Autor: seccion sindical fraternidad

La patronal Aspa, mayoritaria en el sector, denuncia ante Defensa de la Competencia a las mutuas de accidentes de trabajo. Los empresarios acusan a estas entidades de usar recursos públicos en una actividad privada.

Las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales
han abierto una guerra con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, a las que acusan de “vulnerar la libre competencia”.

Por esta razón, la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa), patronal
mayoritaria del sector privado en el asesoramiento de las empresas para combatir
la siniestralidad laboral, ha denunciado a las mutuas, que son entidades
colaboradoras de la Seguridad Social.

Los argumentos de Aspa, que reúne a 250 empresas y a 10.500 trabajadores en toda
España, son los siguientes, según manifestó a EXPANSIÓN su presidente, Juan
Prats Guerrero. En primer lugar, el sector privado acusa a las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reunidas en la patronal
AMAT, de financiar sus actividades de prevención de riesgos laborales con la
utilización de fondos públicos; es decir, con las cotizaciones sociales. Las
empresas recuerdan que el Tribunal de Cuentas estima que tienen este origen el
38% de los recursos que las mutuas utilizan en el asesoramiento contra la
siniestralidad laboral; es decir, en una actividad que para las colaboradoras de
la Securidad Social tendría que ser estrictamente privada.

Como consecuencia de ello, Aspa considera que las mutuas han bajado
considerablemente el valor de mercado -los precios de la actividad de prevención
en las empresas-, lo que, a su juicio, “tiene que ver, en parte, con las
elevadas tasas de siniestralidad laboral en España”. Unida a esta circunstancia
está “la confusión” que, en opinión de Prats, ha generado la actividad de las
mutuas entre las empresas en lo que se refiere a los precios.

Por último, la patronal del sector privado de la prevención de riesgos laborales
acusa a las mutuas de “causar un daño patrimonial” a la Seguridad Social por
financiar esta actividad con las cotizaciones sociales.

Declaración de intenciones
La patronal AMAT no quiso hacer ningún comentario a las acusaciones de las
empresas privadas. Por su parte, un portavoz de la Seguridad Social dijo que no
hay nada que decir a lo que Trabajo considera una pugna empresarial.

Sin embargo, el secretario de Estado, Octavio Granado, firmó el pasado día 5 con
las mutuas una declaración por la cual estas entidades se comprometían a
erradicar las “malas prácticas” de su funcionamiento diario. Declaración que
Aspa espera “que se cumpla”, porque quince días después “algunas” colaboradoras
de la Seguridad Social continúan mezclando su actividad de prevención de riesgos
laborales (de carácter privado) con su actividad de atención de de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se financia con las
cotizaciones sociales.

Ya en junio de 2005, el Gobierno aprobó una real decreto en el que obligaba a
las mutuas a separar con toda claridad ambas actividades. Sin embargo, Prats
asegura que, “algunas mutuas” manejan la información que tienen sobre empresas y
trabajadores derivada de su actividad como cobertura de sanidad, además de otras
circunstancias que, en su opinión, “rompen la competencia”. Por ejemplo, ofrecer
con carácter gratuito la prevención de riesgos laborales junto a la atención
sanitaria, o con un descuento de entre el 30% y el 40%. Con todas estas
ventajas, según el sector privado, el reparto del mercado de la actividad de
prevención de riesgos laborales es muy desigual. Las mutuas de accidentes de
trabajo tienen entre el 70% y el 80% del negocio. Por todas estas razones, Prats
asegura que las empresas “no pueden aguantar más” y piden a las mutuas la
apertura de negociaciones para abrir el mercado. Aspa considera correcta la lína
de actuación de Trabajo para introducir claridad en el sector, aunque pide “más
rapidez y una actitud más enérgica”.

La Seguridad Social quiere más control
A lo largo de los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha detectado en
reiteradas ocasiones problemas en la gestión de las mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y ello, a pesar de que, en teoría,
deberían estar estrechamente controladas por el Gobierno como entidades que
fundamentalmente son colaboradoras de la Seguridad Social, y que se financian en
su mayor parte con las cotizaciones sociales.

Con frecuencia, el Tribunal de Cuentas ha encontrado conciertos de las mutuas
con entidades privadas para la utilización de sus locales o una dotación
inferior de la que deberían en su aportación a los fondos de reserva y de
prevención y rehabilitación. Así, el último control sobre las mutuas hizo que la
Seguridad Social ingresase 387,5 millones de euros, lo que representa el 40,8%
de la aportación de los últimos diez años por este concepto.

