diciembre de 2013 y que también vulnera el derecho fundamental de libertad
sindical en su vertiente de derecho a la negociación colectiva, hemos decidido
presentar conflicto colectivo contra esa pretensión.
En esta ocasión y aunque no es necesario, desde CCOO hemos
solicitado una mediación judicial ante el SIMA con el doble objetivo de dar a
la empresa una oportunidad al dialogo y también de que el resto de sindicatos
tengan la oportunidad de valorar y decidir si se quieren adherir a nuestra demanda
o no.
[…]
Lógicamente de acabar sin acuerdo tal mediación,
presentaremos en la Audiencia Nacional la demanda que ya tenemos preparada por
este motivo.
Como sabemos que hay mucha gente que se quiere ir, volvemos
a aclarar que en CCOO no estamos en contra de que existan salidas siempre y
cuando sean voluntarias, pero como sindicato no podemos permitir que se hagan
de esta manera.
Primero porque se pretenden realizar en fraude de ley. El
anuncio de 615 bajas no es ni puede ser tratado como un asunto «individual» entre las partes, sino como un ERE de alcance colectivo.
Segundo porque, como ya hemos dicho, la empresa incumple de
nuevo (que obsesión) el Acuerdo de diciembre de 2013 pues en él se establece el
compromiso a que «antes de abordar cualquier proceso de reordenación o
reestructuración de alcance colectivo, las partes promoverán la negociación con
la representación de los trabajadores de las medidas a adoptar«. Y esta medida,
aunque solo sea por el impacto que todas estas bajas tienen sobre el resto de
la plantilla, queda claramente dentro de ese supuesto.
Tercero, porque el sistema es totalmente arbitrario. Como,
contrariamente a lo habitual, esta vez lo han anunciado con dos meses de
anticipación, no hemos tenido ni que esperar a que lo anunciado se ponga en
marcha para comprobar como algún jefecillo territorial, haciendo gala de su
teórico poder, se jactaba y presumía en público de ser él en persona quien iba
a decidir a quién llamaba y cuánto le ofrecía.
Cuarto, porque el sistema que han diseñado únicamente
favorece a la parte más fuerte, la empresa.
Quinto, porque con el sistema propuesto la oferta tenía que
ser necesariamente mala. Como lo pactado entre las partes no se podría llamar
oficialmente «despido» (aunque en realidad lo fuera) tendría importantes
consecuencias; como que no se podría cobrar desempleo, la indemnización
tributaría íntegramente en el IRPF y se perderían algunas ventajas con la
Seguridad Social respecto a las cotizaciones o el acceso a las pensiones por
jubilación.
Sexto y no menos importante, porque estas salidas no pueden
ser pagadas por el resto de la plantilla. Una medida de ese calibre es
incompatible con la existencia de un ERTE que se firmó, entre otros motivos,
para preservar el empleo.
Saludos.