Autor: seccion sindical fraternidad

Empresas especializadas en servicios sociosanitarios buscan 300.000 profesionales para prestar las atenciones previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal

El Estado de bienestar inicia este año en España una nueva y complicada aventura: poner en marcha a partir de 2008 el sistema nacional de atención a las personas dependientes, creado por la conocida como Ley de Dependencia (de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). Su objetivo final es la extensión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a casi millón y medio de ciudadanos con distintos grados de incapacidad para valerse por sí mismos.

Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del Estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. Ya hay varias empresas -incluso alguna constuctora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.

Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con derecho en el futuro a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.

El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora pionero en el de la dependencia, reconoce la suma complejidad que supone la creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero es optimista.

«Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales. Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Esas expectativas se verán desbordadas al alza», sostiene el empresario Benavente.

En todo caso, el nuevo pilar del Estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la UE. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de 2004, el 68,5% de los españoles citaba el apoyo a las personas dependientes entre las tres medidas que debía tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar. Un 70% se mostró incluso partidario de asumir subidas de los impuestos si se dedicaban a incrementar este tipo de servicios sociales.

En la puesta en marcha del SAAD están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias. Se trata de miles de millones de euros en más gasto social cada año. Pocos expertos se atreven a hacer el cálculo, ni siquiera aproximado, pero hay esta reciente orientación solemne: el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles pasado, al final del debate conocido como del estado de la nación, una resolución obligando al Gobierno a destinar en 2008 mil millones más de los previstos inicialmente para el SAAD. La votación fue promovida por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). El PP votó a favor y el PSOE se opuso. Antes, a propuesta de socialistas, IU-ICV y Chunta Aragonesista, se había aprobado otra resolución que instaba al Ejecutivo socialista a aumentar en un 25% el dinero «previsto» para empezar a aplicar la Ley de Dependencia en 2008.

«Todos los que aprobamos esta ley estamos preocupados por su despliegue. Sabemos lo importante que es que el SAAD satisfaga las expectativas creadas». Esto dice la resolución de los republicanos catalanes, conscientes de que las comunidades autónomas no disponen de dinero suficiente «para llevar a cabo la ingente tarea que han asumido».

No se sabe cuánto dinero costará el SAAD en el primer año de su desarrollo, pero sí quién ha de ponerlo sobre la mesa: el Estado (central y autonómico), vía impuestos; y las personas dependientes, en función de su nivel de renta. La infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada. «Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social», afirma el empresario Benavente.

Además de Alares, que cuenta hoy con 400.000 beneficiarios de sus servicios de atención a la familia dentro del programa Conciliación Familia-Trabajo, actúan en ese sector y, por tanto, se preparan también para abordar el reto del SAAD, empresas como Eulen, Mapfre Quavitae, Sanitas, Sar, Amma Gerogestión, Ballesol, Concilia, Caser, Mas Vida Red, Antikua, Icas, HealthCare o Behavioral. Algunas de estas empresas tienen sus propias escuelas de formación de nuevo personal.

Hoy hay en España 1.125.190 personas dependientes (de las cuales 826.500, aproximadamente, tienen más de 65 años), pero en el año 2010 serán 1.254.429. Una década más tarde, en 2020, los españoles dependientes con derecho a ayudas del SAAD sumarán 1.496.226. El 70% de las personas dependientes vive en el entorno familiar; el 15% alterna sus cuidados entre los diferentes hijos; el 3% vive solo, aunque supervisado (ayuda a domicilio), y el 12% vive institucionalizado en residencias.
POBLACIÓN Y PLAZOS DEL SAAD

En 2050 España será el país más envejecido del planeta, con el 43 % de su población mayor de 60 años.

La población de más de 65 años se ha duplicado en las tres últimas décadas: de 3,3 millones en 1970 a 7,2 millones en 2003.

El 32% de los españoles mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.

Previsión oficial de población dependiente: En 2005 eran 1.125.190 personas; en 2010 habrá 1.254.429; en 2015, 1.373.248, y en 2020 serán 1.496.226.

La implantación del SAAD será gradual,

con un plazo máximo

de ocho años, por falta

de personal y de infraestructuras.

Aún no se ha fijado el catálogo de prestaciones ni cómo acceder a ellas, así como el mecanismo de acreditación de los centros y entidades privadas que vayan a prestar los servicios.

JUAN G. BEDOYA
El Pais

Joaquín Nieto, recordó en rueda de prensa, que España está en 6,1 muertos por cada cien mil trabajadores, lo que significa casi un 50% más que la media europea.

