Autor: seccion sindical fraternidad

El sindicato destaca que la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo
se ha producido en condiciones de desigualdad con respecto a los hombres.

Cuando se habla de salud laboral y de los riesgos derivados del trabajo se obvia
la perspectiva e género y como consecuencia, el impacto que tiene sobre la salud
de las trabajadoras las dificultades de conciliación de la vida profesional,
familiar y personal, continúa el comunicado.

En opinión de UGT, no en vano, la precariedad laboral y las peores condiciones
laborales que soportan la mujer trabajadora hacen que sufran elevados índices de
estrés laboral, enfermedades infecciosas, trastornos de las extremidades
superiores, dolencias de piel, asma y alergias y otras patologías.

Además hay que tener en cuenta que la dimensión de la igualdad en su aspecto
integral es un tema de máxima importancia a tener en cuenta en la negociación
colectiva. Significa que salarios, jornada, conciliación, formación, segregación
han de contemplarse con perspectiva de género para evitar la discriminación en
todos estos elementos del empleo y no tengan su repercusión negativa sobre la
salud.

Por otra parte, afirman, la salud de las mujeres en relación al trabajo, si no
se aborda, constituye una barrera para la puesta en marcha de políticas eficaces
de salud en el trabajo y de igualdad de oportunidades. Los riesgos para la
integridad y la salud femenina en el marco del empleo se viene demostrando como
un factor discriminatorio, que se subestima o se pasa por alto. Las prioridades
están definidas por y para hombres, para las profesiones y sectores
específicamente masculinos. El hombre medio es la medida desde la que se
realizan las planificaciones del trabajo, su organización y los medios
materiales, así como las políticas de salud y riesgos laborales.

UGT denuncia asimismo que el sistema y sus estructuras no han evolucionado en
relación a la demanda y a las necesidades de los trabajadores y las
trabajadoras. "Existe una evidente carencia de servicios y de plazas para la
atención de personas dependientes que suponen un verdadero handicap para el
desarrollo pleno y la inserción laboral de las mujeres trabajadoras madrileñas",
continúa Lucila Sanchez, Coordinadora del Gabinete de Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT-Madrid.

En este sentido la coordinadora destaca que es necesario contemplar las medidas
de conciliación, la estabilidad y la calidad en el empleo simultáneamente,
cuando se define la organización del trabajo y los planes de prevención de
riesgos laborales.

Finalmente, en el terreno de las enfermedades profesionales que sufren las
trabajadoras de la Comunidad, destaca el comunicado, que la normativa existente
es muy antigua, no se contempla las variaciones que se han ido produciendo en el
mundo laboral, debido a la evolución e implantación de nuevas tecnologías
principalmente y donde resulta difícil relacionar de forma precisa un nexo
causal entre la enfermedad y la actividad laboral.

El listado de enfermedades profesionales data de 1978 (Real Decreto 1995/1978,
de 12 de mayo por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la seguridad social), con modificaciones, sobre todo referentes a
enfermedades infecciosas, en 1981 (Real Decreto 2821/1981).

En conclusión, se ignoran las nuevas formas de organización del trabajo, y la
subcontratación en cascada está generando un precariedad laboral que es una de
las causas prioritarias de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid,
con lo que se están produciendo nuevos riesgos con nuevos daños derivados del
trabajo y nuevas enfermedades profesionales que no se encuentran contempladas en
la normativa vigente hasta el momento, concluye el sindicato.

Actualmente existe un borrador de listado de enfermedades profesionales a
instancias de la Unión Europea, y para UGT-Madrid este listado sigue sin recoger
todas las enfermedades profesionales, ya que siguen sin contemplarse las
enfermedades derivadas de los riesgos psicosociales y las enfermedades que
derivan de los riesgos ergonómicos que aunque se contemplan algunas no se
recogen en su totalidad.

El resultado es que, cuando el proceso termine, la banda ancha de un mega será
la capacidad más baja que Telefónica tenga en el mercado, porque la que es
inferior en la actualidad -512 Kbps- desaparece. Esta velocidad costará 39,07
euros al mes. En agosto se pagaban 120 euros mensuales por ella.

