LA SITUACIÓN EN EL SECTOR DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO: ¿SERÁ POSIBLE LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN?
La situación de incertidumbre que se vive en el Sector Financiero viene centrando la preocupación del Banco de España en tres aspectos fundamentales: Liquidez, Solvencia y Morosidad.
Las dimensiones de las actuales Cooperativas de Crédito para hacer frente a los riesgos que la situación presenta no son las más adecuadas. Ya en el 2005, ante el fracaso del intento de Consolidación de Balances, el Banco de España mostró su preocupación y por ello no es extraño que desde el pasado año esté presionando para que las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito desarrollen un sistema protector al amparo de las posibilidades abiertas por la Directiva Comunitaria 2006/48/CE y su posterior desarrollo a través de la circular 3/2008 DE 10 DE Junio de 2008 del Banco de España. El modelo a desarrollar, denominado “SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN (SIP)”, permitiría afrontar con más garantías las dificultades relacionadas con la liquidez, la solvencia y la gestión de colectiva de riesgos.
EL PUNTO DE PARTIDA
En palabras de un alto directivo del B. de España, el desarrollo del SIP es una exigencia, un proyecto estratégico, ante la situación general del sector financiero y la particular de las Cajas Rurales, que resumió aludiendo a las siguientes razones:
– Las Cooperativas de Crédito han perdido cuota, principalmente en el mercado de depósitos, con lo que aumenta su exposición a los riesgos derivados de la liquidez.
– La inversión crediticia sobre acreedores no bancarios está en el 103%, con una morosidad en crecimiento.
– Presentan el ratio de eficiencia más débil de las entidades de depósito, un 54%, diez o quince puntos por encima de bancos y cajas de ahorro.
Por otro lado, en los últimos años, a juzgar por los hechos, se puede hablar de dos dinámicas entre las Cooperativas de Crédito, desarrollando algunas un modelo expansivo, con una búsqueda de mayor tamaño y otras, manteniéndose en un modelo más conservador. Sin embargo, en general, resulta claro que el asunto de la dimensión es una “asignatura pendiente” en el sector y que los persistentes personalismos, que ya hicieran fracasar la consolidación de balances en el 2005, siguen siendo un obstáculo para cualquier proyecto.
¿QUÉ ES EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN (SIP)?
Este sistema, supondría un mecanismo de apoyo y defensa mutua entre las Cajas Rurales que lo integren, con la intención de garantizar la liquidez y solvencia de todos sus miembros, permitiendo a cada cooperativa mantener su identidad y personalidad jurídica. Aunque el Grupo Caja Rural cuenta ya con un fondo interno de solidaridad, este mecanismo sólo puede entrar en funcionamiento si existe un consenso suficiente en la Asociación. El SIP, por el contrario, garantiza una mayor agilidad para afrontar estas situaciones, dando apoyo a través de fondos inmediatamente disponibles.
Este apoyo reforzaría las garantías de las cajas y mejoraría la valoración de las agencias de calificación, lo que facilitaría el acceso a la financiación en los mercados. Los participantes podrían asimismo beneficiarse de economías de escala y desarrollar nuevos negocios.
Así pues, el sistema ofrecería la posibilidad de establecer un grupo consolidable de entidades de crédito, sin que exista control cruzado, y donde se asigne una ponderación del 0% a los riesgos mantenidos entre los miembros de dicho sistema. El punto 5 de la norma decimoquinta dice textualmente:
“ . . . . las entidades de crédito podrán aplicar una ponderación de riesgo del 0% a sus exposiciones frente a contrapartes que pertenezcan al mismo sistema institucional de protección que la entidad acreedora, siempre que se cumplan las condiciones siguientes. . . .”
De entre las condiciones que se establecen destacamos las siguientes (para una información completa ver (http://www.bde.es/normativa/circu/c200803.pdf)
– Que el SIP sea a través de unacuerdo contractual o a través de un régimen legal de asignación de responsabilidades, las incluya y proteja y, en particular, garantice su liquidez y solvencia cuando resulte necesario, a fin de evitar una situación concursal.
– Que el sistema pueda otorgar elapoyo necesario con arreglo a su cometido, con cargo a fondos disponibles para ello de forma inmediata.
– Que el sistema cuente conmecanismos adecuados, establecidos de manera uniforme para el seguimiento y la clasificación de los riesgos, que ofrezcan una visión exhaustiva de la situación de riesgo de todos los miembros individuales y del sistema en su conjunto. . . ,
– Que el sistema efectúe su propia evaluación de riesgos y la comunique a sus miembros.
– Que el sistema elabore y publique una vez al año, ya sea un informe consolidado que comprenda el balance, la cuenta de resultados, el informe de situación y el informe de riesgos del sistema en su conjunto, ya un informe que comprenda el balance agregado, la cuenta agregada de resultados, el informe de situación y el informe de riesgos del sistema en su conjunto.
– Que los miembros del sistema que deseen abandonarlo estén obligados a notificarlo con una antelación de al menos 24 meses.
– Que se elimine la utilización múltiple de los elementos admisibles para el cálculo de los recursos propios, así como cualquier constitución inapropiada de recursos propios entre los miembros del sistema. A estos efectos, el sistema deberá contar con mecanismos de medición consolidada de sus recursos propios que permitan una evaluación de la adecuación de la solvencia que ofrece el sistema.
– Que el sistema se base en una amplia participación de entidades de crédito con un perfil de negocio predominantemente homogéneo.
LAS DIFICULTADES QUE HABRÍA QUE SUPERAR
Como es fácil suponer, el desarrollo de un sistema así tiene dificultades, unas más importantes y justificadas y otras, no tanto. Entre ellas destacamos:
– Las renuncias a cierta autonomía de gestión de cada entidad a favor del sistema (quizás, la dificultad más importante)
– La forma de compaginar las diferentes políticas de corte expansivo o conservador que mencionábamos
– Los recelos de las cooperativas de menor tamaño respecto a las de mayor tamaño
– La situación de los posibles participantes en relación a la liquidez, solvencia y morosidad que presenten a priori
– Y, por supuesto, la superación de los reiterados personalismos, que han hecho naufragar proyectos anteriores, obviando el interés general y el de los 13.500 trabajadores que están bajo su Convenio.
Sería incomprensible, que a éstas alturas, sin buena parte de las dificultades que han tenido Bancos y Cajas para avanzar en tamaños más apropiados a las exigencias del mercado financiero (como por ejemplo, duplicidad de redes de oficinas), las Cooperativas no encontraran camino alguno para resolver la debilidad que supone la dispersión actual.
Madrid, 13 de abril de 2009.
