Autor: CEISS

Con él, el sistema financiero puso su contador a cero. Está a
punto de acabar con 150 años de historia de las cajas para convertirlas
en bancos. La crisis económica le sirvió de excusa para iniciar un
proceso marcado por los constantes vaivenes a su política y, en algunos
casos, una clara falta de rigor a la definición de su cargo: la
supervisión de las entidades financieras españolas.

Los agujeros encontrados en CCM y Cajasur le recordarán en los libros de historia a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como el médico que sólo diagnosticó un constipado cuando el organismo estaba podrido.

Si
hay una opinión en la que coinciden tanto bancos y cajas (que ya es
difícil) como expertos es que el Banco de España ha reaccionado en todo
momento desde que estalló la crisis con «improvisación» y «sin anticipación».
«No se ha querido reconocer en ningún momento la realidad de la
situación», pese a que desde bancos y cajas se le estaba advirtiendo de
lo que se venía encima, aseguran representantes de ambos sectores.
Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada,
admite que buena parte de la situación actual se debe a que «no se hizo
un diagnóstico preciso de los problemas que iba a haber».

Y falló en la primera entidad con problemas. El resto de cajas lo vio, pero él no.

CCM y Cajasur

Cuando
Fernández Ordóñez intentó que Ibercaja absorbiera a Caja Castilla-La
Mancha para evitar su intervención, le ofreció mil millones de euros en
ayudas. Amado Franco le dijo que no; hacía falta mucho más dinero. La
misma situación vivió el gobernador del Banco de España cuando unos días
después hizo el mismo intento con Unicaja. Braulio Medel replicó que
con menos de 3.000 millones no se podía hacer. Ordóñez se encastilló y acabó por intervenir CCM ante la imposibilidad de que otra caja le solucionara el problema.

La
realidad acabó, poco después, por dar la razón a Franco y a Medel y
sacó los colores al gobernador, porque para venderla a Cajastur tuvo que
conceder unas ayudas de 1.300 millones más una garantía de 2.475 millones para hacer frente a la morosidad que vaya apareciendo. ¿Cómo es posible
que quien tenía acceso a los números de CCM no pudiera ver lo que el
resto tenía tan claro?

Y no fue la única vez que sucedió. Poco
después se repitió la historia con Cajasur. Tras la intervención y su
venta a BBK, la caja vasca descubrió que los problemas que había dentro
de la cordobesa eran muy superiores a los que el Banco de España había
escrito en el cuaderno de venta. Unos mil millones más de agujero de lo
calculado (y eso que la gestión estaba en manos del supervisor), más lo
que vaya saliendo. Otro mal cálculo de grandes dimensiones. Desde el
Banco de España justifican que después de intervenir una entidad siempre
salen pérdidas muy superiores a las que se conocían porque se utilizan
criterios de una prudencia exagerada, que multiplican los morosos y, por
tanto, las pérdidas.

En
el sector admiten parte de esta argumentación, pero recuerdan que en el
caso de Cajasur, por ejemplo, el agujero apareció cuando entró BBK una
vez que ya había salido el Banco de España, lo que demuestra que no se
enteró de lo que había ahí dentro.

La credibilidad y la CAM

Y
esos malos cálculos no sólo afectan a esas dos entidades y a sus
compradoras, la verdadera consecuencia de lo ocurrido tras cada
intervención es que «ahora se duda de las cuentas de todas las cajas de ahorros»,
asegura el ejecutivo de una gran entidad española. El supervisor «ha
perdido su credibilidad», añade otro, y la prueba está en que nadie quiere hacerse cargo de la CAM porque dudan de qué puede haber dentro. Si se confiara en el Banco de
España, a alguien le saldrían las cuentas para comprarla.

Con
la CAM se ha dado otra de estas situaciones de recálculo de su
realidad, aunque en este caso ha sido el supervisor el que ha elevado la
cifra de las dificultades. Tras realizar una inspección en diciembre,
abrió un acta a la caja alicantina obligándole a elevar en 1.400
millones su cifra de créditos morosos. Esta fue una de las razones que provocaron la ruptura con sus socios Cajastur, Extremadura y Cantabria.

Y,
precisamente, la situación de la CAM es una de las circunstancias que
más está poniendo en entredicho la actuación del Banco de España, un
organismo que hasta bien iniciada la crisis (y todavía en muchos
aspectos, como las exigencias de provisiones antimorosidad) gozaba de la
máxima credibilidad en los mercados internacionales. La institución se
niega a intervenirla. Tiene un argumento de peso: su capital regulatorio
(la solvencia que se le exige por ley) supera el mínimo establecido.

