Autor: seccion sindical fraternidad

25 de Noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer

Hacer visible la violencia contra las mujeres como manifestación de la desigualdad de género, supone un salto importante para avanzar en su detección y eliminación, que nos sitúa en el reconocimiento del problema como una cuestión social y estructural que atenta contra los derechos humanos y que debe ser abordada desde una perspectiva integral por todos los agentes involucrados en el tratamiento de la violencia de género.

CCOO manifiesta que condena una vez más la violencia ejercida contra las mujeres en cualquier lugar del mundo, tolerada o justificada por los conflictos armados y los integrismos culturales o religiosos e insta a las autoridades y organismos políticos y sociales a combatirla actuando contra la feminización de la pobreza, la exclusión social y la explotación sexual.

En el caso español, a casi tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el incremento de mujeres asesinadas, 59 mujeres en lo que va de año, nos dice que, en alguna medida, el sistema falla, y de ahí la necesidad de detectar las posibles deficiencias que inciden en el desarrollo y aplicación eficaz de la ley.

Una Ley que a pesar de las dificultades en su aplicación, CC.OO. sigue valorando positivamente, porque ha puesto en marcha medidas importantes y además ha sido reforzada con la aprobación, el pasado 15 de diciembre de 2006, de un Catálogo de Medidas Urgentes contra la violencia de género así como del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008 fruto de un proceso participado por los poderes públicos, organizaciones sociales y personas expertas, en el ámbito de la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer y del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer. El objetivo principal, tanto del Catálogo como del Plan Nacional, es mejorar la eficacia de las medidas puestas en marcha y reforzar los mecanismos de protección y coordinación judicial. Destacan por su importancia, y señalamos especialmente, la puesta en funcionamiento de un Protocolo común de valoración del riesgo para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la creación de nuevas unidades forenses de valoración integral, el teléfono único 24 horas y el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud.

Esperamos que el desarrollo y aplicación de estas nuevas medidas y el reforzamiento de las existentes, den respuesta a la demanda de organizaciones de mujeres que atienden expresamente a mujeres víctimas de violencia y de profesionales del ámbito judicial que han puesto de manifiesto la saturación de los juzgados y la escasa formación en género de los operadores jurídicos, así como carencias en la asistencia jurídica y apoyo psicosocial inmediato y permanente a las víctimas que puede provocar cierta percepción de abandono a lo largo del proceso y explicaría en algunos casos, el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento o que se retracten de sus propias declaraciones en las vistas orales.

Así mismo, se detectan insuficiencias en los recursos y medios para garantizar la protección y seguridad de las víctimas, ya que no se han generalizado las unidades de valoración forense integral ni la aplicación del protocolo de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni tampoco existen equipos psico-sociales suficientes que mejoren la prevención y la recuperación integral de las víctimas.

Otra cuestión de importancia, pendiente de desarrollo, es la aprobación de un Programa específico de empleo para mujeres víctimas de violencia, exigencia recogida en el art. 22 de la Ley contra la violencia, donde previamente desde CC.OO. solicitamos, para una mayor operatividad del Programa, una evaluación de los resultados que se están obteniendo con las medidas ya existentes, dado que los datos cuantitativos apuntan a una baja utilización de las mismas.

Relacionado expresamente con el ámbito laboral, queremos resaltar positivamente la aprobación, el pasado 22 de marzo de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que mejora el sistema sancionatorio y de tutela frente a la violencia de género, así como los mecanismos de protección y prevención del acoso sexual, que pueden contribuir eficazmente a la prevención y eliminación de la violencia de género en los lugares de trabajo.

CCOO asume el compromiso y la responsabilidad social de trabajar conjuntamente con los poderes públicos y las distintas organizaciones sociales, en la visualización y eliminación de la violencia contra las mujeres, un problema social vinculado a las desventajas estructurales y a la discriminación que sufren las mujeres en las distintas sociedades y, demanda:

Mejorar los mecanismos de coordinación, colaboración y actuación de los organismos, administraciones públicas y profesionales de los distintos ámbitos, competentes y responsables en la detección, atención y tratamiento de las situaciones de violencia y para garantizar la integridad y seguridad personal de las víctimas de violencia de género, o en riesgo de serlo.

Dotaciones presupuestarias suficientes que respalden la voluntad política de erradicar la violencia (en todas las actuaciones: judicial, empleo, formación….) manifestada por el Gobierno, que hagan posible avanzar de manera eficaz den la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Avanzar en la difusión y aplicación de medidas de sensibilización y formación en violencia de género para profesionales de los distintos ámbitos judicial y policial, así como las dirigidas al sistema educativo, sanitario, publicidad y medios de comunicación, que favorezcan el cambio cultural, la acción preventiva y el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia.

