Autor: seccion sindical fraternidad

CC.OO. no va a aceptar excusas y negativas para abordar los riesgos psicosociales porque considera que combatirlos es posible mediante la intervención sobre las condiciones de trabajo nocivas.

La secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO., consciente de que la organización del trabajo afecta a la salud de los trabajadores, ha puesto en marcha una campaña para prevenir y combatir los riesgos psicosociales del trabajo, mediante la realización de seminarios y jornadas en los distintos territorios y federaciones de la organización y la edición de 60.000 díspticos animando a los trabajadores a no aceptar excusas y negativas para abordar los riesgos psicosociales basadas en que todo es muy complicado….

La campaña está basada en el método CoPsoQ, realizado ya en otros países europeos, que ha sido adaptado en España por el Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO. con la financiación de la Fundación para la prevención de riesgos laborales. El método implica desarrollar el derecho de participación de todos los agentes de prevención: empresarios, técnicos y trabajadores/as y sus representantes, porque el conocimiento derivado de la experiencia se considera imprescindible y complementario al técnico.

Se trata de evaluar los riesgos psicosociales y combatirlos para evitar que nuestra salud empeore, porque los riesgos psicisociales son características de las condiciones de trabajo y, concretamente, de la organización del trabajo, nocivas para la salud. El estrés, la depresión, diversos trastornos psicosomáticos, trastornos cardiovasculares, la úlcera de estómago, trastornos alérgicos o las contracturas y el dolor de espalda pueden ser debidos a la exposición a riesgos psicosociales.

Así, los estudios han identificado cuatro grandes grupos de riesgos psicosociales: el exceso de exigencias que requiere la toma de dediciones difíciles y de forma rápida o irregular; la falta de influencia y posibilidades de desarrollo que no permite aprender cosas nuevas ni la posibilidad de aplicar habilidades y conocimientos; la falta de apoyo en la realización del trabajo en situaciones de competitividad entre compañeros; y las escasas compensaciones del trabajo como la inseguridad contractual, cambios de horarios, etc. A ello hay que unir otro factor que afecta a las mujeres: la doble presencia, por realizar la mayor parte del trabajo doméstico y familiar.

CC.OO. no va a aceptar excusas y negativas para abordar los riesgos psicosociales porque considera que combatirlos es posible mediante la intervención sobre las condiciones de trabajo nocivas. Para CC.OO. la organización del trabajo NO es intocable puesto que constantemente se realizan cambios para adaptarse a las exigencias productivas. Se trata de que con la experiencia y conocimientos de los trabajadores, introducir cambios favorables para la salud, y que la salud sea considerada un objetivo de la vida diaria de las empresas.

Las condiciones laborales de la subcontrata a la que pertenecía el último trabajador fallecido son «caldo de cultivo» para que se produzcan accidentes

El responsable de Salud Laboral de la Federación del Metal de
CCOO de Euskadi, Kepa González, ha asegurado hoy que “los
últimos accidentes laborales mortales que se están
produciendo en Euskadi demuestran que la prevención que se
aplica en las empresas ha fracasado”. Una vez más se pone
de manifiesto que existen factores de riesgo que suelen confluir en el
aumento del índice de siniestralidad, que en la CAV asciende ya
a más de 30 trabajadores en lo que llevamos de año y que
debe llevar a la reflexión y a la acción a empresarios y
poderes públicos.

El último trabajador fallecido esta fin de semana en las
instalaciones de Nervacero en Trápaga pertenecía a una
subcontrata (SSI) cuyas características son “caldo de
cultivo” para que fallen las medidas de prevención y se
produzcan accidentes laborales. Esta contrata tiene en plantilla
más de 50 trabajadores y no cuenta con representación
sindical alguna; según los propios trabajadores, las condiciones
salariales no son buenas, el número de horas excesivo, sin
días de descanso, flexibilidad horaria y de destino (funcional),
sin calendario definido y sin planes específicos de
prevención, etc…

CCOO valora positivamente la respuesta unitaria del comité de
empresa de Nervacero (UGT, CCOO, ELA y LAB) a la hora de convocar un
paro de 24 horas en respuesta a este nuevo accidente mortal.

El comité ha presentado hoy denuncia ante la Inspección
de Trabajo contra el incumplimiento de medidas preventivas en esta
subcontrata.

