Autor: seccion sindical fraternidad

  • Cada día fallecen en la UE más de tres trabajadores de la construcción

    Cerca de 1.200 trabajadores del sector de la construcción fallecen al año en la Unión Europea en accidentes ocurridos en el centro de trabajo, lo que supone más de tres operarios muertos al día por esta causa. En España, la siniestralidad en el sector es más elevada que en otros países de la UE y supone el 25% de la accidentalidad total, así como el 30% del conjunto de los siniestros mortales.


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    Estos datos, que reflejan una "preocupante situación"
    según las autoridades europeas, se hicieron públicos hoy durante la inauguración
    de la jornada ‘Cumbre Europea de Seguridad en la Construcción’, que servirá de
    clausura a la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, iniciada
    el pasado 18 noviembre y organizada por la Agencia Europea para la Seguridad y
    la Salud en el Trabajo y la Presidencia holandesa de la UE.

    En el acto de apertura, participaron el secretario de
    Estado holandés para Empleo, Henk van Hoof, y el propio director de la Agencia,
    Hans-Horst Konkolewsky. Ambos aludieron a la importancia del sector de la
    construcción para la economía de la UE, ya que mueve cerca de 902.000 millones
    de euros al año, emplea a 12,7 millones de trabajadores, el 7,9% de la población
    activa. Según sus informaciones, los trabajadores de la construcción tienen el
    doble de probabilidad que el empleado medio de sufrir un accidente no mortal.
    Además, en el conjunto del sector de la construcción se produce el 20% de todos
    los accidentes de origen laboral, una tasa más baja que en España.

    En 2001, por ejemplo, más de 800.000 operarios sufrieron
    accidentes que les hicieron perder más de tres días de trabajo. La
    siniestralidad tiene un efecto claro en la competitividad, apunta el estudio,
    dado que las bajas suponen un coste de 75.000 millones de euros anuales.

    El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, aseguró
    que en el conjunto estatal, el 25% de la siniestralidad laboral se registra en
    la construcción, sector que aglutina además el 30% del conjunto de accidentes
    laborales mortales.

    Declaración de seguridad

    Precisamente esta tarde, las principales organizaciones
    del sector europeo de la construcción suscribirán en Bilbao una declaración por
    la que se comprometen a mejorar los niveles de seguridad y salud. Así lo anunció
    Hans-Horst Konkolewsky, apuntando que la ‘Declaración de Bilbao’ supone el
    compromiso necesario para hacer que esa estrategia "se convierta en realidad".
    "Confiamos en que permita mejorar, de forma significativa, los niveles de
    seguridad y salud en el sector europeo de la construcción, así como reducir
    sustancialmente los costes tanto humanos como económicos de la siniestraldiad",
    agregó.

    Las organizaciones firmantes son las seis más importantes
    del sector europeo de la construcción, que mueven al año más de 900.000 millones
    de euros: Federación Europea de la Construcción (FIEC), Federación Europea de
    Trabajadores de la Construcción y la Madera (EFBWW), Confederación Europea de
    Constructores (EBC), Federación Europea de Asociaciones de Consultores de
    Ingeniería (EFCA), Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) y Consejo Europeo de
    Ingenieros Civiles (IEC).

    La Declaración de Bilbao define cinco medidas para mejorar
    los niveles de seguridad y salud en el sector europeo de la construcción. Entre
    ellas, la de integrar las normas de seguridad y salud en las políticas
    contractuales, apoyándose en directrices para la compra de bienes y servicios.
    También se incluye un compromiso para garantizar que la seguridad y la salud se
    tengan en cuenta a la hora de diseñar y planificar las fases de los proyectos de
    construcción.

    Asimismo, plantea que se haga uso de inspecciones de obras
    y de otros métodos para que cada vez más empresas respeten la legislación y que
    se elaboren directrices que ayuden a las empresas, especialmente las pymes, a
    cumplir la normativa de seguridad y salud.

    Por último, la quinta medida hace referencia a la
    necesidad de alcanzar niveles más altos de seguridad y salud laboral a través
    del diálogo social y de acuerdos sobre la formación.

  • 255 millones de niños son explotados laboralmente

    Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 255 millones de niños trabajan para poder subsistir. Miembros de la ONG Acción por la Infancia han viajado durante años por diversos países para investigar el estado en el que se encuentran los menores. Denuncian la falta de solidaridad de los países ricos y piden ayuda para terminar con un problema que aumenta.

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    Como el caso de una niña que toca su
    acordeón en Argentina hay millones de niños que trabajan para mantener a sus
    familias. Tantos, como 6 veces la población de España. La ONG Acción por la
    Infancia ha recorrido el mundo recogiendo sus testimonios.