CCOO participará activamente en las movilizaciones que las organizaciones sindicales, sociales y de mujeres convoquen para el día 25 de noviembre en todas las ciudades del Estado para manifestar su compromiso por la erradicación de esta lacra social de discriminación extrema contra la mujeres y, se compromete a:

Garantizar en el ámbito de la negociación colectiva, la difusión y posible mejora de los derechos laborales, sociales y económicos establecidos en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, impulsados y recogidos en el Acuerdo de Negociación Colectiva ANC 2007, así como favorecer y promover el empleo de mujeres víctimas de violencia de género.

Contribuir a la eliminación de la violencia de género en los lugares de trabajo, haciendo efectivos los derechos recogidos en la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación al establecimiento de Acuerdos, Procedimientos y Protocolos, que las empresas deberán negociar con la RLT, para hacer efectiva la prevención y eliminación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

Desarrollar en el ámbito de la acción sindical, campañas divulgativas, de formación y sensibilización, sobre los distintos tipos de violencia, desarrollando propuestas de intervención desde los distintos ámbitos del Área Pública de CCOO, para mejorar la atención, desde los servicios públicos a personas víctimas de violencia de género, así como favorecer o impulsar acciones de colaboración con las Unidades de coordinación contra la violencia de género establecidas en las distintas Comunidades Autónomas.

CCOO

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firmará hoy convenios con seis grandes empresas españolas para impulsar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género por parte de estas compañías. Estos contratos estarán dirigidos a un colectivo de unas 8.300 mujeres afectadas por este problema.

Cepsa, El Corte Inglés, Eulen, Inditex, Sacyr Vallehermoso y el Grupo Vips, son las grandes empresas que han llegado a un acuerdo con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, para incorporar a sus plantillas a trabajadoras que estén siendo maltratadas en el ámbito doméstico.

Los representantes de cada una de estas empresas firmarán hoy sendos convenios con el Ministerio de Trabajo, que constarán de dos partes. Una de ellas será la de ‘inserción’, por la que estas compañías se comprometen a contratar a este colectivo que, según los datos de Trabajo está formado por unas 8.350 mujeres en toda España.

La vía elegida y aceptada por estas empresas para realizar estas contrataciones serán los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) de cada una de las comunidades autónomas.

Así cuando a los funcionarios de estas oficinas les llegue la demanda de empleo de una mujer maltratada, a través de los itinerarios individualizados que se hace a todos los que piden un trabajo, en función de su perfil podrán ponerse en contacto con una de estas seis empresas, que darán prioridad a su contratación.

Al mismo tiempo, también los responsables de recursos humanos de estas empresas se comprometen a acudir a los servicio s públicos de empleo para poner en su conocimiento sus ofertas de trabajo, por si casaran con el perfil de una de estas mujeres.

‘Siempre manejando la confidencialidad de los datos, estas mujeres tendrán prioridades dentro de la inserción laboral’, aseguran responsables de Trabajo. Además de esta prioridad, las empresas accederán a las bonificaciones en las cotizaciones sociales vigentes ya en la actualidad para la contratación de este colectivo.

Pero, además, un segundo objetivo de estos convenios será el de ‘sensibilización’, según el cual, estas compañías también se comprometen a llevar a cabo distintas campañas para dar a conocer la problemática de la violencia doméstica sobre la mujer.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer ha iniciado también la firma de convenios similares con otras empresas públicas, como es el caso de Adif, con la que colaboran desde hace un año. Próximamente, Trabajo firmará convenios con Renfe, AENA y Correos.

Raquel Pascual
Cinco Dias

Unos 16.000 trabajadores mueren al año en España por enfermedades relacionadas con el trabajo. El primer año de vigencia del nuevo catálogo de dolencias profesionales ha traído una sorpresa. Ahora que las mutuas deben declararlas, las que van acompañadas de baja laboral se han reducido casi a la mitad.

Las enfermedades profesionales con baja declaradas descendieron casi en un 50% en el primer semestre de 2007 con respecto al mismo periodo del pasado año (de 11.722 pasaron a 6.164). Al mismo tiempo, las enfermedades sin baja aumentaron en un 36% (de 2.035 a 2.770). Las cifras han dejado helados a los sindicatos. El actual es el primer año en el que, tras la entrada en vigor de la nueva normativa y el catálogo ampliado de enfermedades profesionales, la declaración de las mismas corresponde a las mutuas. Anteriormente eran las propias empresas las encargadas de efectuar dicha declaración.