Un solo muerto debería ser demasiado. Cien muertos son la expresión de la desidia de quienes sostienen que si la economía crece, si el motor de la construcción funciona, si se sigue creando empleo aunque sea precario, España va bien y Madrid excelente.
Javier López

El mes de agosto ya no es lo que era. Se acabaron esos años en
los que la ciudad cerraba por vacaciones y las calles estaban
vacías. Quienes quedábamos en Madrid nos
comportábamos como espectros en la ciudad fantasma.

Hoy las vacaciones se parten, se reparten y hasta se comparten en
sucesivos contratos temporales. Se difuminan. Desaparecen en la
precariedad laboral.

Madrid se queda menos vacío. Las calles de nuestra ciudad tienen
menos coches, menos transeúntes, pero agosto ya no es lo que
era. No cierran los comercios. Se aceleran las obras. Los atascos
aparecen donde menos te lo esperas. Hasta la muerte, que era más
benigna y clemente por estas fechas y que parece estar perdiendo
clientes en las carreteras, ha buscado refugio en los golpes de calor y
es invitada oportunista de empresarios desaprensivos que trabajan como
subcontratistas de la contrata de otra subcontrata encadenada hasta el
infinito. Subcontratas donde trabajan inmigrantes, jóvenes,
jóvenes inmigrantes, a menudo sin contrato y sin seguridad
alguna.

Impunes empresarios desaprensivos que invitan a la muerte a pasear por
las obras, cuando quienes deberían impedir tales desmanes bajan
la guardia por vacaciones. Empresarios desaprensivos que no cumplen la
Ley porque saben que nadie se lo exigirá y que en estos
días de operación salida en los que el carné por
puntos parece ahorrar muertos al volante, han permitido que cuatro
trabajadores mueran en accidentes laborales.

No han muerto en obras menores, chapuzas, ñapas, reformas
interiores. Eran obras visibles, grandes. En un hospital, en la M-30,
en un gran centro comercial de Getafe. Todos eran jóvenes. Tres
de los cuatro, inmigrantes. Obras contratadas por grandes empresas con
permisos y licencias públicos, con planes de obra y planes de
seguridad.

Cuatro muertes en los últimos días. Cien muertes en
accidentes laborales en lo que va de año. Aun hay quien pide
prudencia en las declaraciones y en las denuncias públicas de
una situación insostenible e injustificable.

Un solo muerto debería ser demasiado. Cien muertos son la
expresión de la desidia de quienes sostienen que si la
economía crece, si el motor de la construcción funciona,
si se sigue creando empleo aunque sea precario, España va bien y
Madrid excelente.

Ahí quedan las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid según las cuales más de la
mitad de los accidentes laborales con resultado de muerte quedan sin
investigar porque los jueces no reciben la noticia. Entre otras cosas
porque sólo en raras ocasiones la policía levanta
atestado de una muerte por accidente laboral. Si esto ocurre con las
muertes qué no ocurrirá con los más de 85.000
accidentes laborales sin resultado de muerte ocurridos en los seis
primeros meses del año en Madrid. Imaginemos un atropello con
coche sin investigación policial ni judicial. Esto es lo que el
fiscal afirma que ocurre cada día en los centros de trabajo
madrileños. Delitos que quedan impunes y delincuentes que quedan
en la calle.

Parece que en septiembre inspectores de trabajo, jueces, fiscales,
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid firmarán por fin ese convenio
que venimos reclamando para actuar conjuntamente en los delitos contra
la salud laboral en Madrid. Pero firmar un convenio no basta.
Necesitamos más policías especializados, fiscales
especiales, más inspectores de trabajo, más
técnicos de prevención y mayor contundencia en las penas
impuestas. Más responsabilidad en definitiva de las
administraciones públicas. Es lamentable que a estas alturas
aparezca como novedosa la sentencia de un juzgado madrileño que
impone la pena de tres meses de prisión por delito de riesgo al
encargado de obra y dos representantes legales de una empresa.

Lamentable cuando hay trabajadores condenados a más de dos
años de cárcel por su participación en la
última huelga general del 20-J, donde hubo «urdacis» y
«ansuateguis», pero no muertes ni daños personales. Tan
sólo por defender una causa justa. Que nadie pida prudencia
porque si dolorosa es siempre la muerte por causas naturales en
intolerable se convierte cuando son seres humanos los que la invitan,
la toleran y hasta la propician.

Hace dos años en el 8º Congreso de CC.OO. Madrid se
celebraba bajo el lema «Seguros en el trabajo, iguales en la sociedad».

Que nadie pida tolerancia ante la inseguridad o las desigualdades
porque ante ellas, como ante las amenazas a las libertades o a la paz,
los trabajadores seremos siempre intransigentes.