Comisiones Obreras reclamó una política de prevención de riesgos laborales «más seria y profesional» y emplazó al Gobierno a triplicar los efectivos de la Inspección de Trabajo para alcanzar la media europea y reducir así los índices de siniestralidad y mortalidad en el trabajo.El secretario confederal de Medio Ambiente y Salud de CCOO, Joaquín Nieto, recordó en rueda de prensa, informa Europa Press, que España está en 6,1 muertos por cada cien mil trabajadores, lo que significa casi un 50% más que la media europea.Nieto valoró la nueva estrategia española de salud y seguridad en el Trabajo, que incluye un centenar de medidas, como «una herramienta clave para conseguir el objetivo de reducir la siniestralidad».En su opinión, informa Europa Press, «la novedad más importante de la estrategia» para los próximos años es la figura de los agentes de prevención, que actuarán tanto a nivel territorial como a nivel sectorial y que visitarán las «miles» de microempresas que no tienen representación sindical y cuyo índice de siniestralidad es ampliamente superior que el del resto.Para CCOO, existen tres debilidades dentro del campo de la prevención y van desde el incumplimiento de las normas establecidas y la mala ejecución preventiva en muchas empresas hasta la falta de implicación tanto de empresarios como de trabajadores, ya que, en esta materia, «no se hace prevención con papeles».El accidente registrado el pasado jueves en Almería, al derrumbarse un silo de carbón sobre una decena de trabajadores, cuatro de los cuales resultaron muertos, se produce sólo unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara la estrategia contra la siniestralidad laboral que se desarrollará hasta el año 2012. El acuerdo fue pactado por el Ejecutivo y los agentes sociales y, entre otras cosas, apuesta por un Plan Renove de maquinaria obsoleta, así como el incremento de los efectivos de la inspección, que ayer volvió a reclamar CCOO. El compromiso alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal persigue como objetivo situar las tasas de siniestralidad españolas (6,3 accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores) en los niveles europeos, que, en la actualidad, se sitúan en cuatro accidentes por cada 100.000 ocupados.El plan plurianual contempla otras medidas, entre ellas, incentivos fiscales para fomentar los comportamientos responsables de las empresas, esto es, establecer sistemas de reducción de cotizaciones sociales para las empresas que acrediten un índice de siniestralidad por debajo de la media. Por otro lado, la estrategia contra los accidentes laborales contempla campañas de concienciación y sensibilización cuyos mensajes buscarán, como en el caso del tráfico, un «fuerte impacto social».Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, hasta el mes de marzo de 2007 se habían producido en España un total de 433.120 accidentes de trabajo. De los 246.915 accidentes con baja, 244.419 fueron leves, 2.269 se estimaron graves y 227 resultaron mortales. Por sectores, el sector más perjudicado fue el de servicios (105.861), seguido de la construcción (66.472), la industria (64.079) y la agricultura (10.503).Cuando se cruzan los sectores con la gravedad de los accidentes las estadísticas confirman que los accientes graves y mortales se concentraron en la construcción (71,5%) y en los servicios (70,9%).

El Mundo

Algunas compañías han advertido a los sindicatos de que, aunque la ley dice que hay que negociar los planes, los empresarios deciden la organización del trabajo

La aplicación en las empresas de la ley de igualdad, que prevé la obligación de impulsar planes de apoyo a las mujeres, empieza a generar los primeros conflictos. Algunas compañías han advertido a los sindicatos de que, aunque la ley dice que hay que negociar los planes, los empresarios deciden la organización del trabajo, por lo que tienen la última palabra en la aplicación de medidas para evitar discriminaciones.
El especialista en la materia de la patronal Foment del Treball, José Miguel Beneroso, advirtió ayer, en una jornada organizada por el departamento de Treball, de que «la ley, que nació sin acuerdo porque la CEOE no la aceptaba, causará conflictos en las empresas, que son las que tienen reconocida la organización interna». Para el representante de Foment, los planes de igualdad, que son obligatorios para las empresas de más de 250 empleados, son «una injerencia porque se trata de una materia propia de la negociación colectiva». Según un sondeo de la CEOE, la mitad de los convenios ya mejoran el régimen legal de permisos.
Las pequeñas y medianas empresas están más limitadas que las grandes al aplicar la ley, según Josep Hallado, de Pimec, que distingue entre «lo políticamente correcto y la realidad».

