Desde marzo Arriaga Asociados ha dejado de enviar expedientes al centro de trabajo de Zaragoza, lo que ha acabado derivando en un proceso concursal previo al cierre empresarial del centro de trabajo. La representación de Arriaga Asociados ni siquiera ha asistido telemáticamente a la segunda reunión del ERE de extinción.
En febrero de 2017, la familia Arriaga creo un nuevo centro de trabajo en Zaragoza bajo la razón social Oion Business Suport. Este centro de trabajo, que en plena campaña de reclamaciones bancarias llegó a superar el millar de personas en plantilla, atendía telefónicamente a los clientes de Arriaga Asociados, gestionaba la documentación de sus expedientes, identificaba las cláusulas nulas de los contratos, clasificaba las demandas según su cauce procesal, redactaba y revisaba las propias demandas e incluso las enviaban directamente al procurador. Es decir, aunque los clientes contrataban el servicio con el despacho de abogados Arriaga Asociados, el trabajo se derivaba al centro de trabajo de bajo coste en Zaragoza que desarrollaba un “proceso industrializado” de demandas.
Para aumentar el beneficio, Arriaga, decidió aplicar a la plantilla de Zaragoza el convenio de gestorías administrativas con un salario medio de 13.000 euros, en lugar del convenio provincial de oficinas y despachos con salarios por encima de 17.000 euros.
En diciembre de 2019 la plantilla decidió organizarse y promover elecciones sindicales. El comité de empresa, con un 77% de representación de CCOO, denunció ante la Inspección de Trabajo la incorrecta aplicación del convenio, resolviendo la Inspección que “teniendo en cuenta la actividad desarrollada por la empresa, es de aplicación el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos”, practicando acta de liquidación a la empresa por diferencias en la cotización de los trabajadores y apreciando responsabilidad solidaria de la empresa Arriaga Asociados en esas cotizaciones.
Según estimaciones de CCOO, la liquidación de Arriaga con la Inspección de Trabajo desde el inicio de la actividad laboral podría alcanzar el millón de euros, lo que seguramente ha sido determinante a la hora de que la dirección empresarial tomase la decisión de cerrar el centro de trabajo de Zaragoza.
A día de hoy, el administrador único, el señor Ruiz de Arriaga, está desaparecido y no atiende a las llamadas del comité de empresa, la plantilla se encuentra sumida en un proceso concursal previo al cierre empresarial que la abocará al FOGASA, ya que la empresa ha sido previamente descapitalizada y no tiene capacidad para afrontar ningún tipo de indemnización por despido.
En este sentido, CCOO coincide con la Inspección de Trabajo y considera a Arriaga Asociados responsable solidaria de la situación del centro de trabajo de Zaragoza, y por lo tanto, exigirá que sea Arriaga Asociados quien se haga cargo de las indemnizaciones por los despidos, los salarios adeudados y las cotizaciones a la Seguridad Social pendientes de abonar.
