Los planes de formación de Indra tardan un mínimo de tres meses en estar disponibles para las personas que trabajamos en la empresa, cada año. Esto se debe a que la ley exige que sean analizados y aprobados por los representantes de los trabajadores de todos los centros de trabajo de la empresa. Pero la solución sería muy simple: implicar a los trabajadores en la definición de esos planes desde un principio, de forma que la aprobación formal de los planes se haga tan pronto estén disponibles, en enero.
Estamos acostumbrados, todos los años, a tener que esperar hasta marzo-abril para tener acceso a los cursos de los planes de formación subvencionada que define la empresa. ¿Por qué no tenemos esos cursos, que pagamos todos del dinero que se detrae de nuestras nóminas, disponibles desde el mismo mes de enero? La excusa de la dirección es que debe pasar por todos los comités de empresa para que éstos analicen esos planes y le den su aprobación.
La aprobación de los representantes de los trabajadores es fundamental para garantizar que ese dinero que pagamos entre todos se dedica a la formación de las personas que trabajamos en Indra, sin ningún tipo de discriminación por motivos de categoría profesional, género, edad, etc. Es un paso ineludible que exige la ley.
Sin embargo, la tardanza en poner a disposición de los profesionales de Indra los cursos de esos planes de formación podría ser fácilmente evitada. Basta con implicar a los representantes de los trabajadores en la definición de esos planes. De esta forma, los planes de formación dispondrían de la aprobación de los representantes de los trabajadores de forma inmediata, en enero. No haría falta el periodo de análisis de los datos previos a su aprobación, porque esos planes habrían sido definidos con la colaboración de los representantes de los trabajadores, que ya habrían podido verificar que éstos cumplen los criterios que marca la ley.
Pero la empresa prefiere definir unilateralmente los cursos y después pasar por el ‘trago’ de pedir a los comités de empresa que se los aprueben. Quizá porque si los representantes de los trabajadores participan en la definición de los planes tendrían mucho que decir sobre el procedimiento que se utiliza para optar a esos cursos (que ahora pasa necesariamente por el responsable de esos trabajadores), o sobre los criterios de acceso a esos cursos (de nuevo en manos de los responsables) o sobre la disponibilidad de cursos presenciales, sobre todo fuera de Madrid.
La solución es fácil y clara: la creación de una comisión de formación para toda la empresa, donde todos los sindicatos estén representados en función de su peso en la empresa. Una comisión que no se limite a revisar los planes propuestos por la empresa, sino que participe en la definición de esos mismos planes a partir de las necesidades expresadas por los trabajadores, y no solo por la dirección de cada mercado o proyecto. Una comisión que defina los procedimientos y criterios para la solicitud de los cursos, para que no solo dependa de la dirección de los distintos mercados. Una comisión que establezca los criterios de acceso a los permisos individuales de formación, para que no sólo dependa de la arbitrariedad de cada responsable o de recursos humanos.
CC.OO. lleva muchos años pidiendo la creación de esa comisión de formación. La situación económica, que exige que se refuerce la formación de las personas que trabajamos en Indra para ser suficientemente flexibles para adaptarnos a las necesidades del mercado, hace la creación de esta comisión de formación más urgente que nunca.