# • Los representantes de los trabajadores tendrán los mismos datos que el consejo
# • Los empresarios querían sanciones para los que vulneren el deber de sigilo
MADRID
El
Gobierno reforzará el derecho de información y consulta
de los comités de empresa mediante una ley que reformará
el Estatuto de los Trabajadores. El Consejo de Estado ya analiza el
anteproyecto y lo enviará en breve al Parlamento. La medida, que
debería entrar en vigor a principios del 2007, obligará a
las empresas a mantener un intercambio de información y de
opiniones con los comités que harán también una
labor de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa laboral y
social.
El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores ya
se adelantaba a la directiva comunitaria del 2002 sobre el marco
general de relativo a los derechos de información y consulta de
los comités de empresa. Sin embargo, el Gobierno ha aprovechado
su trasposición para reforzar este principio e intentar que
todas las empresas lo cumplan.
La reforma ha sido elevada a
consulta a los agentes sociales y se ha llegado a un acuerdo. Los
secretarios de acción sindical de UGT y CCOO, Antoni Ferrer y
Ignacio Fernández Toxo, coinciden en que, hasta ahora, pocas
sociedades españolas, salvo las más grandes y las que
fueron públicas, cumplen con la obligación de facilitar
información trimestral al comité sobre la
situación económica de la empresa, la evolución
futura de sus actividades, el programa de producción y ventas,
la situación económica, los procesos de fusión,
absorción o modificaciones del estatus jurídico de la
compañía y otras cuestiones que estipula el Estatuto de
los Trabajadores. «La mayoría se limita, con reticencias, a
ofrecer datos sobre contratos, plantilla y planes de formación»,
dice Ferrer.
PLANES DE FUTURO
La ley reforzará el
derecho de los comités a recibir la misma información que
la dirección entrega a los socios incluso sobre estrategias
presentes y futuras. También obligará a que ambas partes
trabajen juntas con «espíritu de cooperación» y remacha
el derecho de los comités a emitir informes en base a la
información recibida ante la toma de decisiones del empresario.
Durante la elaboración del anteproyecto de ley, las patronales
exigieron quedar exentos de ofrecer información sobre lo que
pudiera constituir secreto industrial, financiero o comercial o que
pudiera ocasionar graves perjuicios a la estabilidad de
económica de la empresa. La nueva norma ha aceptado esta
exigencia patronal pero solo con carácter excepcional y siempre
que los datos «no tengan relación con el volumen de empleo de la
empresa», con lo que prácticamente queda desvirtuada esta
salvedad.
Para poder elaborar estos informes, el anteproyecto
establece que la información debería ser facilitada «en
un momento, de una manera y con un contenido apropiado» para favorecer
al comité un examen adecuado. Las consultas deben establecerse
en reuniones con el empresario y permitir obtener una respuesta, una
negociación o un intercambio de opiniones.
USO
RESTRINGIDO El texto refuerza el deber de sigilo, sin imponer las
sanciones a los comités que exigía la patronal en caso de
filtraciones. Prohíbe que los miembros del comité y los
expertos que los asistan, incluso cuando hayan dejado su mandato,
puedan utilizar fuera de la empresa esa información.
Toxo y
Ferrer explican que este es solo un primer paso para que los
comités participen activamente en el gobierno de las empresas
con su presencia en los consejos de administración o en
órganos paritarios. «Esto es lo único que
permitirá abrir la llave de la flexibilidad laboral en las
empresas», advierten.