Autor: seccion sindical fraternidad

BARCELONA,(EUROPA PRESS).- Las juntas generales de las mutuas laborales catalana Reddismatt y Fimac han dado luz verde a la fusión de ambas entidades, con lo que la nueva mutua, Activa, se convertirá en la novena entidad aseguradora labora de España y la cuarta en Catalunya.

Durante la presentación de este proyecto de fusión, que se formalizará a partir del 1 de enero de 2008, los máximos responsables de las mutuas explicaron que esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de concentración impulsado por el Gobierno español y que ha conseguido que de 120 mutuas en 1990 queden actualmente 22.

La nueva entidad tendrá, según su presidente, Xavier Artal, –presidente de Reddismatt–, una clara vocación nacional, por lo que concentrará sus esfuerzos en ganar mercado fuera de Catalunya.

Activa contará con una cartera de 82.000 empresas y dará cobertura a mas de medio millón de trabajadores. Además, ocupará a 890 empleados distribuidos en 80 centros de trabajo repartidos en 42 provincias, espera ingresar unos 350 millones de euros en 2008, con unas reservas totales de 135 millones y calcula registrar unos crecimientos de entre el 10% y el 13% anual.

El organigrama de la entidad estará formado por Artal como presidente, el presidente de Fimac será su vicepresidente primero, mientras que el vicepresidente de Reddismatt será el vicepresidente segundo. A nivel directivo, el director gerente de Fimac ocupará el mismo cargo en Activa, el director gerente de Reddismatt será el director institucional y el director adjunto de Reddismatt, Miquel Àngel Puig, ocupará el cargo de director ejecutivo.

La sede social de la entidad estará establecida en Reus (Tarragona) en las nuevas instalaciones que la mutua construirá en la zona del Tecnoparc, mientras que la sede corporativa se quedará en Barcelona. Artal aseguró que esta bicefalia no afectará al desarrollo de su actividad gracias a las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información.

La fusión también incluye la titularidad de la sociedad de prevención MRMsp, que a pesar de tener personalidad jurídica propia tiene como único accionista Mútua d’Accidents (Fimac).

Artal no descartó que en un tiempo –«dos o tres años»– se puedan producir nuevas fusiones siguiendo con este proceso de concentración, pero reiteró que siempre será con entidades que «coincidan en las perspectivas de negocio de Activa».

En este sentido, Castells explicó que las negociaciones de fusión entre Fimac y Mutua Intercomarcal finalizaron por ambas partes debido a que «no hubo ningún acuerdo sobre el sistema de gestión de las entidades».

| 30/Jul/2007 16:47:04 (EUROPA PRESS) 07/30/16-47/07 »

NORMATIVA LEGAL

SIN PARTICIPACIONES
La ley de general de la Seguridad Social de 1974 que regula el funcionamiento de las mutuas de accidentes laborales impide que estas entidades o sus directivos puedan tener participaciones en otras empresas. Se les permite únicamente la participación en una firma de servicios de prevención de riesgos ajenos, si ésta atiende exclusivamente a sus propios afiliados. El objetivo es evitar que con fondos públicos se puedan atender negocios particulares.

FUNCIONAMIENTO NORMAL
La investigación iniciada por la Inspección General de la Seguridad Social y que se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción se extiende tan solo a las actividades de los directivos de la mutua en relación con otras empresas. No afecta, por tanto, al normal desarrollo de la sociedad de previsión social, cuya junta directiva está presidida por Juan Echevarría Puig. La mutua continúa prestando el servicio a casi un millón y medio de mutualistas.

DOS TIPOS DE DELITOS
Las investigaciones iniciadas por la Seguridad Social y la fiscalía están relacionadas con dos tipos de delitos, uno de carácter administrativo, ligado con la facturación irregular al Seguro, que ha abierto un expediente a la mutua. El otro, relacionado con la utilización de fondos públicos con fines privados, tiene responsabilidades penales.

El director, Juan Aicart, y cinco colaboradores están imputados por desvío de dinero público
Cerca de 20 compañías del caso están siendo estudiadas, algunas por emitir facturas falsas

La Fiscalía Anticorrupción investiga si los directivos de Mutua Universal han constituido un entramado de empresas con fondos de la Seguridad Social y han utilizado estas para obtener beneficios personales al tiempo que para emitir facturas falsas o hinchadas contra la propia mutua para justificar trabajos y servicios prestados. Con esa «sobrefacturación» podrían haber justificado ante las auditorías de la Seguridad Social el dinero escamoteado al Seguro para constituir esas compañías.
La Fiscalía ha imputado en la querella presentada en el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona al director gerente de la mutua, Juan Aicart Manzanares, y a cinco de sus colaboradores por posibles delitos de malversación de fondos públicos, delitos societarios y administración desleal.
Varias de las empresas relacionadas con los directivos de la mutua facturaron a ésta servicios inexistentes o hincharon la factura de trabajos prestados, según el informe de la Inspección General de la Seguridad Social realizado a partir de las cuentas de la firma de previsión. El Seguro ha remitido el informe a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, que el miércoles llevó a cabo el registro de la sede social de la mutua. También lo envió al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado.

