Autor: seccion sindical fraternidad

El Supremo ha dado la razón al trabajador Antonio A.O., cuya demanda había sido
desestimada tanto por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao como por el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El demandante, nacido en abril del 1947, sufrió la amputación de tres dedos de
la mano izquierda en un accidente de trabajo el 4 de octubre del 1990, cuando
ejercía la categoría profesional de peón especialista siderometalúrgico.

Fue declarado en situación de incapacidad permanente total por la Seguridad
Social, que estableció una pensión mensual en su favor de 140.467 pesetas por
parte de la entidad colaboradora Mútua Fremap, con recargo del 40% por falta de
medidas de seguridad a pagar por la empresa.

Nuevo trabajo

Entre marzo del 2000 y, al menos, junio del 2002, el hombre firmó diversos
contratos de trabajo para realizar en el ramo de la construcción tareas propias
de la categoría de oficial de primera carpintero y oficial de segunda
encofrador. La Seguridad Social declaró entonces incompatible la percepción de
la pensión con el nuevo trabajo, lo que fue confirmado por un Juzgado de Bilbao
y por el TSJ del País Vasco.

Sin embargo, el Supremo, al que recurrió el trabajador, ha estimado su demanda y
ha establecido la compatibilidad de la pensión con un trabajo nuevo distinto al
que generó la incapacidad permanente.

Según el alto tribunal, la Ley General de la Seguridad Social ha optado por un
criterio general de compatibilidad del cobro de la pensión vitalicia por
incapacidad permanente total con la retribución correspondiente al desempeño de
un trabajo distinto.

Añade que, incluso, la normativa vigente fomenta la ocupación de estos
trabajadores al autorizar a las empresas a que puedan reducirles el salario
hasta un determinado importe (no más del 50% de la cuantía de la pensión),
aunque sólo para los casos en los que la reducción de la capacidad laboral
incida en el nuevo puesto a desarrollar y siempre contando con la plena
conformidad del interesado.

La gestión paritaria y la especialización sectorial son las claves del éxito

Según Andreas Baader, presidente de la federación de mutuas HVBG, las razones de
esta tendencia positiva tanto en lo económico como en lo preventivo hay que
buscarlas en dos peculiaridades del sistema mutual alemán. En primer lugar, las
mutuas están controladas paritariamente por representantes de los trabajadores y
de los empresarios lo cual conlleva que todas las decisiones importantes se
toman sobre la base del consenso. Por otra parte, cada una de las 35 mutuas se
ocupa de un sector de producción específico lo cual garantiza un mejor
conocimiento del terreno que pisan y por tanto una mayor eficiencia preventiva.

Las mutuas son entidades de derecho público controladas por el Estado pero que
gozan de autonomía administrativa y se gobiernan por las propias empresas
afiliadas y por los asegurados sobre la base de la paridad. Existe una asamblea
general y un comité de dirección constituidos a partes iguales por
representantes de los empresarios y de los trabajadores. Cada seis años se
celebran elecciones para constituir los respectivos grupos de representantes en
la asamblea general cuyos miembros eligen a su vez a los del comité de
dirección.

La estructuración sectorial de las mutuas se corresponde con la estructura
organizativa de las asociaciones empresariales y de los sindicatos con lo que se
facilita la representación. Además, posibilita una verdadera especialización
preventiva de las mutuas tanto en el conocimiento de los riesgos sectoriales y
de las peculiaridades del tejido productivo como en la viabilidad de las
soluciones prácticas. Ni qué decir tiene que el hecho de que cada empresa
pertenezca a la mutua responsable de su rama de actividad elimina la competencia
feroz por aumentar las cuotas de mercado que caracteriza al sector en España y
que tanto entorpece la aplicación de políticas de prevención rigurosas y
eficaces.

La actuación preventiva de las mutuas se basa en asesorar y controlar

Los servicios que en materia de prevención aportan las mutuas se encuadran en
tres tipos de actividades:

Servicios técnicos de control: están formados por especialistas experimentados
en la problemática sectorial de salud y seguridad. Realizan actividades de
asesoramiento e información, investigación de accidentes o formación técnica.
Trabajan en contacto con los empresarios, los técnicos de la empresa y los
representantes de los trabajadores. Son los encargados de verificar el
cumplimiento de las normas técnicas que elaboran comités de expertos coordinados
por las propias mutuas y en los que participan técnicos, instituciones y agentes
sociales.