La
realidad, sin embargo, es que podría hacerlo si de verdad sacara a la
luz todos sus créditos de riesgo, aseguran fuentes del sector
conocedoras de las cuentas de la CAM. Igual que afloró 1.400 millones en
enero, podría sacar otros tantos, los suficientes como para que
estuviera en una situación de intervención. «No quiere intervenir y alarga los procesos hasta que no hay más remedio»,
como hizo en el caso de Cajasur y CCM, asegura el consejero de Economía
de una comunidad autónoma, que no quiere ser citado, al igual que
numerosos representantes de bancos y cajas que han hablado con Público en las últimas semanas. Quieren seguir a bien con el supervisor (de él
depende su futuro) porque creen que «si no haces ruido es más fácil
negociar con él», aunque critican duramente su actuación durante la
crisis.

Una
de las grandes reclamaciones que desde varios bancos se le dirigen al
Banco de España es que no haya aprobado un buen procedimiento de
intervención. Ya desde la crisis de Banesto, dicen, se vio la necesidad
de esta nueva normativa, pero sobre todo se hizo patente tras la entrada
en CCM. «Con la aprobación del FROB tuvieron una oportunidad de crear
este instrumento legal, pero la desaprovecharon», dicen en un banco,
donde reclaman al supervisor que «como en tantas otras cosas, no ha hecho los deberes».

Crédito para el ladrillo

Desde
la banca se alertó ya en septiembre de 2007, poco después de que
saltara la crisis de las hipotecas basura, de que había un problema con
las carteras inmobiliarias de las entidades financieras. «Entonces se
debería haber empezado a hacer algo», asegura un ejecutivo de un banco.

Y
previamente se tendría que haber puesto freno a la concesión de crédito
inmobiliario (la burbuja habría sido menor), asegura Carbó, quien añade
que el «gran nubarrón» que queda ahora es reconocer la realidad de los
balances de las cajas y los bancos. «No hemos sido capaces de hacer el
gran ejercicio de transparencia», reconoce el catedrático. Con esa
afirmación, que comparten numerosos expertos, sobre todo analistas
internacionales, queda de manifiesto que no se confía en las cifras
comunicadas por las entidades y por el Banco de España. Ni siquiera
después de haber desnudado públicamente su exposición al ladrillo por exigencia del supervisor.

Y
esas dificultades con el sector inmobiliario que entonces eran
asumibles era evidente que iban a convertirse con el tiempo en un grave
problema de solvencia, sobre todo en el caso de las cajas, que no podían
captar capital porque su normativa se lo impedía. Pero el supervisor
permaneció inmóvil al respecto «cuando todavía había capacidad de
maniobra», recuerdan en el sector, por mucho que ahora reclame que no se
hicieron reformas cuando se pudo.

No fue hasta julio de 2010
cuando se aprobó una ley de cajas que permitía a estas entidades acceder
a fondos con los que elevar su solvencia (y fue por insistencia de las
propias cajas). Pero ya el problema era demasiado grave.

Hasta
entonces, se había apostado por impulsar unas fusiones que han estado
«demasiado mediatizadas por los gobiernos autonómicos», asegura Javier
Niederleytner,profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Desde
dentro del Banco de España llegaron a reconocer que «se hicieron las
fusiones que se pudieron y no las que se quisieron». Los lazos políticos
de unas comunidades con otras y la cercanía de los gestores de unas
cajas con los de otras fueron lo que marcaron las uniones que se han
realizado, en lugar de las razones económicas, que es lo que debería
haberlas guiado. El supervisor «ha sido demasiado blando», dice Niederleytner, mientras Carbó añade que ha reaccionado «con lentitud» y perdido «un tiempo precioso hasta junio de 2010».

Cuestión de tamaño

Pero
en ese tiempo el supervisor pensaba que lo primordial (sin dejar de
exigir provisiones y saneamientos millonarios) era aumentar el tamaño de
las entidades. Cuando la crisis irlandesa le demostró de nuevo que los
problemas eran más graves de lo que quería reconocer, tuvo que dar un
nuevo viraje y obligar a las medias fusiones, que hasta ahora había
permitido e impulsado (los SIP), a convertirse en integraciones plenas.
Para entonces, ya se había llegado a diciembre de 2010, tres años después de estallar la crisis.

Pero
en enero de nuevo todo cambió. Las exigencias de los grandes bancos,
que entraron en cólera cuando comprobaron que seguían sin poder emitir
en los mercados internacionales (por culpa, creían, de la mala imagen de
las cajas), hicieron que el Banco de España y el Gobierno se pusieran
manos a la obra con una nueva normativa. Lo primordial ya no era el
tamaño, ni los saneamientos, ni las fusiones, ahora lo que importaba era
el capital, la conversión en bancos y la salida a Bolsa.

Dinero público

Y
mientras se cambia de rumbo cada poco tiempo, el volumen de dinero
público que se entrega a las entidades sigue creciendo. Y todavía sin
que ello haya supuesto que se levante de la silla a los ejecutivos que
han llevado a las cajas a esta situación. «Los gestores malos deberían irse a la calle y nadie les está reclamando nada», critica Niederleytner.

