Diversas estimaciones indican que es un mal que afecta al 9% de la población ocupada europea. Tras varios años en los que no existía una doctrina judicial clara, los tribunales están admitiendo ya el 45% de las demandas. Tres trabajadores con sentencias por mobbing a su favor han relatado el tormento que han vivido y continúan aguantando en forma de secuelas psicológicas.
Cuando se habla de acoso psicológico en el trabajo o mobbing , todavía continúa vigente la definición que estableció el científico que acuñó el término, el alemán Heinz Leymann: «Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona acabe abandonando el lugar de trabajo».
Al tratarse de un fenómeno que comenzó a estudiarse hace pocos años -en la década de los 80- y debido a su naturaleza de agresión sutil, no existen estudios exhaustivos sobre su incidencia. Sin embargo, diversas estimaciones indican que es un mal que afecta al 9% de la población ocupada europea. Tras varios años en los que no existía una doctrina judicial clara, los tribunales están admitiendo ya el 45% de las demandas.
Tres trabajadores con sentencias por mobbing a su favor han relatado el tormento que han vivido y continúan aguantando en forma de secuelas psicológicas.
óscar ortega, 39 años
«Estuve tres meses encerrado en un cuarto sin hacer nada»
El psiquiatra tranquiliza a Óscar diciéndole que es normal que tenga lagunas al tratar de recordar el año 2006. «He borrado ese año de mi mente», afirma. Fue a principios de ese ejercicio fatídico cuando acudió a la Inspección de Trabajo para denunciar que desde el año 2000 trabajaba subcontratado de forma fraudulenta en una factoría de gas butano. Su empresa es una sociedad con sede en Algeciras que carece de estructura en Euskadi. Se limita a poner al operario a disposición del cliente y enviarle las nóminas, una intermediación que sólo las ETT están autorizadas a desempeñar.
Poco tiempo después, cogió una baja por lumbalgia. A su regreso, se sorprendió al encontrar a un trabajador en su puesto de conductor de una carretilla eléctrica. Al sustituto le habían hecho indefinido y no había trabajo para él. «Estuve tres meses esperando, encerrado en un cuarto, quietecito. Nadie me daba órdenes. Los compañeros dejaron de relacionarse conmigo de forma normal. Te sientes como un pelele frente a una multinacional enorme. Te cambia el carácter, tan pronto te muestras agresivo como te quedas acobardado en un rincón…». Óscar no pudo aguantar el ostracismo más de tres meses. Cayó en una depresión profunda y, desde entonces, toma antidepresivos y ansiolíticos.
Tras varios meses de baja, la empresa le comunicó su traslado a Huelva. Sin recuperarse todavía del susto, él impugnó esa medida ante el juez y acabó recibiendo una carta de despido. Con la moral hundida y entre frecuentes ataques de ansiedad, comenzó a padecer síntomas de un acusado síndrome de persecución, y no siempre de forma infundada. En vísperas de un acto de conciliación, el gerente de su empresa se presentó en su domicilio para ofrecerle un trato. Durante semanas él y su hermana recibieron sospechosas llamadas desde números de Andalucía y Madrid.
Óscar tuvo la fortuna de encontrar una aliada en la Justicia. Las sucesivas sentencias dictadas por los tribunales siempre le dieron la razón y dejaron claro que la compañía de butano atentó «contra su dignidad, creando un entorno hostil, humillante y ofensivo».
Aunque sigue en tratamiento psiquiátrico, Óscar recibió el alta el pasado marzo. La empresa demandada ha acatado las resoluciones judiciales y le ha dado de alta en la Seguridad Social, pero aún no se ha incorporado a su puesto de trabajo a la espera de que se resuelva la demanda por cesión ilegal. Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido un acercamiento, ya que la dirección parece dispuesta a desistir de la vía judicial.
andoni casado, 59 años
«Hay muchos casos de acoso, pero hay miedo de denunciarlo»
Andoni ha sufrido un caso de mobbing con gravísimas secuelas en su salud que, posiblemente, nunca desaparezcan. Desde 2002 ha permanecido de baja durante prolongados periodos debido a una gravísima depresión. A sus 59 años, su diagnóstico clínico apunta a una transformación permanente de la personalidad que ha desencadenado un cuadro psicótico paranoide.