    Mientras, los países ricos miran hacia otro lado. Sólo con el 20 por ciento de
    sus gastos anuales en armamento se pondría fin a la explotación infantil. Por
    eso, Acción por la Infancia y Mundo Cooperante han puesto a la venta sus
    calendarios solidarios. Fotos e historias de la India, Marruecos, Rumanía o
    Argentina. Los beneficios se destinarán a proyectos a favor de la infancia.

    Antena3

  • El 42 por ciento de españoles con artritis pierde su trabajo a causa de esta enfermedad

    El 42 por ciento de personas con artritis reumatoide pierde su trabajo a causa de su enfermedad, según un estudio sobre el impacto de esta patología en España que hoy se presentó en Barcelona. La artritis, causada por la inflamación y el deterioro de las articulaciones, es una de las primeras causas de incapacidad laboral.

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    La encuesta advierte que el 76 por
    ciento de afectados por esta enfermedad sufre algún tipo de inmovilidad. "Muchos
    pierden el empleo debido al dolor que les produce esta afección, porque faltan
    muchos días al trabajo", aseguró hoy la presidenta de la Liga Reumatológica
    Catalana, Elisenda de la Torre.

    La rigidez articular que estos enfermos notan al levantarse de la cama puede
    prolongarse durante horas e impedirles acudir al trabajo. Además, es una traba a
    la hora de adaptarse a algunas actividades que les obliguen a estar sentados
    durante la mayor parte de la jornada laboral.

    Los expertos calculan que sólo en Catalunya hay 30.000 personas afectadas por
    esta enfermedad, que tiene un origen desconocido aunque se sospecha que "hay
    ciertos factores genéticos y hormonales", ya que "el 70 por ciento de afectados
    son mujeres", informó el reumatólogo del Hospital del Mar de Barcelona, Josep
    Blanch.

    "Sólo los afectados conocemos las consecuencias de esta enfermedad. Te
    diagnostican este mal y no sabes qué es, pero a los pocos días te tienen que
    ayudar a vestir y a ducharte, porque la inflamación no te deja", aseguró de la
    Torre, a quien le detectaron artritis al cumplir 25 años.

    Una vez en casa, estos enfermos tienen que depender de algún familiar. "Hay una
    gran carencia de servicios públicos de atención domicilaria y la mayoría sólo
    cubren a la población de edad más avanzada", explicó el vicepresidente de la
    Liga Reumatológica Catalana, Benito Duran.

    Tres de cada cuatro españoles relaciona de forma errónea esta enfermedad con la
    vejez. "Es algo equivocado porque en la sede de la Liga Reumatológica Catalana
    atendemos a personas adultas afectadas de artritis reumatoide pero también niños
    de corta edad", precisó de la Torre.

    EL DIAGNOSTICO LLEGA TARDE.

    A la mitad de personas con artritis reumatoide se le detecta la enfermedad de
    forma tardía y en uno de cada cuatro cuando esta afección ya está muy avanzada.
    "Es importante diagnosticar cuanto antes porque existen tratamientos que pueden
    frenar el deterioro de las articulaciones", según Blanch.

    Este experto denunció "la falta de coordinación entre los médicos de atención
    primaria y los especialistas". "A muchos reumatólogos el enfermo les llega
    demasiado tarde, a veces porque el médico de familia no ha sido capaz de
    detectar esta afección", señaló.

    FALTA AYUDA PSICOLOGICA.

    A pesar de que algunos tratamientos, que están financiados por la Seguridad
    Social, pueden ayudar a muchos de estos enfermos, la mayoría necesita ayuda
    psicológica y fisioterapeutas. "Hay una carencia porque puede que estemos
    gastando demasiado en tecnología y dando poco apoyo de este tipo", precisó.

    Cuando las articulaciones están muy deterioradas, la única solución es aplicar
    una protésis. "En el caso de las prótesis de rodilla y de cadera hay mucha lista
    de espera, situación que también afecta, aunque en menor grado, a las
    operaciones para corregir deformidades", señaló Blanch.

    Duran acusó a la Administración sanitaria de "tener una mirada miope" ante esta
    enfermedad, porque "con muy pocos recursos económicos tendríamos grandes
    resultados". "Tenemos la sensación de que la artritis reumatoide continúa siendo
    la hermana pobre de la sanidad", aseguró.

    Europa Press
     

  • CC.OO. rechaza el borrador legal que regula la actividad de las mutuas como servicios preventivos.

    La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. (COMFIA-CC.OO.) rechazó ayer el borrador de Real Decreto que ha diseñado el Gobierno para regular la actividad de las Mutuas de Accidente como servicios de prevención, al entender que se prioriza la obtención de beneficios frente al objetivo de reducir la siniestralidad laboral.


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    Según expuso CC.OO. en
    un comunicado, el borrador del texto establece que las mutuas sólo podrán
    desarrollar su actividad preventiva a través de la constitución de una sociedad
    mercantil, lo cual supone, a su juicio, primar la rentabilidad económica sobre
    la rentabilidad social.