Carbó
considera «crítico» que se avance en la profesionalización de los
órganos de gobierno de las entidades. También lo reclamó el propio
gobernador públicamente la semana pasada, pero en realidad no hace nada para luchar contra ello.
En sus manos está la aprobación de los Consejos de Administración de
los nuevos bancos y todavía no ha rechazado ninguno de los propuestos.
Sólo dos de estos nuevos bancos tienen consejeros independientes.

Ordóñez
se quejaba de que no se habían hecho las reformas cuando se debió.
Tampoco él hizo las que estaban en su mano cuando pudo, le recuerda José
Antonio García Rubio, responsable de Economía de IU, quien cree que el
gobernador debería dimitir porque «ha cometido errores gravísimos y como
vigilante del sistema financiero ha demostrado una incapacidad total».
En buena parte, añade, porque se ha preo-cupado por asuntos que no le
correspondían, como la reforma laboral, algo en lo que coincide Chema
Martínez, de CCOO-Comfia.

Tras tantos vaivenes, el gobernador
sigue teniendo ante sí un sistema financiero con dificultades para
financiarse en el extranjero, con fusiones por terminar de concretarse y
con problemas de liderazgo, con varias nacionalizaciones de cajas a la
vista y con tres o cuatro intentos de salidas a Bolsa que todavía no
está claro que vayan a resultar exitosos.

La situación de una parte sustancial del sistema financiero
en España, a pesar del esfuerzo por negarlo, es muy delicada y responde a
una mala praxis de muchas entidades durante los años del boom
inmobiliario con cierta laxitud en la supervisión. En España se mantuvo
durante un tiempo el mensaje de que la banca no presentaba apenas
dificultades para superar la grave coyuntura financiera. Así, se
arbitraron mecanismos en forma de subastas de activos, así como fondos
de préstamos, tratando de diferenciarse de la mayoría de países europeos
o EEUU, donde se ha impuesto la nacionalización.

Bajo este
paraguas de aparente neutralidad se esconde uno de los principales
fracasos del supervisor en España, impensable en otros países,
especialmente en los nórdicos: la falta absoluta de transparencia de las
entidades, que ya se vio al intentar elaborar con el Catastro y el INE
una estadística de precios que hubiese servido para valorar las carteras
inmobiliarias y de suelo.

A
esta falta de transparencia, clave en el caso sueco de los años 90 en
el que lo primero que publicaron el supervisor y el Gobierno, antes de
inyectar dinero, fue la radiografía de todo el sistema financiero, se
une la benevolencia con los equipos gestores, que mantienen su posición,
a diferencia de Suecia o Islandia. En estos casos, la primera premisa
es la depuración de los gestores, coope-radores necesarios, junto a
algunas decisiones del supervisor, para llevar a las entidades a una
situación tan delicada.

El experimento de las fusiones frías ha
provocado que se haya perdido mucho tiempo para solventar los problemas y
ha avivado un triste espectáculo de luchas de poder entre los equipos
fusionados, con la aquiescencia del Ejecutivo y del supervisor. Los
últimos episodios con Banco Base revelan con toda crudeza estas malas
prácticas, falta de transparencia, luchas de poder y también un
escaparate de la política de inversiones del pasado.

El endurecimiento de capitalización, hasta el 10% del corecapital,
y la creación de bancos malos tampoco supone un avance en la solución
del núcleo del problema financiero. Sigue sin dilucidarse quién debe
pagar la deuda. Algunos países, como Suecia, pero también Islandia,
optaron por repartir la carga entre deudores y acreedores. No es de
recibo que sólo los deudores deban pagar, casi siempre con dinero
público, los desmanes de muchas entidades y la falta de supervisión
efectiva.

Frente a este intento de seguir alimentando al enfermo
(con el FROB), se podría haber puesto en marcha otra estrategia. En
primer lugar, y con máxima transparencia, se debería haber dado a
conocer la realidad de todo el sistema. En segundo lugar, haber
descabalgado a todos los equipos gestores y, en tercer lugar, haber
aprovechado para transformar en bancos públicos a aquellas entidades que
de verdad no pueden continuar. Junto a esto, el sector público debería
haber adquirido buena parte del parque inmobiliario ocioso y
sobrevalorado y mediante una quita de, al menos el 50 o el 60% en el
precio, haber creado un gran parque público de alquiler de vivienda.
Esta doble operación permitiría liberar buena parte de los activos
tóxicos que restringen la liquidez (y que sólo las entidades muy
solventes puedan seguir funcionando) y crear un mecanismo de provisión
de crédito para actividades muy determinadas, como el emprendimiento,
cultura, servicios sociales tutelados o innovación, a las que el sector
privado no atiende. La comparación entre las dos estrategias muestra una
ganancia de eficiencia, equidad, transparencia y especialmente liquidez
y solvencia para un verdadero cambio de modelo productivo.

ALEJANDRO INURRIETA* Economista jefe de ‘Lorenzo Dávila EAFI’