Autor: seccion sindical fraternidad

  • El atraco se considerará un riesgo laboral en las entidades bancarias

    El Ministerio de Trabajo ha contemplado que los atracos sean considerados como un riesgo laboral para los empleados del sector financiero. Con esta decisión los sindicatos ven cumplidas sus reiteradas peticiones para contemplar esta situación dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y mejorar la protección.

    Tanto UGT como CCOO han venido continuamente reiterando la necesidad de contemplar el atraco en entidades bancarias como un riesgo laboral. Uno de los principales argumentos esgrimidos por CCOO ha sido que los efectos y secuelas de estos casos pueden aflorar pasados varios días o meses. La decisión del Ministerio permitirá mejorar los mecanismos de prevención y las medidas de seguridad actuales.

    Hasta el momento los atracos no estaban legalmente considerados como riesgos laborales lo que constituía un grave peligro para el trabajador, según argumentan ambas formaciones. Tras la decisión del Ejecutivo, CCOO propondrá a los ministerios de Interior y Trabajo, así como a las patronales del sector, la creación de una comisión de prevención de delitos financieros. Ésta comisión se encargará de analizar la seguridad en el sector incluyendo a los clientes y empleados.

    El Ministerio de Trabajo ha afirmado que «los atracos o episodios de violencia en un puesto del sector de servicios financieros suponen una situación que entra de lleno en la definición de estrés, en la medida que implican un sentimiento de incapacidad de controlar una demanda proveniente del entorno laboral, y que puede contribuir al desarrollo de conductas maladaptativas y efectos en la salud como la ansiedad, depresión, nerviosismo, fatiga y trastornos en el sistema cardiovascular».

    VLex

  • Cláusula de Revisión Salarial de Seguros: Revisión del 0,7% sobre la tabla salarial del 2006

    Tal como establece dicho Artículo del Convenio, esta revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer trimestre de 2.007

    El pasado 23 de enero se celebró la reunión de la Comisión Mixta paritaria del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Seguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. En esta reunión, se procedió a aplicar la Cláusula de Revisión Salarial, tal como consta en el citado convenio en su Artículo 36.

    Con tal motivo, una vez constatado por el INE que el IPC del año 2.006 se sitúa en el 2,7%, se efectuó una revisión del 0,7% sobre la tabla salarial del 2006, dando lugar a la tabla revisada para el 2006. De la misma manera, se configuró la tabla salarial para el 2007 contando con la previsión hecha por el gobierno de un IPC del 2%. Más abajo se exponen ambas tablas.

    Asimismo, tal como establece dicho Artículo del Convenio, esta revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer trimestre de 2.007, afectando la consiguiente subida a los siguientes conceptos:

    Tabla de Sueldos base por nivel retributivo.
    Tabla de Complemento por Experiencia.
    Complemento de Adaptación Individualizado.

    Y además:

    Plus de Residencia
    Plus Funcional de Inspección.
    Ayuda económica para vivienda (supuestos de traslado).

    También se procedió a actualizar la compensación por comida para el 2007, (subida de 0.30 € tal como marca el convenio sectorial), y las dietas y el kilometraje, (según la evolución de los índices de referencia).

    COMFIA CC.OO. quiere resaltar la importancia de este logro conseguido en el sector, resultante de la negociación del Convenio General de Seguros, ya que de esta manera, queda patente el hecho de que la citada cláusula de revisión salarial evita la perdida de poder adquisitivo resultante de la desviación del IPC respecto a la previsión.

    Agrupación de Seguros de Comfia

  • Los accidentes laborales se cobraron la vida de 1.352 trabajadores en 2006, según CC.OO.

    El sindicato cifra en 12.000 millones el coste de la siniestralidad y propone ayudar a las pequeñas empresas en sus tareas preventivas

     Un total de 1.352 personas fallecieron el año pasado a causa de un accidente laboral, 17 menos que en 2005, según datos facilitados hoy en rueda de prensa por el responsable de Salud Laboral de CC.OO., Joaquín Nieto, que señaló que esta «ligerísima reduccción» resulta «claramente insuficiente».

    El coste global de la siniestralidad laboral alcanza, según Nieto, los 12.000 millones de euros por año, el equivalente al 2% del PIB, y se ceba más sobre los trabajadores temporales y los extranjeros que sobre los fijos y los nacionales.

    En conjunto, en 2006 se registraron 937.063 siniestros laborales con baja en el puesto de trabajo, con un crecimiento del 3,3% respecto a 2005. De ellos, 927.149 tuvieron un carácter leve (+3,5%), 8.937 fueron graves (-8,6%), y 977, mortales (-1,3%).

    A los accidentes con baja en el puesto de trabajo, hay que sumar los llamados siniestros ‘in itinere’, aquellos que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa y que suelen estar relacionados con el tráfico.