Expansion

El Gobierno tiene previsto aprobar en noviembre o principios de diciembre el decreto que actualizará las cuantías de las sanciones por infracciones en material laboral, según anunció ayer el director general de la Inspección de Trabajo, Raimundo Aragón.

El alto cargo de Trabajo explicó que esta adecuación persigue,
entre otros objetivos, que las sanciones tengan un “efecto ejemplificador” y que
“no resulte más rentable pagar la multa que cumplir la norma”.

El director general apuntó que el decreto entrará en vigor en 2007 y que las
sanciones se elevarán, como criterio general, de acuerdo con la subida del IPC.
Aragón explicó que no será una revisión “uniforme”, sino que las sanciones que
se deriven de leyes más recientes aumentarán menos, y las de las más antiguas y
las cuantías más pequeñas subirán más, “en algunos casos hasta el 100%”.

Aragón también anunció que en un mes se publicará la orden ministerial, ya “muy
avanzada”, que establecerá la creación de un órgano estatal de participación y
consulta en materia de Inspección de Trabajo, del que formarán parte el
Gobierno, los agentes sociales y, como invitadas, también las comunidades
autónomas.

Este órgano, según dijo, “llenará el vacío que había en el ámbito estatal,
porque la mayoría de las comunidades autónomas ya contaban con foros de este
tipo” de participación y consulta en todo lo relacionado con la Inspección a los
agentes sociales, a los que ya se les ha consultado, al igual que a las
comunidades.

Más plantilla
El director general recalcó que ésta es una de las iniciativas incluidas en el
reciente acuerdo para la reforma laboral firmado por el Gobierno, sindicatos y
patronal.

Aragón recordó que el pacto recoge también el compromiso del Gobierno de
aumentar la plantilla de la Inspección y de alcanzar, al final de esta
legislatura, la cifra de 960 inspectores y 980 subinspectores.

Expansion

CCOO llama a los trabajadores a no permitir este fraude y reclamar la indemnización por secuelas de accidente, aún cuando no causen baja. Esta práctica empresarial lleva a cambiar de puesto al accidentado y evitar la colaboración con la Mutua

CCOO llama a los trabajadores a no permitir este
fraude y reclamar la indemnización por secuelas de accidente, aún cuando no
causen baja. Esta práctica empresarial lleva a cambiar de puesto al accidentado
y evitar la colaboración con la Mutua

La Inspección de Trabajo ha sancionado y requerido a Montajes
Nervión, subcontrata de Petronor, declarar los accidentes por amputación y
fractura de sus trabajadores, aún en el supuesto que no se cause baja.

El control de la gestión preventiva de las empresas con más siniestralidad, por
parte de la Inspección de Trabajo y Osalan, está generando en numerosas empresas
la práctica de ocultar los accidentes, cambiando de puesto al accidentado para
que trabaje sin causar baja, evitando con la colaboración de la Mutua que pueda
quedar incluida la empresa en el Plan de lucha contra la siniestralidad.

La Inspección de Trabajo ha detectado que dos accidentes de trabajo de Montajes
Nervión, subcontrata de Petronor, no fueron declarados. En el primero, el
trabajador sufrió fractura del metacarpiano de la mano izquierda. En el segundo,
sufría otro trabajador la amputación parcial de la falange del 4º dedo de la
mano derecha. Ambos mecánicos no causaron baja al ser empleados en “trabajos
equivalentes”.

La Legislación obliga al empresario a comunicar a la Autoridad Laboral toda
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo
que ejecuta por cuenta ajena. Esta obligación abarca desde finalidades
estadísticas, hasta el control de diferentes instituciones, sobre las causas del
accidente, como, permitir que los trabajadores puedan solicitar las
indemnizaciones como lesiones permanentes no invalidantes, proceso que queda
truncado por la negativa del empresario a cumplimentar el Parte y comunicarlo a
la Autoridad Laboral.

CC.OO. llama a los trabajadores de la empresa principal y de las subcontratas a
comunicar al sindicato esta ocultación de los accidentes de trabajo, que supone
un fraude a la prevención y un claro perjuicio a los trabajadores. CC.OO. va a
exigir en las Comisiones de Control de las Mutuas, que no colaboren más con esta
práctica y anima a los trabajadores a no dejar ninguna cicatriz, amputación o
pérdida de movilidad sin cobrar la correspondiente indemnización, evitando que
la mutua se lo guarde sin pagar.

Los conceptos de «discapacidad» y «enfermedad» no pueden equipararse a la hora de valorar un despido por una u otra causa

Por tanto, el despido que realiza el empresario basado en la
prolongada baja por enfermedad de un trabajador no supone discriminación, según
se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una
reciente sentencia.

