Autor: seccion sindical fraternidad

Menos de la mitad, entre el 42% y el 43%, son estimadas por los tribunales, si bien muchos casos no llegan a verse nunca por pactos entre las partes

Entre cuatrocientas y quinientas demandas por acoso laboral son presentadas al año ante los tribunales, según Cristóbal Molina, director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de jaén.

Una cifra no confirmada ni por la Fiscalía General del Estado ni por el Consejo General del Poder Judicial, que todavía no han evaluado la incidencia del ‘mobbing’, y que pone de manifiesto la magnitud de un problema agravado en los últimos años.

Menos de la mitad, entre el 42% y el 43%, son estimadas por los tribunales, si bien muchos casos no llegan a verse nunca por pactos entre las partes antes de la vista, asegura Iñaki Piñuel, promotor del Barómetro Cisneros.

Desde julio de 2001, cuando se dictó la primera sentencia sobre ‘mobbing’ en España, hasta 2006, se han producido más de mil resoluciones judiciales, de las cuales, según Molina, el 40% daban la razón al trabajador víctima del acoso.

‘A los jueces -agrega- les produce cierto rechazo afrontar estos casos, porque no todo es mobbing y porque es muy difícil su demostración’. En cualquier caso, se ha perdido el miedo a la denuncia, aunque existe también el peligro de la ‘trivialización’, insiste.

Para Piñuel, ‘judicializar el problema es un mal remedio’, una opinión compartida por otras fuentes consultadas y que coinciden en que existen suficientes instrumentos legales -Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Código Penal,…- para combatir el acoso laboral, aunque en la legislación española no esté tipificado como delito.

‘Se puede ser eficaz aplicando por ejemplo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales’, asegura Manuel Fidalgo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien insiste en la necesidad de prevenir y de crear una cultura organizativa en las empresas sobre la base de normas y valores que combatan el problema. ‘Falta también formación’, añade

Piñuel asegura que el Gobierno trabaja en una ley específica similar a la de otros países europeos, como Francia o Bélgica, donde el ‘mobbing’ es un delito tipificado.

El senador Isidre Molas, catedrático de Derecho Constitucional y defensor de la primera iniciativa parlamentaria sobre ‘mobbing’, aprobada por unanimidad en el Senado en 2001, no cree ‘en el tratamiento penal’ del problema, ‘por las dificultades de la prueba y el tiempo que tardan en resolverse’, y apuesta más por la mediación sindical.

EFE

La atención a las personas en situación de dependencia es una conquista sindical que pone en marcha un nuevo derecho tan importante como en su día representó la universalización de la sanidad o el reconocimiento de las pensiones no contributivas

Por ello, y con el objetivo de informar de los servicios y prestaciones que establece la Ley de Dependencia y del procedimiento para solicitarlos, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha puesto en marcha un Servicio de Información gratuito en el teléfono 900102305.
Paralelamente, la CS de CCOO ha editado un folleto informativo sobre la Ley de Dependencia, que se puede descargar desde la página web del sindicato . El folleto tiene dos partes diferenciadas, incluso en su presentación gráfica; en la primera, “Dependencia: Un nuevo derecho para todos y todas”, se identifica las personas beneficiadas por el nuevo derecho – aquellas que de forma permanente, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria- y los grados de dependencia señalados por la Ley; el procedimiento para recibir los servicios y prestaciones y el tipo de prestaciones contempladas en la Ley (ayuda a domicilio, teleasistencia, atención residencial, etc).

En el segundo apartado, “Dependencia: + Empleo de calidad”, se refiere a los nuevos puestos de trabajo y los perfiles profesionales que demandan la Ley (además del empleo indirecto que se generará, la puesta en marcha de la Red de centros y servicios la Red del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD) conllevará la creación directa de cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo). Este apartado se completa con un capítulo en el que se explica qué defiende CCOO para asegurar la calidad del empleo.

CCOO

Madrid ha vivido diez días negros de muertes de trabajadores en sus centros de trabajo. Precisamente en estos días CCOO hemos presentado un estudio sobre la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005.

A lo largo de este periodo se ha producido la incorporación de 674.000 nuevos trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes. El número de accidentes con baja fue de 113.000 en el año 99, creciendo hasta 137.000 en 2002 y bajando a 130.000 en 2005. Las tasas generales de siniestralidad se han reducido desde 6.164 accidentes por cada 100.000 trabajadores hasta 5.200 en 2005, al tiempo que las muertes por accidente laboral han pasado de 6,1 por cada 100.000 trabajadores en 1999 a 5,2 en 2.005. Sin duda el Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales firmado por empresarios, UGT, CCOO y Gobierno regional ha contribuido a aumentar la preocupación en las empresas y la sociedad, y ha permitido que se incremente la prevención de riesgos laborales en muchas empresas.