El actual mega se convierte en dos, éste salta a cuatro megas y la que ahora es
la más alta velocidad se duplica a ocho megas, con un precio de 151 euros al
mes.

Además de doblar la velocidad de bajada, Telefónica también retocará la de
subida y la dejará entre 300 y 640 Kbps.

La actuación de Telefónica obligará a sus rivales a seguir sus pasos. Puesto que
la oferta mayorista duplica su velocidad igual que la minorista y mantiene el
precio, los competidores del ex monopolio no deberían tener problemas para
replicar la propuesta. Sin embargo, la posibilidad de tener unas u otras
velocidades no depende sólo del proveedor mayorista, sino también de la calidad
de la red y eso puede poner en aprietos a algún rival.

Es cierto que la mayoría emuló a Telefónica y duplicó capacidades a partir de
septiembre, pero también lo es que no son pocos los que mantienen la velocidad
de 128 Kbps en el mercado y que las ofertas que se acercan a los cuatro megas
son limitadas.

Ahora, la CMT tardará alrededor de un mes y medio en dar su veredicto. A partir
de ahí, y si el regulador da su visto bueno sin requerir cambios o adaptaciones
adicionales, Telefónica comenzará a duplicar las velocidades a los clientes, en
un proceso que durará unas ocho o nueve semanas.

Pero la batería de medidas que ha propuesto Telefónica a la CMT no se queda en
la duplicación. La operadora ha solicitado la aprobación para implantar
progresivamente una tecnología mejorada de ADSL, la 2 Plus. Se trata de una
nueva generación de banda ancha con menos de un año de vida y que ha tenido
buenos resultados en las pruebas piloto. Su principal ventaja es que permite
ampliar la capacidad -en laboratorio llega a 24 megas-, dar ADSL en hogares que
antes estaban excluidos del servicio y elevar la velocidad en otros que la
tenían restringida en el rango alto.

En Europa, sólo Francia y Noruega han lanzado ya esta nueva generación, mientras
que el Reino Unido ha anunciado que lo hará pronto.

La inversión de Telefónica para implantar sus propuestas rondará los 80 millones
Un cierre de año difícil

Telefónica estuvo muy activa durante el verano y el mes de septiembre, lanzando
propuesta tras propuesta y a cual más agresiva. Pero en octubre chocó con la
CMT. El regulador frenó varias de sus ofensivas y, sobre todo, impidió el
lanzamiento del ADSL barato y a la carta. Mientras, los competidores del ex
monopolio recuperaron el pulso e intensificaron la competencia en el cuarto
trimestre. Los resultados están a la vista.

Telefónica cerró el año con su peor registro en tres meses y una fuerte pérdida
de mercado. Los datos del primer trimestre no se conocen, pero lo que está claro
es que la operadora quiere recuperar en el segundo el terreno perdido y tomar
distancia con sus rivales.

La persistencia de noticias sobre accidentes de trabajo, en particular sobre
aquellos que tienen consecuencias mortales, hace que, por una parte, se mantenga
la ‘alarma social’ que desde hace ya algunos años existe al respecto, y, por
otra, que se difumine la preocupación, más amplia, sobre la salud laboral, o
sobre los daños a la salud derivados del trabajo.

A pesar de que la tendencia de los índices de accidentes de trabajo, en
particular de los graves y mortales, es de estabilización o de reducción,
todavía su magnitud es inaceptablemente elevada en comparación con los países de
nuestro entorno. El número de accidentes mortales y las consecuencias en
términos de incapacidad para el trabajo de los no mortales, están,
efectivamente, muy lejos de lo que nuestras condiciones de desarrollo económico,
cultural y social exigirían.