MARGEN DE AMBIGÜEDAD
La patronal y las empresas se aprovechan de cierta ambigüedad de la ley cuando indica que habrá que negociar los planes de igualdad, aunque sin aclarar qué sucede en caso de desacuerdo. La responsable de igualdad de la UGT de Catalunya, Carme Simarro, indicó que existe el riesgo de que la nueva ley corra la misma suerte que la de prevención de riesgos laborales al desembocar en un cumplimiento formal. Algunos bufetes de abogados y asesorías ya tienen a punto planes estándar que demostrarán, al menos sobre el papel, su preocupación por la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Simarro advirtió a las empresas de que si no cuentan con los trabajadores para elaborar los planes de igualdad, «que se atengan a las consecuencias», y aseguró que existen mecanismos legales para exigir la aplicación real de la norma. Rosa Bofill, de CCOO, lamentó el rechazó empresarial a discutir temas sobre organización interna.

ANTONI FUENTES
El Periodico

La estadística es terrible: como media, cada semana mueren tres trabajadores en los tajos españoles. Tan siniestro balance se aceleró durante la semana pasada con dos nuevos muertos en el estadio Vicente Calderón, de Madrid, mientras desmontaban el escenario del concierto de los Rolling Stones y con cuatro muertos en la cementera de la multinacional Holcim en Carboneras (Almería).

Otro trabajador murió el primer domingo de julio en el túnel de circunvalación de las torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Esta acumulación trágica de accidentes en un corto periodo de tiempo sitúa de nuevo a la sociedad española ante la responsabilidad de poner fin a la vergüenza de la siniestralidad laboral, que se repite una y otra vez sin que los gobiernos y las empresas sean capaces de aplicar un remedio eficaz.

Sin embargo, los diagnósticos ya están hechos. Los casos del Vicente Calderón y Carboneras, aparentemente tan distintos, tienen en común el elevado número de subcontratas -en el desmontaje del concierto participaban hasta 10 empresas-, con la confusión y la falta de planificación que cabe imaginar. Los sindicatos llevan décadas denunciando la clamorosa conexión entre subcontratas y accidentes de trabajo, a pesar de lo cual las tibias normas que limitan el número de empresas que pueden subcontratarse ni siquiera se aplican con rigor. Si, además, las empresas agobian a técnicos, capataces y peones para que ejecuten tareas complejas y peligrosas de forma acelerada, ya tenemos casi completo el cuadro de factores que explican la persistencia en España de una siniestralidad muy por encima de la media europea.

Las circunstancias de las muertes en las obras deben investigarse a fondo. Va de suyo. Pero el esfuerzo principal debe encaminarse a evitar muertes y lesiones. Por esa razón, un tratamiento serio contra los accidentes laborales debe empezar por un plan de choque de la Administración que al menos triplique la plantilla de los inspectores de Trabajo, con instrucciones precisas para que actúen con toda la severidad de la ley en la denuncia de las empresas responsables de incumplir o regatear las normas más estrictas de seguridad. Y debe continuar con la acción implacable de los fiscales en la persecución penal de las negligencias laborales. Las muertes en el tajo son hoy un problema de Estado, y mientras no se vuelque todo el peso político y administrativo de la nación en acabar con ellas, la sociedad española tendrá que sufrir esta tragedia, y este bochorno.

Editorial de El Pais

En torno al cinco por ciento de los trabajadores españoles, de un total que se aproxima a los diecisiete millones de asalariados, sufre acoso laboral, conocido popularmente por ‘mobbing’, un problema emergente que alcanza niveles de epidemia y que tiene importantes consecuencias de salud y económicas.

Ese porcentaje, avalado por sindicatos y empresarios, por la Unión Europea y por la propia Administración, alcanza el quince por ciento -más de dos millones y medio de trabajadores- en el Observatorio Cisneros, primera herramienta a medida utilizada en España para evaluar la incidencia del acoso psicológico en los centros de trabajo.

Según datos de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA) citados por UGT, el porcentaje se situaría en torno al 10%.

‘Hay más casos de los que la gente cree pero menos de los que algunos querrían’, dijo a EFE Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo en Jaén y director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT.

Ese cinco por ciento es ya ‘una barbaridad’ para María Jacob, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO., para quien el ‘mobbing’ es, ante todo, un riesgo laboral, ‘y como tal hay que hacerle frente’. ‘Vivimos -dice- una nueva avalancha de casos, como hace cuatro o cinco años, que nos pilló desprevenidos’.