Como primera medida para atajar esta extraña situación, el Ministerio de Trabajo ha decidido, esta misma semana, que la Seguridad Social revise todos los expedientes resueltos por las mutuas como enfermedad común cuando haya indicios de que en realidad se trata de una enfermedad profesional. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El objetivo es que no se derive al sistema público de salud ninguna dolencia que las mutuas deberían haber catalogado como enfermedad profesional, lo que conlleva que sean ellas las que asuman la asistencia médica y sanitaria. Hasta ahora, sólo se inspeccionaban aquellos casos en los se producía denuncia por parte del trabajador afectado.

«Resulta muy raro que este año baje tanto la cantidad de enfermedades declaradas que tienen coste para las mutuas y que, en cambio, suba el número de las que no lo tienen», se indigna Dolors Hernández, responsable confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. ¿A qué se debe este desfase? Para Javier Torres, adjunto a la Secretaría Confederal de Salud Laboral de CC OO, estamos ante una ocultación de la realidad por parte de las mutuas: «Quieren demostrar a los empresarios que las contratan que declaran menos enfermedades con baja que antes y ganarse así más contratos en el futuro. Es una cuestión de pura competencia económica entre mutuas, con las pésimas consecuencias que ello conlleva».
Condiciones de trabajo

«Se atienden las dolencias como si fueran enfermedades comunes, derivándolas al sistema público de la Seguridad Social, pero no se cambian las condiciones de trabajo, que es lo importante para que no vuelva a haber recaídas», agrega Javier Torres. Desde UGT, Dolors Hernández ratifica esta interpretación de los datos de 2007: «Puro clientelismo de las mutuas hacia sus empresas. Para ellas presentar una supuesta buena gestión consiste en declarar menos enfermedades profesionales con baja, haciendo creer que en las compañías que las contratan se producen pocas dolencias».

Según cálculos del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), de CC OO, en nuestro país se produjeron unas 16.000 muertes por enfermedades derivadas del entorno de trabajo en 2006, diez veces más que los muertos por accidentes laborales. De ellas, 9.000 casos por tumores malignos y 3.500 por alteraciones cardiovasculares. Muchos de ellos no son declarados como enfermedades profesionales.

El anterior cuadro de esta clase de dolencias se remontaba a 1978. Según UGT, en la actualidad a uno de cada 500 empleados se le reconoce alguna enfermedad profesional, aunque la incidencia real es mucho mayor. Entre las novedades del amplísimo nuevo cuadro (hasta un total de 80.000 enfermedades) figura la ampliación de las derivadas del amianto, aumentando las actividades que pueden ser causa de asbestosis. También se incluyen los trabajos que exponen a ruidos; se completan las causas de los trastornos musculoesqueléticos, que dan lugar a 28.000 enfermedades profesionales distintas, y se añaden las dolencias de los nódulos vocales para quienes trabajan con su voz, como profesores o locutores.

Jaime González, coordinador de Mutuas y Protección Social de CC OO, estima que más del 95% de los trabajadores españoles están dados de alta en alguna mutua, dato que se extrae de los presupuestos de la Seguridad Social de 2007, en los que ése es el porcentaje de cuotas recaudadas por contingencias profesionales. Según las cifras proporcionadas por este sindicato, sobre una recaudación de 90.348,10 millones de euros en 2007, les corresponde a las mutuas la gestión de 86.607,69 millones para dolencias profesionales, a lo que suman otros 2.432,07 euros para contingencias comunes.
La patronal no responde

Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de AMAT, la patronal española de las mutuas de accidentes de trabajo. Un portavoz señaló que no había respuesta oficial para la queja expresada por los sindicatos mayoritarios. Más expeditivos fueron éstos. Para Dolors Hernández, «los sindicatos deben estar en los consejos de administración de las mutuas, dado que éstas legalmente son entidades colaboradoras del sistema nacional de salud». La representante de UGT aboga por la «cogestión» y avanza ya que «una de las primeras cuestiones que plantearemos en cuanto empiece la siguiente legislatura [previsiblemente en abril de 2008] será que el Gobierno articule medidas sobre cómo participar en la actividad de las mutuas, tanto por parte de los sindicatos como del propio Ejecutivo, algo que está recogido en la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral».

JOSEP M. SARRIEGUI
El Pais

Los Ministerios del Interior y de Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial firmaron ayer un protocolo de colaboración para hacer frente a la siniestralidad laboral. La CEOE decidió finalmente no suscribirlo pese a haber participado en su redacción por una cláusula que permite a los sindicatos personarse en los procedimientos judiciales.

A pesar de haber participado durante el último medio año en las reuniones de elaboración del texto, la CEOE decidió ayer que no se sumaría a la firma del protocolo contra la siniestralidad laboral que sí suscribieron el resto de sus patrocinadores.

