Autor: CCOO Bankia

El
Real Decreto (RD) Ley 2/2011, convalidado el 10 de marzo por el Congreso de
los Diputados, tiene por objeto principal establecer nuevas exigencias para
forzar la conversión acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede
entenderse de otra forma la reclamación de aumentar su capital básico al 10%
frente a la exigencia del 8% para los Bancos.

Las
medidas del RD provocan incertidumbre sobre todo el sector independientemente
de los niveles de solvencia, provocando un proceso de debilidad inducida de
manera discrecional, del que es únicamente responsable el Gobierno. Las
mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no
llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aún
más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la obra
social. 

Corresponde
al Bco. España dictar las normas para la valoración de los activos y vigilar
su cumplimiento en las entidades, pero los déficits observados no pueden
resolverse con nuevas normas que dificultan el crecimiento económico y
amenazan la viabilidad de las cajas. Claramente el objetivo es terminar con el
modelo social que representan las Cajas de Ahorro, aprovechando las
dificultades que atraviesan algunas, en lugar de pedir las responsabilidades
correspondientes. Esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes
ven a las Cajas como una anomalía del sistema financiero.

Las
Cajas han sido el único modelo de ejercicio de la actividad financiera que ha
permitido la participación de la sociedad en sus órganos de gobierno, y cuyo
carácter social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al
lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de la creación de
empleo, garantizando un mercado financiero más plural y evitando la
concentración oligopólica de la gran banca. A través de la Obra Social, han
contribuido a apoyar al tejido asociativo, a generar empleo, a la investigación
y la educación, a la defensa del medio ambiente, la cultura y la acción
social, contribuyendo a garantizar la integración de las personas y de los
territorios y revirtiendo parcialmente a la sociedad.

La
liquidación de las Cajas sería la gran desamortización del siglo XXI: la
mitad de las entidades financieras, que son de la sociedad, pasaría a ser de
unos pocos; desaparecerá el dividendo social y los sistemas de inclusión
financiera para colectivos que no son de interés comercial para los bancos; y
se reforzará el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo.

En
las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas y las obras sociales dan empleo
a más de 40.000 personas y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de
las personas más vulnerables. Los proyectos sociales son garantía para la
construcción de una sociedad más justa y cohesionada. En esta fase de
cambios se está dejando deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil
organizada. Es preciso un diálogo con los representantes de los impositores,
trabajadores y entidades sociales.

Exigimos
que se impulsen todos los mecanismos para que los gestores de las cajas que
hayan incurrido en mala gestión asuman sus responsabilidades, a la vez que
reclamamos que se permita dar continuidad a las actividades financieras desde
la lógica y los criterios que son propios de las Cajas de Ahorros.

Consideramos
al RD 2/2011 más como parte del problema que de las soluciones y apreciamos
en él importantes elementos de inconstitucionalidad, ya que se vulneran los
derechos fundamentales de la ciudadanía, que es la propietaria de las Cajas.

Solicitamos
al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad,
asumiendo la defensa de los derechos de la ciudadanía ante lo que sería la
mayor trasferencia de recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a
manos privadas de nuestra historia reciente.

29
de abril de 2011

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