Autor: seccion sindical fraternidad

Asimismo, el número de casos de enfermedades profesionales que causaron baja del
trabajador hasta agosto ascendió a 15.549, con un ligero descenso del 1,2%. Por
sectores, los accidentes de trabajo con baja se redujeron en servicios, con una
caída del 6,9%, y en construcción (-5,5%), y crecieron en agricultura (3,4%) y
en industria (0,3%). Por comunidades autónomas, los accidentes laborales con
baja aumentaron hasta agosto en Extremadura (9,3%), Andalucía (6,2%), Navarra
(3,6%) y Galicia (2,5%). En el resto bajó la siniestralidad, con Madrid a la
cabeza (-14%), seguida de Asturias (-11,9%), País Vasco (-11,7%), La Rioja
(-8,7%), Cataluña (-7,6%), Ceuta y Melilla (-6,9%), Murcia (-6,6%), Cantabria
(-5,7%), Castilla y León (-3,8%), Castilla-La Mancha (-3%), Aragón (-2,4%),
Comunidad Valenciana (-2,3%), Canarias (-1,6%) y Baleares (-1,2%). En términos
absolutos, Cataluña figura a la cabeza de accidentes de trabajo con baja
(105.036), seguida de Andalucía (96.829), Madrid (75.414), Comunidad Valenciana
(64.006), Galicia (30.931), País Vasco (28.645), Canarias (28.557), Castilla y
León (26.374) y Castilla-La Mancha (23.871). A continuación se encuentran
Baleares (16.200), Murcia (15.914), Aragón (13.387), Asturias (12.623),
Extremadura (9.979), Navarra (8.593), Cantabria (6.321), La Rioja (3.663) y
Ceuta y Melilla (886).

La jueza estima así la demanda interpuesta por la afectada y declara que la baja
que sufrió el 21 de junio de 2002 es por accidente de trabajo, por lo que
condena tanto a la conselleria de Sanidad como al Instituto Nacional de la
Seguridad Social a aceptar esta decisión, aunque niega que la enfermera fuera
acosada laboralmente por sus compañeros.

En este caso, ha quedado probado, según consta en la sentencia, qe la
demandante, ATS del Hospital La Fe con plaza en propiedad desde 1989, pasó
voluntariamente a prestar servicios en el quirófano infantil en octubre de 1999.
Tres años después inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad
común, en junio de 2002, con diagnóstico de ansiedad y crisis hipertensiva
reactiva.

En septiembre de ese año la demandante instó un expediente de determinación de
contingencia en el que el psiquiatra que la trataba en el Hospital Clínico
informó a la inspección que el trastorno depresivo que sufría era de carácter
reactivo por acoso en el trabajo. La ATS fue dada de alta en junio de 2003. En
noviembre de ese año el INSS declaró que la contingencia era común.

En la sentencia, la magistrada considera probado que el trabajo de la ATS, con
experiencia desde 1986 y con diversos cursos y seminarios en su haber, suscitó
quejas entre anestesistas y cirujanos, que la consideraban voluntariosa pero que
no tenía habilidad adecuada o nivel suficiente en la instrumentación para las
intervenciones más complicadas.

La situación, según se considera acreditado, se hizo «más tensa» con el tiempo
cuando los facultativos consideraban que la demandante ya debía haber alcanzado
suficiente destreza en su trabajo. En mayo de 2002, se originó un incidente
cuando un doctor le dijo a otra enfermera que se preparara para una intervención
que correspondía a la demandante. En esa ocasión, los ATS del servicio
mantuvieron una reunión con la supervisora a la que comunicaron que los médicos
no podían elegir por motivos personales a sus ayudantes.

La demandante habló entonces con la supervisora quien le comunicó las quejas
recibidas y le sugirió la idea de cambiar de plaza, momento en que, según la
ATS, tomó conciencia de la situación de acoso que denunció.

IMPUGNO LA CONTINGENCIA

En su demanda, la ATS impugna la contingencia de la baja iniciada en junio de
2002 por considerar que el cuadro ansioso-depresivo que presentaba constituía
accidente de trabajo y que la situación por la que pasaba radicaba en la actitud
de acoso por parte de sus compañeros. A esta pretensión se opusieron los
demandados que alegaron que esta enfermedad la contrayera en su lugar de trabajo
y que para que prosperara la demanda se debía demostrar que la única causa de su
dolencia residiera en el ámbito laboral.

La juzgadora señala que en estos supuestos existen pronunciamientos
contradictorios por parte de las instancias judiciales y ella, apoyando el
criterio de tribunales como el del País Vasco o el de Cataluña, sí que cree que
hay una relación de causalidad entre la enfermedad y el ámbito laboral como para
ser considerado accidente de trabajo.

En este caso señala que no se desprende de la prueba practicada que exista otra
causa del trastorno psicológico que el conflicto laboral surgido con los
superiores ni otro factor distinto al propio trabao. No obstante, descarta que
fuera sometida a situaciones de «mobbing» porque este acoso «supone una presión
laboral tendenciosa que busca la denigración laboral del trabajador» y su
abandono del empleo, hostigamiento que «no puede ser confundido con el conflicto
laboral o las diferencias de criterio en cuanto a la realización del trabajo que
pueden surgir entre compañeros».

