Autor: seccion sindical fraternidad

Si en una función laboral, obra o faena, ocurre o deviene un accidente que cauce incapacidad al trabajador, se debe presumir que este se debió a culpa del empleador en cuanto él es responsable directo de la salud de sus trabajadores.

El artículo 184 del Código del Trabajo, ha dado origen a numerosa jurisprudencia sobre la Obligación de Cuidado del Empleador. Señala la disposición que éste se encuentra obligado a tomar “todas” las “providencias necesarias” y “eficaces”, para salvaguardar la vida y salud de los Trabajadores. Al respecto hay una numerosa reglamentación de orden jurídico y también de normas de producción, que vienen a ser algo como la Lex Artis en materia de producción de bienes y servicios, de cómo debe hacerse una faena, obra o trabajo, por elemental que ello sea, se trata de las Normas Chilenas aplicables en los procesos productivos y cuya exigencia deriva de estudios y homologación de carácter internacional. Es decir, las labores productivas tienen certificaciones propias y, además, la Ley exige al empleador tomar medidas preventivas, todo ello en función a la calidad y seguridad en la producción.



Al respecto la Excma. Corte Suprema ha reconocido que además de una exigencia de “resultado”, la expresión “eficaz” empleada por el artículo 184 del C. del Tr. implica, la extrema acuciosidad con la que el empleador debe actuar en el ordenamiento de sus tareas empresariales, a fin de salvaguardar la integridad del trabajador y su vida.

Estas exigencias no son únicas, pues, el D.S. N° 40, conocido ampliamente como la “Obligación de Informar”, exige que el empleador señale “oportuna y debidamente” los riesgos que el trabajador enfrenta en la faena. Las características de ellos en cuanto a su naturaleza, olor, color, materialidad, y otras características, y además, las formas de trabajo correctas y los elementos de protección para evitar los accidentes y enfermedades.

En breves palabras, es obligación del empleador asegurar al trabajador que éste volverá a su hogar en las mismas condiciones de salud en las que llegó a la empresa. El Empleador responde, entonces, de la culpa levísima.

Otro concepto civilista que conviene tener presente, es el que expresa que en un contrato, el incumplimiento se entiende culpable. Es decir, si en una función laboral, obra o faena, ocurre o deviene un accidente que cauce incapacidad al trabajador, se debe presumir que este se debió a culpa del empleador en cuanto él es responsable directo de la salud de sus trabajadores.

Manuel Muñoz Astudillo – U.T. Federico Santa María Talcahuano – Chile

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendió ayer que para mejorar las pensiones mínimas será necesario también subir el salario mínimo, lo que ayudaría a garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. «Es imposible que no haya cierta correspondencia» entre la subida de pensiones y salarios, advirtió, «a no ser que el Estado subvencione la Seguridad Social de manera más generosa».

En una comida-coloquio en la Cámara de Comercio de Barcelona, Granado señaló que la legislatura acabará con un fondo de reserva 55.000 millones de euros, pero advirtió de la necesidad de medidas para evitar una crisis del sistema de la Seguridad Social «en 2030 o 2050», porque el gasto sería mayor a los ingresos.

Granado también anunció que la Seguridad Social «ajustará» las tarifas que se pagan a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por su servicio con el fin de que el excedente que logren estas entidades deriven «de la buena gestión». Se trata de una de las medidas para mejorar el control sobre estas entidades, ya que, según explicó, «las mutuas tienen a veces unos excedentes que llevan a prácticas ilegales». Además, el PSOE ha introducido una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008 para que las mutuas destinen el 80% de sus excedentes a la prevención de riesgos laborales, según Europa Press.

Vegara dice que los salarios moderados ayudarán a mantener crecimiento y empleo si cede la demanda

Patronal y sindicatos han coincidido en la necesidad de prorrogar el pacto social para mantener la moderación durante el 2008. El objetivo es dar estabilidad a las empresas ante el incremento de las incertidumbres provocado por las turbulencias financieras internacionales y la desaceleración del sector inmobiliario. Esto significa garantizar la paz laboral para el próximo año y que los salarios crezcan en el entorno del 3%.

Los primeros contactos para sondear las posibilidades de prorrogar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) han sido concluyentes. Así se ha puesto de manifiesto en las reuniones informales mantenidas por el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, con los secretarios de acción sindical de CC. OO., Juan Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Antonio Ferrer. Todos han coincidido en la necesidad de mantener este pacto al menos un año más a pesar de la presión ambiental para romperlo.

El propio líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha argumentado que España tiene un problema de salarios bajos. Ha recordado la pérdida de peso de los salarios en el reparto del producto interior brutos y la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de las familias para hacer frente al pago de hipotecas tras la subida de los tipos de interés. Esta interpretación fue descalificada por el nuevo presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que ha insistido en que la moderación salarial es la base del fuerte crecimiento que ha experimentado la economía española a lo largo de los últimos años.

