Autor: seccion sindical fraternidad

Según Cándido Méndez, la lucha contra las infracciones en materia de prevención
laboral se reforzará con la incorporación de 700 nuevos inspectores de trabajo
destinados especialmente a vigilar el cumplimiento de la ley.

Ambos dirigentes sindicales participaron en una concentración ante la asociación
de empresarios de Burgos para reclamar un mayor compromiso y expresar su
solidaridad con las familias de los 10 trabajadores fallecidos en el accidente
ocurrido el 13 de enero. Al término de la concentración, a la que asistieron
unas 500 personas, José María Fidalgo destacó: «La seguridad laboral no es sólo
un problema de cualificación de los trabajadores, es un problema de
responsabilidad en la aplicación de la normativa».

El doctor Javier Yuste, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, destacó que se estima que en torno al 5-10 por
ciento de toda la población laboral europea sufre riesgos psicosociales en el
trabajo, porcentaje que puede aumentar hasta el 30 por ciento en el ámbito
sanitario, según determinados estudios.

La Ley Integral contra la Violencia de Género articula una serie de medidas de
protección social para las víctimas de maltrato que incluyen servicios sociales
de atención, de emergencia, de apoyo, acogida y recuperación. Estos servicios
los organizarán las autonomías y los ayuntamientos de forma que se garantice la
urgencia en la protección así como la información y apoyos que permitan a la
agredida una vida normal.

Este colchón social tiene su complemento laboral; cuando la trabajadora sea
víctima de violencia machista podrá reordenar su tiempo de trabajo, incluso
reducirlo, podrá seguir trabajando en otra ciudad o en otra sede de la compañía;
y podrá, por último, suspender o extinguir su contrato. Si esto ocurre, recibirá
la prestación por desempleo y el tiempo de la suspensión se entenderá como
periodo cotizado. Las empresas que sustituyan a estas trabajadoras con contratos
de interinidad se beneficiarán una bonificación del 100% en las cuotas que pagan
a la seguridad social y tendrán que conservar el puesto de trabajo a la
maltratada para que se reincorpore en las mismas condiciones en que lo abandonó.

Si se trata de una trabajadora por cuenta propia que deba poner fin a su
actividad para protegerse estará liberada de cotizar por un periodo de seis
meses aunque se entenderá que cumplió con esta obligación. Su situación será
considerada como asimilada al alta. Para acreditar en las empresas o en la
administración que la situación es de maltrato bastará mostrar la orden de
protección a favor de la víctima o, excepcionalmente, un informe del Ministerio
Fiscal en que se anticipe que hay indicios de violencia, mientras llega la orden
de protección.

La ley prevé ayudas económicas para aquellas mujeres cuyo sueldo mensual no
supere el 75% del salario mínimo interprofesional y siempre que se presuma que
su formación y circunstancias personales le crearán especiales dificultades para
obtener un empleo. Estas mujeres no tendrán que participar en los cursos de
inserción laboral previstos en el programa específico de empleo que contempla la
ley. La cuantía de estas ayudas será equivalente a seis meses de desempleo. Y de
12 meses si la víctima tiene reconocida una minusvalía equivalente o superior al
33%.

Otra de las medidas de protección social recogidas en la ley concede prioridad a
estas mujeres para su acceso a una vivienda de protección oficial o una plaza en
una residencia para mayores.