La jueza subraya que en esta sede no es la adecuada para calificar la
profesionalidad de la demandante y que asimismo excede de esta causa el «hacer
un análisis sociológico del especial medio laboral en el que se desenvolvían, ya
de por sí complejo como es un macrohospital y en un servicio con acusada presión
asistencial, en el que puede darse una cierta endogamia y hostilidad hacia el
trabajador recién llegado, con conflictos entre grupos corporativos».

El proyecto, que será remitido al Parlamento a primeros del 2005 y comenzará a
debatirse la semana próxima con los sectores afectados para intentar lograr un
amplio consenso, incluye también medidas de limitación de venta y suministro y
de prohibición de publicidad en prensa, radio y televisión. Asimismo,
establecerá un régimen de infracciones y sanciones, y el dinero recaudado
servirá para el desarrollo de programas de deshabituación tabáquica.

A este respecto, la ministra adelantó que en el caso de la venta a menores de 18
años, la infracción que se prevé será muy grave. El tabaquismo es la principal
causa de enfermedad y muerte evitable en España, señaló la ministra tras indicar
que el porcentaje de los fumadores en España es uno de los más altos de Europa y
que con esta norma se pretende en primer lugar proteger los derechos de los no
fumadores y facilitar el abandono del tabaco a los que fuman.

Con este objetivo el Anteproyecto incluye las siguientes limitaciones en cuanto
a venta. Prohibición de vender o entregar tabaco en todo el territorio nacional
a personas menores de 18 años (en algunas CC.AA este limite está en los 16
años); prohibición de la venta en centros sanitarios, docentes, culturales o
deportivos, y de atención y ocio de los menores de edad.

Sobre las limitaciones al consumo de tabaco, se distinguirá entre lugares donde
se establece la prohibición total de fumar y lugares donde se permite la
habilitación de zonas para fumadores. Así y con carácter general, estará
prohibido fumar en centros de trabajo públicos y privados en locales cerrados.

Además estará totalmente prohibido fumar en centros y establecimientos
sanitarios y docentes; instalaciones deportivas cubiertas; lugares en los que se
preste un servicio de atención al ciudadano; centros de atención social para
menores de dieciocho años y de ocio o esparcimiento y áreas donde se elaboren,
transformen, preparen o vendan alimentos.

La misma prohibición regirá para ascensores; cabinas telefónicas, recintos de
cajeros automáticos y espacios de uso público de reducido tamaño; vehículos o
medios de transporte colectivos (incluidos los aéreos); estaciones de autobús
(excepto en los espacios al aire libre) y en todos los espacios del transporte
suburbano; transportes ferroviarios y marítimos (excepto en dependencias al aire
libre.

Se establecen también los lugares donde se restringirá el fumar siempre y cuando
se habiliten zonas para fumadores separadas físicamente del resto y con
ventilación propia. Estos lugares serán: centros de atención social; lugares
privados en los que se ejerza una actividad comercial; establecimientos de
hostelería y restauración cerrados con superficie superior a cien metros
cuadrados, teatros, cines y otros espectáculos públicos que se realizan en
espacios cerrados y aeropuertos.

Además, en los establecimientos de hostelería y restauración en los que no
existe prohibición legal de fumar porque su tamaño es inferior a los cien metros
cuadrados, se deberá anunciar visiblemente si se permite o no el consumo de
tabaco. Sobre la limitación de la publicidad y patrocinio, quedará prohibida la
publicidad del tabaco en prensa, radio y televisión y en los soportes de la
Sociedad de la Información.

Además, se prohibirá también la distribución gratuita o promocional de productos
del tabaco y el patrocinio de actos y eventos por este tipo de productos. Tras
explicar la futura norma, Salgado recordó que en España el tabaco provoca la
muerte de más de 50.000 personas al año, lo que representa el 16 por 100 de
todas las muertes entre mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol o los
accidentes de tráfico juntos.

El tabaquismo es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable en
España. De hecho, el consumo de tabaco está relacionado con más de 25
enfermedades, y es la causa principal del 90 por 100 de los casos de cáncer de
pulmón.

Se considera que el 60 por 100 de los no fumadores son fumadores involuntarios o
pasivos y, de hecho, el 1 por 100 de las muertes atribuibles al consumo de
tabaco se producen entre estos últimos. Además, el tabaco representa una enorme
carga económica y según datos de la Unión Europea, entre 98.000 y 130.000
millones de euros al año, es decir, entre el 1,04 y el 1,39 por 100 del PIB.

La tasa de inflación subyacente, que excluye del índice general los precios de
los alimentos frescos y de la energía, se incrementó en octubre pasado el 0,9% y
en los últimos doce meses el 2,9%.

Durante el mes pasado, el grupo más inflacionista fue el de vestido y calzado,
cuyos precios se incrementaron el 8,5%, seguido de la enseñanza, que lo hizo el
2%, y del transporte con un alza del 1,2%.