Las coincidencias entre patronal y sindicatos son tan notorias que el acuerdo prácticamente está cerrado, aunque formalmente habrá que convocar las mesas de negociación. Estas reuniones se celebrarán una vez que se defina cómo se aplica la ley orgánica sobre igualdad entre hombres y mujeres a la negociación colectiva. Lo mismo sucede con los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo.

Los criterios que se fijarán para la negociación salarial de los cinco mil convenios colectivos que se discutirán el próximo año y que agrupan a mas de diez millones de trabajadores son los siguientes. En primer lugar, tomar como punto de referencia el objetivo de inflación para el próximo año que determine el BCE, que es del 2%, al que hay que sumar el incremento de la productividad, estimado para el próximo año en el 1,1%. Esto representa que la cifra orientativa para los negociadores de convenio sea del 3%.

La novedad que se pretende introducir es que en aquellos sectores donde la productividad ha crecido más, como son el inmobiliario y el financiero, los aumentos sean mayores para que exista un reparto más equitativo de los grandes beneficios empresariales.

El segundo criterio es que con carácter general se consolide la cláusula de revisión salarial, con el fin de garantizar el poder de compra de las rentas de los trabajadores. Estas cláusulas entrarán en vigor en el caso de que la inflación en el mes de diciembre del próximo año supere el 2%. Se trata de garantizar que los salarios crezcan de manera real un punto por encima del aumento de los precios.

Concretamente, para el 2007 se espera que el índice de precios al consumo (IPC) del mes de diciembre se sitúe en el entorno del 3%. De cumplirse esta previsión dada por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, la mayor parte de las empresas tendrá que pagar con efecto retroactivo desde el 1 de enero el importe de la desviación, que se hace efectivo con una minipaga. Además, la subida se consolida en las tablas salariales para el siguiente ejercicio. El coste de un punto viene a suponer unos 2.000 millones de euros. De esta manera, la subida nominal después de aplicar la cláusula de revisión salarial se situará para el presente ejercicio en el 4%.

El Gobierno ha considerado imprescindible que el AINC se prorrogue el próximo año. David Vegara afirma que la moderación salarial «contribuirá a que, llegado el caso, el proceso de crecimiento y de creación de empleo continúe en el contexto en que la demanda crece menos».

Mariano Guindal

La Vangaurdia

Uno de cada tres trabajadores europeos cree que su salud y seguridad se ven amenazadas por su actividad profesional y el casi el mismo porcentaje, 35%, declara que su trabajo afecta a su salud, según un estudio realizado por la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (Eurofound).

De acuerdo con los resultados de este informe, para el que se efectuaron unas 30.000 entrevistas a trabajadores de 31 países, cerca de uno de cada cuatro europeos tiene un contrato no normalizado, generalmente de duración determinada, porcentaje que se eleva hasta el 50% entre los que han ingresado más recientemente en el mercado laboral.

La mitad de los trabajadores encuestados considera que su actividad profesional no se corresponde con sus capacidades, si bien el 82% declara estar satisfecho o muy satisfecho con sus condiciones laborales. Aún así, sólo el 31% cree que su trabajo le ofrece buenas perspectivas de desarrollo profesional.

La encuesta revela además que el 65% de los europeos trabaja cinco días a la semana, mientras que el 23% lo hace seis o siete días por semana. Además, el 15% trabaja normalmente más de 48 horas semanales y el 66% se rige por el horario establecido por la empresa, sin posibilidad de que éste sea modificado. Únicamente uno de cada cuatro empleados puede adaptar su horario laboral a sus necesidades.

El estudio refleja que uno de cada cuatro empleados tiene a una mujer como jefe directa, aunque es mayor proporción la proporción de mujeres que tienen una jefa que la de hombres, con un 42% frente a un 10%.

En cuanto a la situación de los jóvenes europeos, el informe constata que en los países analizados se dan una serie de rasgos comunes que afectan al colectivo, como la mayor incidencia de la temporalidad, el desempleo o la economía informal.

Precisamente, la situación del desempleo juvenil ha sido debatida por Eurofound esta semana en un seminario celebrado en el Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, en el que empresarios, sindicatos y gobiernos de más de 16 países han analizado sus políticas y experiencias en relación con el empleo juvenil.

Según informó el CES, en este foro se puso de manifiesto que las posibilidades de encontrar un empleo adecuado y evitar el riesgo de desempleo y exclusión social aumentan considerablemente con el nivel educativo. Por el contrario, el abandono temprano del sistema educativo incrementa «considerablemente» el riesgo de paro de larga duración.

EUROPA PRESS