Autor: seccion sindical fraternidad

En su intervención, el fiscal general aseguró que en los esfuerzos por reducir
los accidentes laborales en España es necesario que el poder judicial intente
asumir un papel preventivo. La protección penal, aseguró, debería realizarse
antes de que se produzca el accidente. La actuación de la justicia, sentenció,
termina llegando tarde y además se hace con lentitud.

El fiscal general también defendió una mayor "presencia activa" del Ministerio
Fiscal en esta materia. Dijo que es necesario lograr una mayor especialización
de los fiscales e intentar realizar un seguimiento de las causas que llevan a un
accidente laboral y aumentar la coordinación de la justicia y las autoridades
laborales. Conde-Pumpido también lanzó una crítica hacia el mercado laboral. La
desesperación por obtener un empleo, explicó el fiscal general, contribuye a que
muchos acepten trabajar en condiciones "profundamente indeseables".

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo,
que también asistieron a las jornadas, destacaron en sus intervenciones la
necesidad de una mayor y más profunda actuación del poder judicial contra la
siniestralidad laboral.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por su parte, aseguró
en su intervención que la precariedad en el empleo, el trabajo irregular de los
inmigrantes y la subcontratación "incontrolada" favorecen los accidentes
laborales, informa Efe.

Según advirtió el ministro en su conferencia, ni la mejor política de prevención
de riesgos sería eficaz en un contexto laboral de precariedad. Por ello, destacó
la necesidad de acometer la regularización de los trabajadores inmigrantes
ilegales, ya que, en su opinión, va a contribuir a reducir los accidentes
laborales. El titular de Trabajo y Asuntos Sociales defendió que al mismo tiempo
se "racionalice" la cadena de subcontratas, uno de los principales culpables del
elevado nivel de accidentes laborales.

De aprobarse definitivamente en los mismos términos que los recogidos en el
borrador del Real Decreto, la segregación, según el sindicato, "supondría
priorizar la obtención de beneficios frente a la reducción de la siniestralidad
laboral, y pondría en peligro la estabilidad laboral de un colectivo cercano a
los 8.000 trabajadores, de ellos 500 en Euskadi".

UGT y CC.OO. defienden la constitución de entidades especializadas sin ánimo de
lucro, dotadas de un Estatuto específico. Asimismo, plantean que los órganos de
gobierno cuenten con participación sindical paritaria.

También proponen que la segregación de los Recursos Humanos se realice mediante
un protocolo firmado entre la representación empresarial y los sindicatos más
representativos, que garanticen el mantenimiento de sus condiciones laborales y
salariales actuales y la permanencia bajo el campo de aplicación del Convenio de
Seguros y Mutuas.

Para la defensa de sus propuestas, UGT y CC.OO., han organizado una serie de
movilizaciones, entre las que se encuentran la recogida de firmas entre los
trabajadores del Sector de Mutuas, para ser entregado al Ministerio de Trabajo.

Según informaron a Europa Press, llevarán a cabo, además, concentraciones de
protesta ante el Ministerio de Trabajo en Madrid y las Subdelegaciones de
Gobierno en Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, que se
desarrollarán el dia 21 de diciembre.

Durante su intervención en unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales
organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ‘La Caixa’, los
dirigentes sindicales pidieron a los jueces que velen por la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a los empresarios, que no cumplan con
ella "sólo en apariencia" y para cubrir el expediente.

Fidalgo subrayó que la siniestralidad laboral ha sido el "peor indicador
socioeconómico" que ha tenido España en las dos últimas legislaturas, recordó
que dos tercios de los accidentes lo sufren los trabajadores temporales y que
los siniestros más graves los padecen los empleados de las subcontratas.

Así, al igual que hizo Méndez, el líder de CC.OO. destacó la necesidad de
combatir la subcontratación abusiva y la externalización de actividades, porque
ello sólo supone "externalizar riesgos" y poner en peligro a los trabajadores.

Fidalgo también afirmó que, aunque muchos accidentes se deben a la "imprudencia"
de los trabajadores, no puede exonerarse al empresario de su responsabilidad en
materia preventiva, pues es él el que debe poner los medios necesarios para que
los descuidos de su personal no acaben en siniestro.

CONOCER LAS SANCIONES IMPUESTAS.

Asimismo, ambos dirigentes sindicales defendieron que se amplíe la presencia
sindical en las empresas, especialmente en las pymes, la figura del delegado de
prevención y la del delegado territorial, figuras "que deben ser reconocidas en
la legislación básica".

Según Méndez, es necesaria una mayor participación sindical en la tramitación de
los expedientes sancionadores a las empresas que incumplan con la normativa en
prevención de riesgos, pues los representantes de los trabajadores sólo conocen
las propuestas de sanción que se efectúan, pero no las que finalmente se imponen
o las que se confirman posteriormente en instancias judiciales.

Para los secretarios generales de CC.OO. y UGT, la lucha contra la
siniestralidad es una batalla que implica a muchas instancias y económicos y
sociales, y que requiere una mayor coordinación entre la Fiscalía y la
Inspección de Trabajo, ya que, en opinión de Méndez, muchos jueces desconocen
todavía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.