    El sindicato pidió al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que
    no ceda a las presiones de las patronales de servicios de prevención ajenos
    ANEPA y ASPA, al tiempo que le recordó que cualquier reforma legal de las mutuas
    debe acometerse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos
    Laborales y la Ley General de la Seguridad Social, de forma que las mutuas
    puedan seguir contribuyendo a la actividad preventiva.

    CC.OO. aseguró compartir la necesidad de delimitar de la manera «más diáfana
    posible» los recursos que las mutuas destinan a sus diferentes ámbitos de
    actuación, si bien señaló que ello puede hacerse sin recurrir a las fórmulas
    recogidas en el borrador.

    En este sentido, abogó por dotar a los servicios de prevención de un estatuto
    específico que contemple, entre otros aspectos, la participación sindical en los
    órganos de dirección y el control financiero por parte de la Intervención
    General de la Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas.

    Asimismo, defendió la reforma del Reglamento de Servicios de Prevención para
    hacerlo más riguroso y poner en manos de la administración las auditorías a las
    que deben someterse, así como que haya acuerdo entre empresa y trabajadores a la
    hora de elegir el servicio de prevención.

    El sindicato afirmó además que si finalmente se produce la segregación de los
    servicios de prevención será necesario que, de forma previa, las empresas y los
    representantes de los trabajadores suscriban un protocolo que refleje las
    condiciones laborales de la entidad resultante, pues el sector engloba a unos
    8.000 trabajadores.

    Europa Press

  • El Gobierno quiere que los sindicatos controlen a las empresas en prevención de riesgos

    El Gobierno quiere negociar con los agentes sociales la posibilidad de que los representantes de las organizaciones sindicales en el ámbito regional puedan llevar a cabo funciones de colaboración, control y denuncia con la Inspección de Trabajo en las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.


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    Así lo ha anunciado hoy
    secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, quien presidió el Comité
    Mixto Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Comunidades Autónomas (MTAS-CCAA)
    sobre Seguridad y Salud Laboral, en el que informó a los representantes de
    todas las autonomías, incluido el País Vasco, que es la primera vez que
    asiste a este encuentro, sobre la marcha del diálogo social sobre prevención
    de riesgos laborales.

    En un receso de la
    reunión, Gómez ha explicado que en esta mesa se abordará en qué medida es
    posible que los representantes de los sindicatos en el ámbito regional
    tengan presencia real en las empresas con funciones de control y de denuncia
    en materia de prevención de riesgos laborales.

    Gómez ha reconocido que esta materia es "compleja",
    pero ha indicado que en Navarra y en Asturias ya hay acuerdos al respecto y
    que se trataría de "ver si esos modelos territoriales que ya están
    funcionando pueden ir a un acuerdo con rango normativo para extenderlos al
    resto del Estado".

    El secretario general de Empleo ha informado de que ha
    acordado con las comunidades autónomas impulsar la coordinación periódica
    (se reunirán cada tres meses) y permanente entre el Estado y las autonomías
    en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sobre todo teniendo en
    cuenta, según explicó Gómez, que la ejecución de las políticas en esta
    materia es competencia de las comunidades autónomas.

    Por ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
    se ha comprometido a que, con carácter previo a cada reunión del diálogo
    social sobre cuestiones laborales en las que tengan competencias las
    autonomías, hablará con un representante de éstas, que ha sido elegido hoy,
    para tener en cuenta sus aportaciones. Esta única voz de las autonomías será
    José Luis Villar, director general de Trabajo de la Junta de Extremadura.

    Salario mínimo y reforma laboral

    Gómez habló también sobre la marcha de las demás mesas
    de diálogo social y dijo que ya están muy avanzados los acuerdos con los
    agentes sociales sobre la inclusión en los convenios de cláusulas para
    obligar a la jubilación a los 65 años y sobre la extensión de los convenios
    y cobertura de vacíos donde no existe pacto colectivo, acuerdos que podrían
    presentarse públicamente a finales de este mes o principios de diciembre.

    El secretario general de Empleo anunció que, después
    de la firma de estos acuerdos, se creará una nueva mesa de diálogo social
    para modificar la regulación del SMI, debatir el crecimiento anual del SMI
    hasta el final de la legislatura para alcanzar el objetivo de 600 euros
    mensuales y abordar también el aumento del Índice Público de Rentas con
    Efectos Múltiples (IPREM), que sustituyó al SMI como referencia para el
    acceso a becas, viviendas o prestaciones, entre ellas la de protección por
    desempleo.

    En cuanto a la reforma del mercado laboral, Gómez negó
    que vaya a retrasarse el dictamen de los expertos que servirá de base para
    la negociación en esta mesa de diálogo social, que dijo que deberá estar
    terminado el 31 de diciembre o como muy tarde el 31 de enero; y señaló que
    el Gobierno quiere culminar estas negociaciones en el entorno del verano
    para que el Presupuesto del Estado de 2006 tenga en cuenta su contenido.