Sin embargo, los datos siguen siendo intolerables y nos alejan de la Unión Europea. En Madrid se produce una muerte por accidente cada tres días naturales. Por bajas laborales perdemos 2.860.000 jornadas de trabajo cada año. Algo así como si todos los trabajadores madrileños dejásemos de ir a trabajar por baja laboral 1,3 días cada año. Cada trabajador en baja laboral permanece en esta situación una media de 22,3 días. La sangría económica, laboral, social y personal es tan grave que debería hacer que desde todos los ámbitos se actuase de forma conjunta para erradicar las causas de los siniestros laborales, que más que accidentes deberían recibir el nombre, en muchos casos, de homicidio de cuantos por imprudencia, negligencia, desidia o afán desmedido de lucro ponen en riesgo la vida de sus trabajadores al no aplicar la Ley de Prevención en sus empresas.

Las víctimas de “accidentes” laborales tienen rostro de hombre, que tiene tasas de siniestralidad tres veces superiores a las de las mujeres. Rostro de joven si tenemos en cuenta que la tasa de accidentes entre los jóvenes es tres veces superior a la media. Rostro de contrato temporal, que soporta tasas más de tres veces superiores a las de un trabajador con contrato indefinido. Rostro de inmigrante, que pesando un 20 por ciento en el conjunto de la población trabajadora soporta el 40 por ciento de los accidentes. Rostro de trabajador de la construcción, que con más de 15.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores en Madrid se encuentra muy lejos de los 6.500 de media del sector en la Unión Europea.

Se puede actuar y evitar los riesgos laborales, pero hay que trabajar unidos. El Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales ha contribuido a contener las cifras y rebajar las tasas de siniestralidad, pero no tiene explicación que, transcurridos seis meses del año 2007, las actuaciones de empresarios y sindicatos sigan paralizadas por el Gobierno regional. No valen disculpas electorales ni de formación de nuevo gobierno porque en elecciones la Administración sigue funcionando, trabajando e inaugurando.

No tiene explicación que la Comunidad de Madrid como autoridad laboral, la Inspección de trabajo, los jueces, fiscales y la policía judicial, los ayuntamientos de la región y sus policías municipales, no cuenten con protocolos conjuntos para cooperar cuando un accidente laboral se produce, cooperando ante el accidente y, lo que es más importante, en la prevención del mismo, persiguiendo el delito de riesgo que padecen cada día miles de trabajadores.

No es explicable que no se aplique de inmediato la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, por la que tanto hemos luchado desde la Federación de Construcción de CCOO, o que no se establezcan mecanismos similares para regular ese foco de accidentes laborales que son las contrata y subcontratas en todos los sectores de la producción y los servicios.

No tiene explicación que un inspector tenga que atender a más de 25.000 trabajadores o que sólo un número muy pequeño de técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo estén habilitados para actuar como inspectores en materia de salud laboral.

Poco nos importa el color político del gobierno en cada Administración. Nos importa que cooperen lealmente entre sí y trabajen conjuntamente con empresarios y sindicatos para acabar con la siniestralidad laboral, porque en la inmensa mayoría de los accidentes hay algo que no ha funcionado bien en materia de prevención del riesgo. Hay muy poco de fortuito, casual e imprevisible tras cada muerte laboral y esta verdad incómoda debe remover conciencias y mover voluntades para atajar cuanto antes una lacra que no debe pervivir por más tiempo.

Javier López, secretario general de CC.OO. de Madrid

Más de la mitad de las mujeres españolas percibe la maternidad como un obstáculo en el ámbito laboral. Desde que una mujer accede a un puesto de trabajo se encuentra la difícil tarea de conciliar la vida familiar con la profesional. Debido al esfuerzo que les supuso estudiar y obtener un buen empleo, no quieren perder su independencia económica ni renunciar a ser madres.

Las madres de los años 70 tuvimos que luchar por conseguir formación y trabajo digno en España. Ahora nuestras hijas se plantean dejar el trabajo para poder criar a sus bebés. Desde que una mujer accede a un puesto de trabajo se encuentra con la difícil tarea de conciliar la vida familiar con la profesional.

Según una reciente encuesta, más de la mitad de las mujeres españolas reconoce que la maternidad es percibida como un obstáculo en el ámbito laboral. Un tercio de estas madres, cuando se lo permite su situación económica, optan por pedir una excedencia al nacer su bebé, otro tercio se acoge a jornadas reducidas y un 17% deciden renunciar a su puesto, convencidas de que el trabajo puede esperar y que la crianza de los hijos es una etapa decisiva y maravillosa que merece ser disfrutada.