VINCULACIONES SOCIETARIAS La Intervención menciona, según recogió ayer el diario El País, como factureras a Proyectos Sounds, Pauta Systemas, Perplex Gestión y Desarrollo, Centros Sanitarios General, Centros Catalanes Medicina y Salud y Centros Canarios Medicina y Salud. Pero se da la circunstancia de que esas empresas no solo están vinculadas entre sí, sino que además pertenecen a un entramado empresarial, en el que participan cerca de una veintena de sociedades relacionadas con el directivo de la mutua Juan Aicart y sus colaboradores, según la investigación de la fiscalía.
Fuentes relacionadas con la Mutua Universal explicaron a este diario que los directivos tenían vínculos con sociedades como Centros Sanitarios General, Santa Iscla Unión y Aura Global. De hecho, Aicart fue administrador único de Centros Sanitarios General, aunque abandonó el cargo en 1990. En su lugar tomaron posesión Jesús Jara (gerente) y Juan Bou (apoderado) y se incorporó como consejero Pedro Carbonell.
En el 2002, se incorporó como administrador Antonio Brondo, junto a los dos primeros, quienes constituyen el nexo de unión entre al menos siete firmas, en las que participan en sus órganos sociales, administrador, apoderado o representante.
También los actuales subdirectores de la mutua –Xavier Tobajas, Eduard Villa, Josep García y Alfred Macia– han ocupado cargos en alguna de las sociedades relacionadas.
El informe de la Intervención dice que algunas empresas no tienen contenido y se limitan a emitir facturas. Otras sí que lo tienen y realizan una actividad empresarial de la que se habrían beneficiado los directivos de la mutua.

COMFIA-CC.OO. EXIGE MAYOR PARTICIPCION EN LOS ORGANOS DE GESTION DE LAS MUTUAS, APROPOSITO DE LA SITUACION PLANTEADA EN LA MUTUA UNIVERSAL.

Ante la intervención de la Fiscalia en la Mutua Universal Comfia-CC.OO. cree conveniente que las investigaciones se desarrollen con la mayor agilidad, con el fin de   aclarar lo más rápidamente posible el problema suscitado, que más que  un problema sectorial se trata de una mala gestión por parte de la dirección de la mutua.

Existió en su momento una auditoria por parte del Tribunal de Cuentas que afectaba a las mutuas en general, y que  trataba sobre la diferenciación de las cuentas de la actividad de la prevención de riegos ajenos, pero  se arbitró una solución con la segregación de las actividades preventivas, de las del tratamiento de los accidentes laborales.

Comfia-CC.OO. ha defendido ante todas las Administraciones, y  además tenemos un principio de acuerdo con la Administración  Socialista, para aumentar la participación de todos  los agentes económicos en la gestión de las Mutuas de Accidentes, lo que llamamos la cogestión,

Comfia-CC.OO. plantea avanzar en la profesionalización de los representantes en los órganos en la Mutuas para hacer más eficaz el control y  la transparencia en  la gestión,

La Administración se ha comprometido a que  situación planteada en la Mutua Universal no tendrá consecuencias en el empleo.

2 de agosto de 2007   

A este protocolo se sumarán los sindicatos y el Consejo General de la Abogacía, con el fin de ampliar el abanico de colaboraciones en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Los Ministerios de Trabajo e Interior, el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía del Estado firmarán en breve un protocolo de colaboración para estrechar la investigación y vigilancia de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como para la ejecución de las sentencias condenatorias. Así lo anunció ayer el titular de Trabajo, Jesús Caldera, durante su comparecencia en el Congreso.

A este protocolo se sumarán los sindicatos y el Consejo General de la Abogacía, con el fin de ampliar el abanico de colaboraciones en la lucha contra la siniestralidad laboral. La voluntad del Gobierno es que sirva de referencia para la suscripción de convenios específicos en las comunidades autónomas, con el fin de reducir los accidentes laborales.

Esta estrategia, pactada entre el Gobierno, los agentes sociales y las comunidades autónomas, contempla un centenar de medidas para mejorar las condiciones laborales y las políticas preventivas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde se producen un gran número de siniestros. El reto descansa en reducir al menos un 25% los accidentes laborales, hasta situar a España en niveles europeos.

Las últimas estadísticas reflejan, según Caldera, una continua reducción del número de siniestros, hasta el punto de que el índice de incidencia actual es el más bajo desde 1994.
Asistencia técnica

Hoy mismo, Caldera trasladará su plan de estrategia a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación. Este plan incorpora medidas que se pondrán en marcha hasta abril del año que viene y cuyo desarrollo se extenderá más allá de esa fecha.

En septiembre se establecerá un plan de asistencia al empresario que cuente con menos de diez trabajadores y se comenzará a estudiar la puesta en marcha de un sistema bonus malus que prime a las empresas cumplidoras con la ley y castigue a las que tengan mayores índices de siniestralidad.

El plan incluye también la realización de una campaña publicitaria en los últimos meses del año que, con un coste estimado de cuatro millones, promoverá el desarrollo de la cultura preventiva.

Cinco Dias