Una trabajadora de una empresa de restauración fue declarada en situación de
baja laboral por enfermedad el 14 de octubre de 2003 y, según los servicios
públicos de salud que se ocuparon de su caso, no estaba en condiciones de
reanudar su actividad a corto plazo. El 28 de mayo de 2004, la empresa le
notificó que quedaba despedida, sin especificar ningún motivo, reconociendo al
mismo tiempo el carácter improcedente del despido y ofreciéndole una
indemnización. La trabajadora presentó entonces una demanda contra la empresa,
alegando que su despido era nulo, pues consideraba que había sido objeto de
desigualdad de trato y discriminación a causa de la situación de baja laboral en
la que se encontraba desde hacía ocho meses, por lo que solicitaba que se
condenara a la empresa a readmitirla en su puesto de trabajo.

El órgano judicial decidió entonces presentar ante el TJUE una cuestión
prejudicial sobre el asunto. La Unión Europea establece un marco general para
luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de
discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la
ocupación, con el fin de que en los estados miembros se aplique el principio de
igualdad de trato (Directiva 2000/78). Y el TJUE, después de analizar la
normativa comunitaria, la española y los antecedentes jurisprudenciales
españoles, llega a la conclusión de que la legislación europea no protege los
despidos por enfermedad, sino que prohíbe exclusivamente despedir a una persona
de su puesto de trabajo por motivos de discapacidad. El Tribunal entiende que
los conceptos "discapacidad" y "enfermedad" no pueden equipararse, por lo que
respalda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de no considerar
nulo el despido que se realice por causa de enfermedad (sent. del TJUE de
11.07.06).

Cart@ de personal

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya convocaron hoy un paro de 24 horas en las obras de la provincia de Barcelona para protestar por el aumento de la siniestralidad en el sector en 2006, con más de 30 fallecidos y 24.000 accidentes -sumando leves, graves y mortales– en lo que va de año en Catalunya, lo que supone un incremento de más del 16%.

Esta decisión fue tomada por una asamblea de delegados de la
construcción de ambos sindicatos que tuvo lugar hoy en los cines Aribau de
Barcelona y tras la cual los varios centenares de asistentes se dirigieron a la
Conselleria de Trabajo e Industria y entregaron un manifiesto a la directora
general de Relaciones Laborales, Mar Serna.

Uno de los puntos centrales de la asamblea fue el accidente laboral que se
produjo en el barrio del Poblenou de Barcelona el pasado 27 de julio, cuando la
caída de un muro que provocó la muerte de cinco trabajadores. De ellos, sólo uno
pertenecía a la constructora de las obras, mientras los otros cuatro estaban
subcontratados.

ACCIÓN POPULAR EN EL JUICIO

En referencia al accidente de Poblenou, los sindicatos se presentarán como
acción popular para esclarecer las causas del siniestro. Para este caso y para
el resto, pidieron la "actuación con rigor de la justicia, aplicando las
responsabilidades penales a aquellos empresarios que ponen en peligro la vida de
los trabajadores a sabiendas", según expone el documento entregado a la
Generalitat.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del sector de la construcción de
la UGT de Catalunya, Florentino Rodríguez, denunció el uso "abusivo y masivo" de
la subcontratación en el sector, donde "el 90% de los contratos son temporales".

PRECARIEDAD DE LOS INMIGRANTES

Rodríguez también hizo referencia a la precariedad de los trabajadores
inmigrantes, que suman "el 27% de la plantilla que trabaja en la construcción en
Catalunya", por lo que es uno de los sectores que más ocupa a este colectivo,
junto con la hostelería.

Los sindicatos también reivindicaron a la Administración más inspectores que
velen por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y
la adopción de medidas para hacer efectiva la red de delegados territoriales de
prevención –desarrollada mediante acuerdos entre la Generalitat y sindicatos–.

En este sentido, Rodríguez lamentó los impedimentos que supone la alta
temporalidad del sector, ya que "hay obras en las que no tenemos representación
porque los trabajadores con contratos temporales no pueden presentarse a las
elecciones y así las empresas siempre están abusando".

El conseller de Trabajo e Industria de la Generalitat, Jordi Valls, que presentó
hoy el Plan de Empleo de Catalunya 2007-2013, reconoció que "es cierto que en
2006 ha habido un repunte importante de la siniestralidad laboral", pero recordó
que "entre 2003 y 2006 se produjo una disminución".

Además, recordó el nombramiento de 50 técnicos de seguridad en el trabajo el
pasado mes de julio y destacó el papel de los inspectores de trabajo existentes,
admitiendo que en la construcción es donde se da el mayor número de accidentes.

Europa Press