    Estos accidentes alcanzaron en 2006 la cifra de 96.094, un 4,2% más que en 2005. La mayoría, 93.718, fueron leves, con un incremento del 4,7%, mientras que 2.001 tuvieron un carácter grave y 375 resultaron mortales, con descensos, respectivamente, del 13,3% y del 1,1%.

    En este punto, Nieto consideró llamativo que los accidentes ‘in itinere’ se elevaran en 2006 cuando los accidentes de tráfico en general se han reducido un 15%, en parte por la puesta en marcha del carné por puntos. Así, el responsable de CC.OO. indicó que quizá la subida de los siniestros ‘in itinere’ responde no tanto al comportamiento vial de los trabajadores como a factores relacionados con la fatiga, el cansancio y las prisas.

    En su opinión, detrás de todo esto se esconde la falta de una política de movilidad en las empresas que se preocupe verdaderamente de proteger a los trabajadores frente a los accidentes ‘in itinere’. Dicha política podría incluir entre sus medidas la posibilidad de flexibilizar los horarios de entrada al trabajo, la conveniencia o no de realizar horas extra que puedan incidir aún más en el cansancio de los empleados o la puesta en marcha de un transporte público colectivo que lleve a la plantilla a sus puestos de trabajo.

    De momento, Nieto explicó que los accidentes ‘in itinere’ están siendo objeto de un estudio por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también están existiendo contactos con la Dirección General de Tráfico (DGT) para abordar esta cuestión.

    LAS PYMES NECESITAN AYUDA.

    Analizando la siniestralidad laboral en función del índice de incidencia se obtiene que en 2006 se produjeron 6.020 siniestros por cada 100.000 trabajadores, proporción que se reduce hasta el 6,3 en el caso de los accidentes mortales. No obstante, aunque esta cifra ha experimentado un descenso del 4,5% respecto a 2005, el índice de incidencia de los siniestros mortales supera en dos puntos a la media de Europa, donde se registran 4,1 muertos por cada 100.000 accidentes laborales.

    Llama la atención el hecho de que entre las pequeñas empresas (con menos de 10 de empleados) se produzcan 7.300 accidentes por cada 100.000 trabajadores, un 20% más que la media. En el caso de los siniestros mortales, las pequeñas empresas registran 10,2 muertos por cada 100.000 trabajadores, un 60% más.

    Ante estas cifras, Nieto insistió en la necesidad de facilitar a las pequeñas empresas las tareas de prevención de riesgos, tal y como se contempla en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha propuesto el Gobierno a los agentes sociales y que, ahora mismo, se encuentra en fase de consultas ‘bilaterales’.

    Asimismo, el representante sindical propuso que, con cargo a las cuotas de la Seguridad Social, las mutuas y el sistema presten asistencia preventiva a las pequeñas empresas sin necesidad de que paguen más, una medida que costaría «algunos cientos de millones», pero que la Seguridad Social puede permitirse ante su suficiencia de recursos. «Las mutuas prestan más apoyo a las grandes empresas que a las pequeñas y esto es un escándalo», criticó.

    Respecto a cuándo verá la luz la Estrategia Española, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad hasta alcanzar la media europea, el secretario de Salud Laboral de CC.OO. pidió al Gobierno que sea «valiente» y no sucumba a las «presiones» de los empresarios, a quienes conminó a cumplir de una vez por todas la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

    Europa Press

  • CCOO: la negociación sobre la Estrategia contra siniestralidad no está ‘rota’

    El secretario de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto, rechazó que esté ‘rota’ la negociación entre los agentes sociales y el Gobierno sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2007-2011.

     Nieto hizo esta reflexión, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa para presentar los resultados de la siniestralidad laboral en 2006, en el que fallecieron 1.352 trabajadores, 17 menos que en 2005.

    El 20 de octubre de 2006 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales presentó a los agentes sociales (CCOO y UGT y la patronal CEOE) el borrador de la citada Estrategia para reducir la siniestralidad laboral.

    Según recordó hoy Nieto, debido al rechazo de la patronal a dos de las 92 medidas del borrador (que en las pymes existan delegados territoriales y sectoriales que representen a los trabajadores y que éstos puedan intervenir en la contratación del servicio de prevención), el Gobierno decidió replantear el formato.

    En vez de una negociación tripartita, decidió mantener reuniones con los sindicatos y con la patronal por separado.

    Pero con el cambio de secretario general de Empleo -Antonio González sustituyó a Valeriano Gómez el pasado 4 de diciembre- no han seguido las reuniones.

    Al respecto, Nieto indicó que desde CCOO piensan que las negociaciones van a continuar, porque ‘así nos lo ha manifestado González’.