A las mujeres del último cuarto de siglo nos vendieron tal vez un falso feminismo de supermujeres. Liberarse pasaba por acceder a la formación necesaria y luchar por un puesto de trabajo. Muchas mujeres de entonces optaron por tener pocos hijos o por renunciar a la maternidad para entregarse de lleno a sus carreras profesionales. Eran tiempos de conseguir el reconocimiento de nuestra dignidad como mujeres. Esa batalla, felizmente ya está ganada. Ahora no se trata de retroceder en la lucha por la igualdad, pues la igualdad legal está reconocida. Pero la efectiva, con las mismas oportunidades y salarios, aún está lejos de conseguirse.

Cada vez más mujeres trabajadoras eligen quedarse en casa hasta que su bebé cumple un año. Esta nueva tendencia se da sobre todo entre las “treintañeras”, que defienden la lactancia materna y buscan alternativas a un modelo laboral y productivo que significa para los bebés largas jornadas en las guarderías.

Los índices de natalidad también están cambiando. En España, cayeron en picado entre 1975 y 2005, pasando de 3,2 hijos por mujer fértil a 1,3; ahora, con la presencia de inmigrantes se ha elevado hasta el 1,6. Muchas españolas querrían tener más hijos, pero su deseo se ve frustrado por las dificultades de criarlos cuando se está dentro del mercado laboral.

Hay países como Finlandia y Noruega, en los que la baja maternal dura 18 meses. En Alemania, se han aprobado medidas que permiten a los padres interrumpir el trabajo durante 14 meses, cobrando un 67% de su salario. Es una situación que dista mucho de la española actual, donde ni siquiera todas las mujeres pueden disfrutar de los 4 meses de baja maternal legal. Algunas profesionales autónomas tienen que volver al trabajo al mes de nacer su hijo. Es una necesidad porque el sueldo de estas trabajadoras durante la baja por maternidad es mucho menor.

Además de la guardería, otra opción puede ser contratar a alguien para que cuide al niño en la casa. Pero tal vez no tiene mucho sentido pagar una buena parte de nuestro salario para que alguien ajeno se ocupe del bebé.

La cuestión es que muchas mujeres, debido al esfuerzo que les supuso estudiar y obtener un buen empleo, no quieren perder su independencia económica. Por otro lado, la mayoría de parejas no pueden prescindir de uno de los sueldos, dado el coste de la vida y en especial de la vivienda.

El cuidado de los bebés es un tema crucial. Los niños serán los ciudadanos del mañana. En la atención y las caricias que reciben en sus primeros meses se fragua una buena parte del carácter y la personalidad.

Los gobiernos han de responder en parte: el permiso de paternidad, de dos semanas, que reconoce la Ley de Igualdad española, refleja una preocupación creciente por el tema.

Hay experiencias pioneras que van incluso por delante de la legislación y se marcan objetivos interesantes en este sentido. La Fundación +Familia, otorga desde 2005 un certificado de empresas familiarmente responsables. Casi medio centenar de empresas ya lo han obtenido. Para dar este certificado, la citada fundación exige el cumplimiento de ciertas condiciones, desde las que permiten flexibilidad en los horarios laborales hasta las que favorecen el cuidado de los hijos.

Se tendría que buscar un equilibrio para que las madres jóvenes, si así lo deciden, puedan dedicar el tiempo necesario a sus hijos, sin que por ello pierdan después oportunidades en el mercado laboral.

María José Atiénzar
CCS

Gobierno, patronal y sindicatos cerraron ayer un acuerdo sobre la nueva Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo para 2007-2011, que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quiere llevar al Consejo de Ministros este mismo mes.

Entre los aspectos más destacados de la estrategia, está la incorporación de una nueva figura: el delegado de prevención de riesgos laborales. Este puesto surge para implantar la cultura preventiva en las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, el delegado de prevención podrá visitar las pymes en las que, por tener menos de 50 trabajadores, no hay un delegado sindical específico en riesgos, informa Servimedia.

Este acuerdo hace hincapié en otros aspectos, como el refuerzo de los medios materiales y humanos, la Inspección de Trabajo y la concienciación social de la prevención de riesgos laborales, de la misma forma que se hace con la seguridad vial.

El Ejecutivo asegura que esta medida puede reducir en un 25% los accidentes laborales, durante sus cinco años de vigencia. Un dato significativo, si se tiene en cuenta que la siniestralidad laboral acaba cada año con la vida de un millar de personas.

El Mundo