El objetivo es dejar menos de una decena de las 26 actuales en cinco años
El sector de las mutuas de trabajo y enfermedades de trabajo está revuelto. El detonante es un plan del Ministerio de Trabajo para forzar una cadena de fusiones en un tiempo récord de cinco años con un claro objetivo: pasar del actual mapa, compuesto por 26 entidades, a otro con apenas una decena de mutuas.
Las premuras del Gobierno ya han dado sus primeros resultados.En Cataluña, las mutuas territoriales Reddis (Reus) y MATT (Tarragona) han encaminado su integración, lo mismo que Egara (Terrassa) y SAT (Sabadell). Y la actual MC Mutual ya es una consecuencia de ese plan, fruto de la fusión entre Midat y Cyclops, y podría volver a serlo, porque en el sector también se le asigna otra unión similar con Mutua Intercomarcal.
El caso de Midat no es baladí. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el Gobierno vetó la fusión entre Midat e Ibermutuamur cuando ésta ya estaba acordada entre las cúpulas de ambas entidades.El no a la fusión fue expreso aduciendo a las negociaciones del Estatuto de Cataluña, que se encontraban en su recta final, y a que la operación representaba la pérdida para Cataluña de la sede del nuevo grupo mutual, que iba a situar su cuartel central en Madrid, donde está actualmente el de Ibermutuamur.
En todo caso, esos movimientos son sólo parte del primer paso previsto desde el Ministerio de Trabajo, que niega ningún plan expreso, pero sí admite que está incentivando un proceso ordenado para clarificar la excesiva atomización del sector.
En una primera etapa se obligará una cascada de operaciones que permita integrar a las mutuas más pequeñas para intentar conseguir economías de escala lo antes posible y facilitar futuros procesos de negociaciones. En ese proceso inicial se sitúan las actuales conversaciones en el País Vasco, donde se está defendiendo la fusión entre Mutualia y Mutua de Navarra; en Valencia, la de Muvale con la madrileña UMI, mientras que Ibermutuamur sigue su proceso de negociaciones con Fimac y Mutua Montañesa, también catalana.
El segundo paso, más conflictivo por los debates territoriales que puedan surgir por el camino, sería el de promover la fusión de las grandes entidades con mutuas fusionadas anteriormente, pero que todavía no han conseguido el umbral de negocio que fije el Gobierno como óptimo.
Fuentes del sector indican que, actualmente, apenas existen dos mutuas intocables, ambas asociadas a dos grandes grupos aseguradores de capital español. Por una parte Fremap, la mutua de trabajo de Mapfre; la segunda, Asepeyo, adscrita a Catalana Occidente.El final de todo el proceso, que requerirá una legislatura más de mandato socialista, supondrá la existencia de tres mutuas con brazos sobre las 17 comunidades autónomas y otras cuatro de perfil supraautonómico, pero sin llegar a abarcar el conjunto del territorio nacional.
En privado, los responsables del ministerio, encabezados por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, -de la que dependen las mutuas de trabajo- se refieren a una cuestión de «eficiencia y eficacia», que vendría a completar un proceso de los años 80 también auspiciado por otro Gobierno socialista. En aquel caso, se pasó de 180 mutuas profesionales a una treintena.
Ahora, el proceso adquiere tanto tintes técnicos como políticos.En el Ministerio de Trabajo existe interés en que las mutuas de trabajo generen mayor excedente para la Seguridad Social: el equivalente a su beneficio neto, que siempre va a parar a las arcas de la Seguridad Social, ya que los ingresos de las mutuas proceden de las cotizaciones sociales fijadas por el Estado para las empresas y los trabajadores en activo.
Blindar la caja única
En el ámbito político, el PSOE estaría intentando blindar la unidad de mercado y de la caja única de la Seguridad Social y, de paso, facilitar el tránsito de las mutuas de trabajo. Existe interés de que puedan convertirse a medio plazo en entidades gestoras de la Seguridad Social y abandonar su status actual de colaboradoras. Ese último extremo permitiría descongestionar en parte la sanidad pública española, víctima de un gasto creciente y de unos centros de atención desbordados por el aumento de la población y la universalidad del sistema.
Para el caso de mejorar los ratios de eficiencia de las mutuas, el principal reto del Ministerio es conseguir reducir al máximo el nivel de extornos, un auténtico tabú en el sector. En un sector público regulado, como el de las mutuas de trabajo, legalmente es imposible competir en tarifas, aunque el Ministerio ha amenazado con rebajar unilateralmente las tarifas. La única opción para ganar cuota de mercado pasa por convencer a ejecutivos y empresarios que acepten rebajas en las cuotas pero sin que los descuentos se apliquen sobre éstos. Se trata, en realidad, de comisiones que las mutuas de trabajo -en algunos casos alcanzan el 30% para empresas con plantillas extensas- aceptan pagar indirectamente a cambio del contrato de una empresa.
Desde un ordenador o un coche para el ejecutivo de turno a, incluso, la financiación para crear un nuevo pequeño centro de trabajo.Según fuentes del sector, el contrato para una empresa de 20 trabajadores puede generar un extorno de 6.000 euros. La dificultad estriba en encontrar ese tipo de faltas.
Autorregulación sobre buenas prácticas
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional suscribieron ayer un compromiso de autorregulación por el que crearán un código de buenas prácticas y transparencia, en colaboración con la administración de la Seguridad Social, que articule un conjunto de mecanismos para garantizar la competencia leal y de cuyo cumplimiento se encargará la propia administración.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, presente en la firma del acuerdo, expresó su satisfacción por este compromiso, que ha contado con la unanimidad de las 26 asociaciones mutualistas.
El acuerdo contempla la puesta en marcha de un órgano interno de resolución de conflictos. Asimismo, el nivel de cumplimiento del código se revisará de forma periódica.
El acuerdo obliga a los firmantes a tipificar las prácticas que deben quedar completamente excluidas -entre ellas, las que puedan menoscabar el patrimonio de la Seguridad Social- o aquellas otras que otorguen beneficios que superen el ámbito de las prestaciones reglamentarias o que vulneren la separación entre los servicios que otorgan las mutuas y los que prestan las sociedades de prevención.
El Mundo