Servicios técnicos de salud y seguridad: las mutuas ofrecen servicios técnicos
externos de asesoramiento para aquellas empresas que no disponen de personal
cualificado. Los asesores técnicos conocen bien la problemática de prevención
del sector y están en condiciones de decirle al empresario qué es lo que debe
hacer y qué medidas ha de tomar. Los técnicos de seguridad no tienen funciones
de control.

Servicios de Medicina del Trabajo: las mutuas contratan especialistas que actúan
como médicos de empresa para las empresas afiliadas, realizan los exámenes de
salud a los trabajadores e imparten consejos médicos. Apoyan al empresario en
materia de higiene, colaboran con los agentes de seguridad de la propia empresa
y asesoran respecto a la utilización de equipos de protección individual o para
la adaptación de puestos de trabajo.

Las mutuas también promueven campañas preventivas. El 28 de abril de 2003,
coincidiendo con el Día Internacional por la Salud de los Trabajadores, la
federación de mutuas HVBG lanzaba una campaña nacional contra los accidentes por
caídas que pretende reducir este tipo de accidentes un 15% en dos años. Durante
la campaña 2.500 expertos visitarán 700.000 empresas y se impartirán charlas
informativas a 400.000 personas, empresarios y trabajadores, en los 36 centros
de formación de las mutuas.

La federación de mutuas HVBG mantiene tres institutos especializados desde los
que desarrolla actividades de investigación, asesoramiento y formación en salud
y seguridad, y en los que trabajan unas 350 personas (150 de staff científico).
En el último ejercicio los fondos de investigación HVBG ascendieron
aproximadamente a 2.000.000 y en el periodo 1996-2003 se llevaron a cabo 79
proyectos. Por la academia de formación de las mutuas pasan cada año unas 10.000
personas que asisten a los diferentes cursos y seminarios.

Por otro lado, en los diez primeros meses del año se produjeron 68.981
accidentes "in itinere" con baja, lo que supone un incremento del 7%. De ellos,
425 siniestros resultaron mortales, con un fuerte crecimiento del 12,1% (debido
a que se contabilizan algunas de las víctimas de los atentados terroristas del
11-M).

Asimismo, el número de casos de enfermedades profesionales que causaron baja
laboral del trabajador hasta octubre ascendió a 19.089, con un descenso del
3,4%.

Por sectores, los accidentes de trabajo con baja se redujeron en servicios, con
una caída del 6,4%, y en construcción (-5,1%), y crecieron en agricultura (3,6%)
y en industria (0,2%).

AUMENTA LA SINIESTRALIDAD EN CUATRO CC.AA.

Por comunidades autónomas, los accidentes laborales con baja aumentaron hasta
octubre en Andalucía (5,5%), Extremadura (4,9%), Navarra (0,9%) y Galicia
(0,7%).

En el resto bajó la siniestralidad, con País Vasco a la cabeza (-14%), seguida
de Asturias (-10,6%), Madrid (-10,3%), La Rioja (-8,1%), Cantabria (-6,9%),
Cataluña (-6,6%), Murcia (-5,3%), Ceuta y Melilla (-4,9%), Castilla-La Mancha
(-4,5%), Baleares (-4,1%), Castilla y León (-3,9%), Canarias (-3,1%), Comunidad
Valenciana (-1,6%) y Aragón (-0,8%).

En términos absolutos, Cataluña figura a la cabeza de accidentes de trabajo con
baja (133.283), seguida de Andalucía (124.114), Madrid (100.057), Comunidad
Valenciana (81.603), Galicia (39.469), Canarias (36.492), País Vasco (35.250),
Castilla y León (33.872) y Castilla-La Mancha (30.653).

A continuación se encuentran Baleares (21.099), Murcia (19.925), Aragón
(17.292), Asturias (15.739), Extremadura (12.558), Navarra (10.787), Cantabria
(7.981), La Rioja (4.607) y Ceuta y Melilla (1.106).