Autor: seccion sindical fraternidad

Madrid a 1 de Marzo de 2005

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Expertos en el tema definen el mobbing como un comportamiento negativo entre
compañeros o superiores por el que el afectado es víctima de un acoso y ataque
sistemático durante un largo periodo de tiempo. La denuncia por mobbing es muy
difícil de plantear, ya que probar que hubo acoso es complicado. Por esta razón,
Gloria Poyatos, autora del libro Mobbing, análisis multidisciplinar y estrategia
legal, aconseja que, antes de entrar en la vía legal, se agoten los recursos
internos.

LAS INSPECCIONES DE TRABAJO.

Si una persona cree ser víctima de mobbing,debe primero acudir a la empresa y,
concretamente, a los delegados de prevención para hacerlos intervenir. Sin
embargo, si el tratamiento interno no es satisfactorio, se traslada el problema
a la Inspección de Trabajo que, según Manuel Velázquez, autor de Mobbing,
violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos jurídicos de los riesgos
psicosociales,visita el centro, observa la realidad y emprende medidas que
pueden ser tanto sancionadoras como mediadoras. "Las inspecciones se realizan
sin previo aviso y muchas empresas consideran que no ayudan al buen
funcionamiento del centro porque es abrir la caja de Pandora", afirma Velázquez.

LAS CONSECUENCIAS.

Aquellas personas que han padecido o que padecen acoso moral llegan incluso a
necesitar ayuda piscológica, ya que pueden caer en depresiones y otras
enfermedades que les llevan a pedir la baja. Es especialmente delicada la
situación de aquellos trabajadores que se ven obligados a seguir en el puesto de
trabajo hasta que se produce la resolución judicial.

EL JUICIO.

Cuando se llega al caso de poner una denuncia judicial, lo más importante es la
puesta en escena. Sin embargo, no toda denuncia de mobbing puede ser llevada al
juzgado, ya que se necesita que el caso esté muy maduro, porque no todos los
indicios pueden ser apreciados por los jueces. Además, según la experiencia de
la abogada Poyatos, el acoso debe haber tenido una duración media de cinco años
y mínima de seis meses para lograr una resolución favorable al denunciante. Y el
daño producido ha de estar objetivado, ya que, según Poyatos, si no se ve, no se
aprecia el problema. La mejor manera de hacer patentes las consecuencias del
mobbing es ser visitado por un psiquiatra, ya que no sólo constata los daños
piscológicos, sino que teoriza sobre su origen. Para la puesta en escena es
importante tener pruebas testificales que acrediten el acoso moral. En estos
casos se aceptan grabaciones de vídeo o sonido que se hayan realizado en la
empresa, en horario laboral y en las que participe el trabajador acosado.

LAS EMPRESAS. En el momento en el que se pierde el respeto a las normas de
convivencia de una empresa es cuando se pueden originar casos de mobbing.El
ejercicio del poder por parte de los dueños o superiores de una empresa puede
desembocar en situaciones de acoso moral. La dirección de un centro suele
fomentar la competitividad, según explica Julián Paniagua en Las dos
racionalidades. Estudio antropológico de una empresa textil.En este momento
pueden darse situaciones de acoso, ya que se rompen las reglas no escritas. Para
detectar casos de mobbing o situaciones que puedan desembocar en acoso hay que
analizar el cruce de las reglas con la realidad. Cuanto más se aleje la realidad
de las reglas establecidas, más posibilidades hay de que se produzca mobbing.
FASES. Con la mala resolución de un conflicto puede comenzar el proceso de
mobbing.Después de la generación del conflicto y el posterior inicio del acoso,
está la fase de intervención del entorno. La respuesta de éste ante el acoso
determinará su rápida resolución o su implantación permanente. Una vez el
entorno ya ha intervenido, es el momento de la empresa, con sanciones o
mediación. Cuando la situación de acoso ya es permanente, desemboca en la fase
de marginación, en la que se excluye al acosado del mundo laboral.

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La profesionalización de esos cuidados beneficiaría principalmente a las
mujeres, que en el 83% de los casos son las que se ocupan de la persona
dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni económica ni
material. Asuntos Sociales calcula que podrían incorporarse al mercado de
trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco años.

El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que está siendo debatida por la
mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos
relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la
posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayoría
prefiere, así como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por
atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo
retribuido.

En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, éste se explica
por el hecho de proporcionar una pensión a estas cuidadoras el día de mañana,
además de para evitar que "la prestación de dependencia se convierta en un mero
complemento de la pensión" del dependiente, según se recoge en el citado texto.

El dinero que percibirían sería inferior al que recibe un profesional de la
atención domiciliaria, según aparece en el libro blanco, para "lograr el
objetivo de que la prestación sirva para garantizar la adecuada prestación del
servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporación de la mujer
al trabajo".

De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora
debatida, es que las cuidadoras familiares puedan incorporarse al mercado
laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir
a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que más experiencia tienen
en la atención y cuidados que precisan las personas dependientes.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que el
desarrollo de la futura ley de Dependencia obligará a crear como mínimo 300.000
puestos de trabajo y, según el libro blanco, unos 110.000 cuidadores familiares
podrían incorporarse al trabajo de aquí al año 2010.

El libro blanco de la dependencia ofrece un diagnóstico de la situación de las
personas dependientes en España y plantea una serie de propuestas para su
atención con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las
distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto
consensuado saldrá la ley de Atención a las Personas Dependientes, que el
Gobierno prevé que entre en vigor antes de que finalice este año.

En este contexto, el libro blanco señala que en estos momentos hay en España
1.125.190 personas que no pueden valerse por sí mismas, de las que 826.551
tienen más de 65 años. Además, hay otras 1.657.400 personas que precisan algún
tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan
que en el 2020 los dependientes más graves superarán el millón y medio de
personas.

Según el citado texto, hoy en día es la familia, y en concreto la mujer, la que
se encarga de la atención a este colectivo. Sólo un 6,5% de las familias que
cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de los servicios sociales.

El objetivo del ministerio que dirige Jesús Caldera es que la atención
domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el
ingreso en residencias.

La propuesta del Gobierno supondrá un coste adicional de 4.500 millones de euros
en ocho años, que se sumarán a los 4.000 que ya gastan las administraciones.