DE LA CLANDESTINIDAD A UNA AVALANCHA DE CASOS

Para Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá y promotor del Barómetro Cisneros, hemos pasado ‘de la clandestinidad a una avalancha’ de denuncias, de ahí que su pronóstico para el futuro sea pesimista. ‘Iremos a peor’, asegura.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en 2006 un total de 2.703 actuaciones relativas a la protección de la intimidad y dignidad de los trabajadores, en las que están incluidas las relacionadas con el ‘mobbing’, de las que se derivaron 120 infracciones y unas sanciones que sumaron cerca de 900.000 euros.

La Dirección General de la Inspección de Trabajo considera las conductas de acoso psicológico como infracción de carácter laboral, al estimarlas como actos contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ante el incremento de quejas recibidas en el Defensor del Pueblo por parte de trabajadores de las administraciones públicas, uno de los sectores con mayor porcentaje de casos -el 22,60% según el VI Observatorio Cisneros, desarrollado en 2005 y publicado en 2006-, la institución ha decidido realizar una investigación e instar al Ministerio de Administraciones Públicas a elaborar un protocolo de actuación.

Aunque son muchas las definiciones de ‘mobbing’, más o menos restrictivas, está comúnmente aceptada la del psicólogo Heinz Leymann, pionero en su estudio en los años ochenta del siglo pasado.

Según Leymann, se trataría de una situación en la que ‘una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo’.

El profesor Piñuel retrata al acosador como una persona autoritaria, de doble personalidad -‘una especie de doctor Jekyll y mister Hyde’-, arrogante y paternalista, evasivo, incapaz de afrontar el fracaso y de escuchar a un subordinado, rígido y poco transparente, con frecuencia mediocre profesional.

Hombres y mujeres, según Piñuel, padecen por igual el ‘mobbing’, y mientras las mujeres acosan más a otras mujeres, los hombres lo hacen por igual a hombres y mujeres. Los trabajadores de mediana edad, con más de 10 años de antigüedad como media o en situaciones de pre-jubilación, presentan una mayor tasa de acoso.

En casi el 55% por ciento de los casos el acosador es el jefe directo, mientras que en el 12% se trataría de compañeros de trabajo, según el Barómetro Cisneros, que concluye que el ‘mobbing’ multiplica por diez el riesgo de suicidio.

Según un estudio de UGT, la víctima se ve marginada, calumniada, criticada, le son designados trabajos peores o degradantes, tareas inútiles, absurdas o monótonas, o por debajo de sus cualificaciones, es cambiada de un lugar de trabajo a otro, o es sistemáticamente ridiculizada frente a superiores, compañeros o clientes.

El ‘mobbing’ conlleva pues un peligro o daño a la salud, físico y psicológico -ansiedad, pérdida de autoestima, úlceras gastrointestinales y depresión son las patologías más comunes-, además de tener consecuencias negativas a nivel social y familiar.

‘Cuando alguien es víctima, lo sufre también su familia, sus amigos, todos los que le rodean’, comenta Manuel Hernández, ex presidente de la Federación de Asociaciones contra el Mobbing, para quien las víctimas ‘ven vulnerados no sólo sus derechos laborales, también los constitucionales’. ‘Es vergonzoso que una democracia como la nuestra no se implique más para combatir esta lacra’, añade.

LA ORGANIZACION DEL TRABAJO, ORIGEN DEL PROBLEMA

La organización del trabajo, según las fuentes consultadas, estaría en el origen del problema. ‘Modificar y mejorar esa organización contribuirá a atajarlo, porque no se trata de una cuestión de comportamiento o carácter’, apunta María Jacob, de CC.OO.

Y aunque hay quien piensa, como Manuel Hernández, que los sindicatos y los empresarios han llegado tarde al problema, UGT y Comisiones Obreras han intensificado los esfuerzos y las medidas preventivas para hacer frente al ‘mobbing’.

‘Se está haciendo prevención. Hay mucha más conciencia sobre el problema y menos tolerancia’, asegura Manuel Fidalgo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien recuerda que cada vez son más las empresas que incluyen en sus convenios colectivos medidas preventivas o que elaboran protocolos ‘para que no pueda ocurrir o se corte de raíz si aparece’.

‘Estamos en el buen camino, pero queda mucho por hacer’, opina Fidalgo, para quien es necesario que empresarios y sindicatos vayan ‘en el mismo barco’. ‘Hay que implicar a todos en la prevención’, insiste.

En una resolución de 2001, el Parlamento Europeo recomendaba ya a los Estados que obligasen a empresas y poderes públicos, también a los interlocutores sociales, a poner en práctica ‘políticas de prevención eficaces, a prever un sistema de intercambio de experiencias y a definir procedimientos adecuados para solucionar el problema de las víctimas de acoso y evitar que se repita’.

EFE