Empleado en un ayuntamiento vizcaíno desde los 14 años, Andoni es delegado de UGT en el consistorio. A partir de 2001, inició una serie de reclamaciones para que la institución le permitiera participar en la negociación colectiva. «A partir de la beligerancia mostrada por el delegado, se inició un proceso que se tradujo en la negativa a facilitarle los medios necesarios para realizar su labor sindical», detalla su letrado. El punto culminante fue el cese en su puesto de responsable de conserjes «sin recibir ninguna explicación». El trabajador, que ejercía como subalterno en actos protocolarios y bodas civiles, ganó en 2003 una demanda de tutela de derechos fundamentales con un fallo que reconocía que había sido «ninguneado». El juez condenó al Ayuntamiento a pagar 3.005 euros.
«Me quitaron el despacho, me quitaron el ordenador, no me dejaban hacer fotocopias y me ubicaron en un cuarto de dos metros cuadrados debajo de la escalera, en un espacio inhumano», asegura Andoni. «Tuvimos que pedir al juez que de forma excepcional viniera a realizar una inspección ocular para comprobar que no se le habían devuelto los medios que le habían retirado», agrega su abogado.
«Hay muchos casos de mobbing , pero la gente tiene miedo de denunciarlos. Es humillante. Entras en un estado en el que lo único que quieres es llegar a casa, cerrar las persianas y aislarte», ilustra el afectado, sin poder reprimir las lágrimas.
miguel ángel fernández, 39 años
«Me desacreditaron para que perdiera mi autoestima»
Miguel Ángel Fernández tenía una prometedora carrera como analista programador en una consultoría. Desde el año 2000 trabajaba subcontratado en un banco en el puesto de un trabajador prejubilado. No tuvo problemas hasta 2004, cuando decidió que había llegado la hora de organizar una representación sindical en la empresa: «En ese punto ya empecé a ver que no hacía mucha gracia». Meses después, presentó una denuncia por cesión ilegal en la que solicitaba integrarse como empleado directo de la entidad financiera. Ahí comenzó su calvario.
La reacción fue fulminante. Su empresa le sacó del banco y le envió a las oficinas centrales de la consultoría. «Al llegar, me plantearon que me fuera a casa porque no había ningún proyecto para mí. Evidentemente, me negué: no quería darles una justificación para que me despidieran». Tras amagar con trasladarle a otro centro de la firma le encomendaron una auditoría de calidad: «Me pasé seis meses analizando unos tochos y haciendo un informe que nunca nadie leyó. Querían tenerme entretenido mientras pensaban qué hacer conmigo, hasta que me cansase», asegura.
En los siguientes 18 meses, la empresa le privó de tarea alguna. «No hacía nada. Me metieron en un par de proyectos de los que me sacaban al cabo de dos días para justificar que no valía. Querían desacreditarme para que perdiera mi autoestima y me fuera».
Su vida personal no se libró de la angustia que empañaba su trabajo. «Se me agudizaron los dolores de cabeza y dormía poco. No me quería ir a la cama porque sabía que pronto llegaría la mañana siguiente. Te metes en una bola de la que cuesta salir». Muchos compañeros le dieron la espalda. Miguel Ángel cree que participaron por omisión en una campaña de descrédito orquestada contra él. Estaba tan hundido que el año pasado canceló su boda: «No tenía ganas de hacer nada».
Todas las sentencias han avalado su batalla. El juez condenó a su empresa por «vulnerar su dignidad profesional» y ordenó al banco en el que estuvo a que lo acogiera en su plantilla. El lunes tomó posesión de su plaza, pero fue despedido horas después. Él reafirma su intención de llegar hasta el final. Su abogado dice que «la entidad sabe que es despido es nulo», pero en esa carrera de desgaste, el tiempo corre en contra de Miguel Ángel.
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