Javier López, secretario general de CC.OO. de Madrid

Madrid Sindical

10 años después de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales existe todavía un cumplimiento muy insuficiente por parte de las empresas de

A partir de los datos extraídos de los Comunicados de Accidentes
de Trabajo se concluye que en los Accidentes de Trabajo ocurridos en
Catalunya, durante el año 2005, en un 17,09% del total de los
accidentes no se había realizado la obligatoria y necesaria
evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Desglosados por
gravedad en el caso de los accidentes muy graves es dónde
más se reproduce esa situación, un 25% de los casos; en
el caso de los accidentes mortales sucede en un 11,76% de los casos.

Si observamos las cifras por provincias es en la de Barcelona
dónde más se repite la situación de carecer de
evaluación de riesgos, en un 17,82% del total de accidentes; en
el caso de los accidentes mortales sucede en un 16,39%. Hay que
destacar que en el caso de los accidentes muy graves de la provincia de
Girona en un 54,55% de los accidentes de trabajo no se había
hecho la evaluación de riesgos.

Asimismo y partiendo de la misma fuente, en relación a
qué modalidad preventiva tenían las empresas dónde
sucedieron los accidentes, en un 66,30% tienen concertada la actividad
preventiva con un Servicio de Prevención Ajeno; hay que destacar
que en un 3,39% de los accidentes de trabajo la empresa no había
establecido ninguna modalidad preventiva. Si cruzamos la modalidad
preventiva con la existencia o no de evaluación de riesgos se
observa que en el supuesto de que sea el empresario el que asuma
directamente la actividad preventiva no hay evaluación de
riesgos en un 32,94%. Observando el mismo cruce de datos en el caso de
la modalidad preventiva más habitual (Servicio de
Prevención Ajeno), la evaluación de riesgos no
existía en un 15,43%.

Desde CC.OO. de Catalunya consideramos muy grave y preocupante que a 10
años de la publicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales por los menos en un 17,09% de los puestos de trabajo
no se haya realizado la evaluación de riesgos que es el
mínimamente exigible y necesario para realizar una
prevención eficaz en las empresas y es todavía más
preocupante y muy grave puesto que esto sucede en las empresas donde
han ocurrido accidentes lo que hace suponer que la situación
general de las empresas todavía puede ser peor. Asimismo es un
dato que debe provocar alarma que todavía existen un 3,39% de
empresas sin ningún tipo de modalidad preventiva y que
seguramente si se tuviera constancia de la situación de todas
las empresas, hayan tenido accidentes o no, esa cifra es superior.
También hay que destacar que ciertas modalidades preventivas,
como es el caso que la actividad preventiva sea asumida directamente
por el empresario, no son más que un subterfugio para eludir la
aplicación real y eficaz de la prevención.

Como conclusión podemos decir que las cifras mencionadas dan la
razón, desgraciadamente, a CC.OO. de Catalunya cuando
denunciamos que la prevención en las empresas no pasa de ser una
aplicación formalista, no integrada en la gestión de las
empresas y que esto hace que cualquier incremento de trabajo o de
población trabajadora produzca un incremento
geométricamente superior de accidentes de trabajo.

Por todo lo que se ha dicho desde CC.OO. de Catalunya exigimos:

1.Que los empresarios asuman definitivamente sus responsabilidades
legales y sociales realizando e integrando la prevención en la
gestión de las empresas.

2.Que se facilite desde las empresas y desde la Administración
la participación de los trabajadores en la prevención en
las empresas, con objeto de garantizar la defensa del derecho a la
salud y con el objetivo de la mayor eficacia y eficiencia en la
aplicación de las acciones preventivas.

3.Que se actúe con contundencia desde la Generalitat de
Catalunya y de la Administración de Justicia con aquellas
empresas que no cumplen los mínimos exigibles para realizar una
actividad preventiva eficaz y de calidad.

4.Que se cree de forma inmediata, tal y como está previsto en el
Plan de Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Registro de
Modalidades Preventivas de las Empresas.

5.Que se establezca, tal y como exigía el mandato de septiembre
del 2002 del Parlamento de Catalunya, el Registro de Empresas con Alta
Accidentalidad.

6.Que se dote a los Centros de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la
Inspección de Trabajo de los recursos económicos y
humanos suficientes para poder realizar sus funciones asesoras y de
inspección.