Así, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el presidente del Consejo Superior del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, firmaron el protocolo marco para el fomento de la lucha contra la siniestralidad laboral al que también se adhirieron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y el Consejo General de la Abogacía del Estado.

El motivo de que, en el último momento, la CEOE se autoexcluyera de la firma reside en su rechazo a una cláusula que concede a los sindicatos la facultad de poder personarse en los procedimientos penales derivados de accidentes laborales, una vez comenzado el proceso judicial, una acción no contemplada inicialmente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El protocolo servirá de referencia para la firma de convenios con las comunidades autónomas que ostentan las competencias en materia laboral y sanitaria y que serán las encargadas de aplicarlo.

El texto fija mecanismos de cooperación que agilizarán el trabajo de fiscales y policía en su tarea de investigación. También pretende acelerar la ejecución de las sentencias condenatorias. Asimismo, recoge la organización de jornadas técnicas de formación y la creación de una comisión interministerial de seguimiento.

Aunque ayer no se sumó a la firma de este protocolo, la CEOE forma parte de la Estrategia sobre Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada por el Gobierno en junio, y en la han participado los sindicatos. En ella se fijan, entre otros asuntos, bonificaciones para las empresas que cuenten con un servicio de prevención propio o que obtengan los mejores resultados en prevención laboral.
681 muertos hasta julio en accidente de trabajo

De enero a julio murieron en España en accidente laboral 681 trabajadores, lo que supone una reducción del 12,3% respecto al mismo periodo de 2006, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. Del total de accidentes registrados con resultado de muerte, 493 se produjeron durante la jornada laboral y 188 ‘in itinere’ (de camino al trabajo o viceversa).

Por comunidades autónomas, Andalucía se situó en primer lugar con 114 víctimas, seguida de Madrid, con 102, y Cataluña, en tercer lugar, con 89.

Aunque la siniestralidad laboral ha disminuido en los últimos años en España, continúa estando a la cabeza de Europa en muertos y lesionados en el trabajo. En conjunto, de enero a julio se registraron un total de 549.241 accidentes con baja en jornada de trabajo y 56.849 siniestros ‘in itinere’.

Cinco Dias

Los empresarios que sean imprudentes a la hora de prevenir los accidentes laborales podrán acabar en la cárcel: así se indica en el acuerdo marco firmado por los ministerios de Interior y de Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ y los sindicatos UGT y CCOO.

Gobierno, justicia y sindicatos se han aliado para poner freno a la sangría de accidentes laborales, y de forma especial con los que son mortales. Para ello, los ministerios de Interior y Trabajo firmaron ayer un protocolo con la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un protocolo para fomentar la lucha contra la siniestralidad laboral. A él se han adherido CC. OO., UGT y el Consejo General de la Abogacía.

No se trata de un documento más. En esta ocasión todo parece indicar que van en serio. En él se contempla que los empresarios que cometan imprudencias en materia laboral pueden acabar en la cárcel. Pero tal vez lo más importante es que la actitud de policías y jueces para perseguir este tipo de delito va a ser prioritaria. Cada día mueren más de tres trabajadores en su puesto de trabajo. La siniestralidad en España es un 30% superior a la UE.

Es cierto que la situación ha mejorado, como subrayó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el índice de siniestralidad se ha situado en el nivel más bajo de los últimos 21 años, pero no es menos cierto que en la construcción, que produce un tercio de los accidentes mortales se ha incrementado de forma continuada en los últimos años y en el 2006 el aumento ha sido del 3,5%.

La razón de la elevada siniestralidad en la construcción obedece fundamentalmente a la contratación de la mano de obra entre emigrantes en situación irregular. La otra razón es la falta de cultura de prevención por parte de las pequeñas empresas que subcontratan y no obligan a sus trabajadores a respetar las normas de seguridad.

Los datos son contundentes en los siete primeros meses han perdido la vida en accidente laboral 681 trabajadores, de ellos 188 en el trayecto de su casa al trabajo como consecuencia de la fatiga provocada por una jornada laboral excesiva.

Esta concienciación de la justicia y la policía explica que el número de procedimientos penales incoados por delitos de homicidios imprudentes en accidente laboral se hayan situado el año pasado en 487, lo que supone un aumento del 139%, según indica la memoria de la Fiscalía General del Estado.

CEOE ha advertido del peligro de que se criminalice la construcción. No ha suscrito el convenio porque permite a los sindicatos personarse en los procesos judiciales, aunque comparte la batalla contra la siniestralidad.

Mariano Guindal
La Vanguardia