Trabajar, trabajamos todos. También los empresarios. Pero solo los más débiles mueren.
No se trata de hacer un lamento jeremíaco de la muerte. Todos somos de alguna manera enfermos terminales. La cuestión es que no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. Por ejemplo: el acto de salir a trabajar un día cualquiera no debería comportar la duda del regreso. Esto no es Bagdad, donde el simple hecho de ir al mercado se ha convertido en una verdadera actividad de riesgo. Aquí, en este rincón del primer mundo, el acto de ir a trabajar significa, entre otras cosas, una cierta seguridad, una nómina a final de mes y un espíritu de progreso. La dignidad del trabajo consiste en salir de casa y saber que, mientras el trabajo dure, se podrá pagar el alquiler de un piso compartido o se podrá continuar mandando unos euros a una familia lejana. ¡Cuántas historias por construir hay en un edificio en construcción! ¡Cuántas vidas rotas en los templos de las plusvalías!
Pero a menudo el acto de ir a trabajar se llena de incertidumbre. Se acumulan las muertes al pie de los tajos y se confirma que hay pocas cosas tan graves como la ley de la gravedad. Dos paquistanís de Badalona se precipitaron al suelo al desprenderse un andamio, un chileno fue arrastrado por el viento desde un tejado. Ninguno de ellos llevaba arnés de seguridad. Salieron de casa y no regresaron. En un año se llegan a contabilizar casi 800 muertes en accidentes laborales en toda España. El poeta Pavese decía que «trabajar cansa», pero lo que verdaderamente cansa son esas noticias de trabajadores que ya no regresan. De enero a noviembre del año pasado las muertes en accidente laboral, solo en Catalunya, se incrementaron un 44% y se invirtió la tendencia descendente que había empezado en el 2001.
Ante este crecimiento se insiste cínicamente en la supuesta imprudencia de los muertos. Pero se perciben, al menos en la construcción, unas constantes sospechosas. Trabajadores de empresas subcontratadas, un número importante de extranjeros y, finalmente, accidentes que, según la Generalitat, se concentran en un 18% de compañías reincidentes. La Inspección de Trabajo, a pesar de estar incluida en el Estatut, no acaba de ser traspasada por el Gobierno central. Ni mucho menos aumentada su dotación. Una vez más, deberán ser los Mossos los que vayan vigilando a obreros y a capataces. Intentar evitar los accidentes de tráfico y multar a los infractores debería ser también la obligación de las administraciones con las empresas que no invierten en prevención. ¿Acaso se explica que la construcción registre un alza de precios que llega, en el mejor de los casos, al triple del incremento de los salarios y que no se invierta en la seguridad de los que hacen posible el florecimiento de este renglón industrial?
De entrada, la Generalitat ha limitado los contratos públicos con empresas sancionadas por inseguridad laboral. Y, ayer, una de las empresas más prestigiosas de la construcción fue llevada al juzgado en la persona de su máximo dirigente por cinco muertos en accidente en julio del año pasado. Trabajar, trabajamos todos. También los empresarios. Pero solo los más débiles mueren.
JOAN BARRIL
El Periodico