Lo llamativo de esta situación dificulta el conocimiento preciso de los
problemas más generales relacionados con la salud laboral, y hace que se haya
prestado menos atención tanto a los indicadores de la misma como a las
consecuencias de los daños para ella derivados del ambiente y de las condiciones
de trabajo. De forma que carecemos aún de investigaciones suficientes para
desarrollar programas de salud laboral y actuaciones preventivas basadas en el
conocimiento preciso de las circunstancias que están en el origen de los
accidentes y de los daños a la salud de los trabajadores. El déficit de
conocimientos precisos acerca de la siniestralidad, derivado de las
insuficiencias del sistema de información estadística y de la inexistencia de un
concepto de accidente de trabajo desde el punto de vista de la prevención (el de
accidente de trabajo sigue siendo un concepto de seguridad social, concebido y
desarrollado en función de la protección a dispensar al trabajador accidentado,
no desde el punto de vista de la prevención), y la carencia de investigaciones
adecuadas acerca de los riesgos y daños para la salud derivados del trabajo,
están impidiendo la formulación y puesta en práctica de políticas preventivas
eficaces y de protocolos de protección de la salud en el ámbito laboral.

En ese contexto, la publicación del Informe de salud laboral. Los riesgos
laborales y su prevención. España 2004, realizado por un equipo de investigación
dirigido por mí y por el doctor García Benavides, y patrocinado por Zurich,
constituye un ejemplo de lo que la iniciativa social puede aportar al estudio y
al debate de las grandes cuestiones que deben centrar la atención tanto del
diálogo social como de la decisión política.

Como pone de manifiesto el informe, tenemos un sistema de aseguramiento de los
riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales),
caro, ineficiente y escasamente orientado a la prevención. La cotización por
riesgos profesionales en España dobla sobradamente, en términos de porcentaje
sobre el salario, a la de Alemania, mientras que los resultados preventivos de
este último país son muy superiores a los nuestros. El problema no es, por
tanto, de recursos económicos, sino de adecuada distribución de recursos y de
ordenación de la prevención.

Los factores de riesgos laborales emergentes, relacionados fundamentalmente con
la organización del trabajo (factores psicosociales) y con las nuevas formas de
ordenación de las actividades empresariales, están todavía muy poco estudiados
y, sobre todo, son poco considerados a la hora de articular las políticas
preventivas. La distribución de los recursos preventivos es muy desigual,
territorial y sectorialmente (las autonomías con mayor actividad, por ejemplo,
como Madrid y Barcelona, son aquellas en las que la escasez relativa de
inspectores de trabajo y seguridad social es mayor). No existen políticas de
salud laboral dirigidas específicamente a las pymes, que presentan sin embargo
peculiaridades tanto en el perfil de exposición a riesgos como en las
dificultades para la gestión de la prevención (asunción de la prevención el
empresario, falta de recursos, falta de representación sindical, etcétera). Y el
sistema de aseguramiento y de responsabilidades empresariales, no facilita la
consecución de los dos objetivos fundamentales que debe perseguir: garantía de
una adecuada protección de los trabajadores mediante la reparación íntegra del
daño causado a su salud (por el accidente o la enfermedad profesional), y el
favorecimiento de la prevención de los riesgos laborales en las empresas.

El aseguramiento sigue siendo insensible a las concretas circunstancias
preventivas de las empresas (no premiando los buenos resultados preventivos ni
penalizando los malos), y la protección dispensada al trabajador accidentado es
insuficiente para reparar íntegramente el daño sufrido por el mismo, por lo que
dicha reparación se debe pretender por medio de reclamaciones civiles o penales
y no existe obligación de aseguramiento de la misma. La experiencia demuestra
que el aseguramiento obligatorio incentiva la prevención, mientras que su falta,
con la consiguiente necesidad de reclamación judicial de la compensación del
daños sufrido, la desincentiva.

Las reflexiones del informe en relación con estos temas, las informaciones
aportadas por el mismo, y sus conclusiones y recomendaciones, ofrecen una
valiosa hoja de ruta al diálogo social y a la acción de gobierno, para avanzar
en la mejora de la calidad del trabajo y de los indicadores de salud laboral.