    Por tanto, sostuvo que el diálogo ‘no está roto’ y dijo que no se puede decir eso porque ‘no se estaría diciendo la verdad, se estaría diciendo algo que no tiene que ver con la realidad’.

    No obstante, advirtió al Gobierno de que si va adelante con la Estrategia ‘la vamos a defender’, pero ‘si se desdice nosotros le vamos a exigir que siga adelante.’


    Respecto a la posición de los empresarios, aseguró que hacen ‘muy mal rechazando las propuestas del Gobierno’.

    EFE

  • El fiscal delegado para toda España en siniestralidad laboral anuncia una persecución de los delitos de riesgo grave

    El fiscal delegado para toda España en siniestralidad laboral entonó el ‘mea culpa’ tras reconocer que hasta ahora no se estaban persiguiendo con contundencia los llamados delitos de riesgo

     El fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña Navarro, se reunió hoy con los fiscales especializados en la materia de cada una de las nueve provincias de Castilla y León con el fin de aunar esfuerzos en la lucha contra dicha lacra social y, tal y como advirtió, al objeto de perseguir con mayor celo de lo hecho hasta ahora los llamados delitos de riesgo, es decir aquellas situaciones que no se traducen en un resultado lesivo para el trabajador pero que denotan un incumplimiento flagrante de las medidas preventivas exigidas por la legislación laboral.

    Fue este último el principal mensaje dado por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado en siniestralidad laboral tras el encuentro mantenido en la sede de la Fiscalía vallisoletana con los acusadores públicos especializados de las distintas provincias de la Comunidad, reunión en la que, entre otros, estuvieron también presentes el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés, Manuel Martín-Granizo, y el jefe regional de la Inspección de Trabajo.

    Así, De Oña Navarro, en declaraciones recogidas por Europa Press, calificó de «penas suficientemente graves y disuasorias» las contempladas en el Código Penal para aquellos casos de siniestros con víctima mortal, que pueden llegar hasta los 4 años de cárcel, así como para los saldados con heridos graves o para los delitos de riesgo, sin lesionados, que contemplan en ambos casos penas privativas de libertad de hasta 3 años.

    No obstante, el fiscal delegado para toda España en siniestralidad laboral entonó el ‘mea culpa’ tras reconocer que hasta ahora no se estaban persiguiendo con contundencia los llamados delitos de riesgo, lo que, en su opinión, constituye un «déficit en la aplicación del Código Penal» que se pretende ahora subsanar.

    «Aunque estos delitos están previstos en el Código Penal de 1983 y actualmente desde el nuevo de 1995, no están teniendo la aplicación que deberían merecer en función de las situaciones de riesgo que habitualmente se producen en el ámbito de la actividad industrial, sobre todo en el sector de la construcción», de ahí el objetivo de la Fiscalía General del Estado de perseguir con dureza este tipo de situaciones, siempre que se den los presupuestos que recoge el artículo 316 de la legislación penal.

    DELITOS DE RIESGO, SOLO UN 5% DE LAS SENTENCIAS

    Prueba de ese relajo en la persecución de los delitos de riesgo, según incidió De Oña Navarro, es el hecho de que en 2000 las audiencias provinciales dictaron 12 sentencias de apelación por accidentes con resultados lesivos y en 2005 un total de 98, con la particularidad de que sólo el 5 por ciento de ellas fueron por delitos de riesgo.

    Al igual de lo dicho sobre el Código Penal actual, en cuanto a que es suficientemente punitivo en materia de siniestralidad laboral, De Oña Navarro ensalzó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, a la que calificó de «francamente buena», pese a que «no se ha aplicado en toda su intensidad ni ha sido interiorizada por los agentes sociales encargados de su aplicación».

    En cualquier caso, el representante de la Fiscalía General del Estado advirtió de que «lo más importante es la cultura de la prevención, antes que la represión», al tiempo que abogó por profundizar en el primero de ambos términos mediante exigencias legales de tipo administrativo, de cuyo cumplimiento se hace cargo la Inspección de Trabajo proponiendo sanciones económicas, y con la complementación del Código Penal, que establece penas privativas de libertad, multas e inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión que «son especialmente aflictivas».

    A este respecto, el fiscal delegado de siniestralidad laboral resumió que «el propósito es que la falta de prevención no resulte rentable al empresario porque se pretende en este caso aplicar con el máximo rigor la ley penal».

    El objetivo final es que el centro de trabajo no sea un lugar de riesgo en el que el trabajador pueda perder la vida. «El lugar de trabajo, el tajo, tiene que ser un lugar seguro, y ese es el objetivo de la Fiscalía General del Estado», de ahí la red de fiscales especializados en la materia constituida en toda España y el reciente convenio suscrito con las centrales sindicales para intercambiar información sobre esta materia.

    Europa Press.