Al constante goteo de muertes de trabajadores en Madrid (100 en lo que va de año) se une ahora una dura revelación: más de la mitad de los accidentes laborales no llegan a ser investigados por la vía penal, debido a que, si el obrero no muere en el acto, no se elabora atestado policial y los jueces no reciben noticias del suceso. Lo denuncia Pedro Martínez, fiscal del Tribunal Superior y responsable de delitos laborales

Más de la mitad de los accidentes laborales con resultado de
muerte que se producen en Madrid -100 en lo que va de año,
según los sindicatos- quedan sin investigar debido a que los
jueces «no reciben la noticia del crimen», afirma el teniente fiscal
del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Martínez. «A diferencia
de lo que ocurre en los accidentes de tráfico, en los que la
policía se desplaza al lugar e instruye un atestado que
después es remitido al juzgado, cuando se trata de un siniestro
laboral, sólo en raras ocasiones la policía levanta
atestado», aclara Martínez.

Únicamente en un caso se investigan de oficio los accidentes:
cuando el trabajador fallece en el tajo y el juez acude allí
para levantar el cadáver. Paralelamente a ordenar la autopsia,
abre un procedimiento. Pero si el fallecimiento -muchos de ellos
tipificables como homicidios imprudentes- se produce en la ambulancia o
ya en el hospital, lo habitual es que el juez no tenga la notitia
criminis y no se levante atestado. Así, el suceso queda
judicialmente impune.

Un dato que avala esta alta tasa de impunidad es que en 2004,
según la memoria de la Fiscalía General del Estado,
sólo se incoaron 480 causas por homicidio imprudente en
accidente laboral. En ese mismo año, el Ministerio de Trabajo
tiene contabilizadas no 480, sino 968 muertes laborales (en toda
España). El ministerio, a través de sus inspectores,
sí levanta un expediente sancionador en todos los casos, pero
éste no siempre termina en manos de jueces y fiscales.

Arreglos extrajudiciales

La experiencia de Martínez, quien, además de teniente
fiscal, es el coordinador de la fiscalía en materia de delitos
laborales, es que más de la mitad no se investigan
judicialmente. «Ello crea indefensión a las familias de las
víctimas y las deja en manos de las aseguradoras, a las que les
salen más baratos los arreglos extrajudiciales», afirma.

Para solventar este problema, la Fiscalía de Madrid, que dirige
Manuel Moix, ha puesto en marcha una iniciativa pionera cuyo objetivo
es implicar a la Policía Municipal en la investigación de
estos posibles homicidios imprudentes fruto de accidentes laborales.
Para ello ha redactado un convenio que será suscrito en
septiembre con el Ayuntamiento y que -aplicando lo previsto en la
reciente Ley de Capitalidad- dará funciones de policía
judicial a la Policía Municipal.

La finalidad del convenio es que, bajo mandato de la fiscalía,
una brigada de agentes municipales acuda «de inmediato» a la obra en la
que se haya producido un accidente laboral con resultado de muerte o
heridas graves; y, además, levante un atestado sobre lo ocurrido
e impida con su presencia que desaparezcan los indicios del delito,
como ocurre ahora en muchas ocasiones.

Los policías, incluso, filmarán en vídeo la
situación de la obra, el lugar concreto en el que se ha
producido el siniestro y, además, recabarán todas las
pruebas que necesitan jueces y fiscales para perseguir penalmente a los
responsables, por acción u omisión.

La iniciativa pretende acabar con la altísima tasa de
siniestralidad laboral que hay en toda España y -aunque por
debajo de la media- en la Comunidad de Madrid. Según datos del
Ministerio de Trabajo, en 2005, en España, fallecieron un
promedio de tres trabajadores diarios. Sólo en Madrid hay un
accidente laboral mortal cada dos días (excluyendo los
accidentes in itínere: los que se producen cuando el trabajador
se desplaza a su puesto de trabajo). Y este año la media ya es
de uno cada dos días.

Gran parte de los obreros mueren en la ambulancia camino del hospital,
o en el centro sanitario, y en esos casos no se abre el correspondiente
atestado judicial. ¿Por qué? «Los médicos se
limitan a levantar un parte indicando que el ‘usuario tal’ ha ingresado
con politraumatismo, la causa de la muerte y alguna circunstancia de
relieve clínico. Pero ignoran la causa del accidente, o no la
indican porque nadie se la refiere oficialmente», señala el
responsable de delitos laborales de Madrid.

«Es cierto que ese parte es enviado luego al juzgado, pero, al no
indicarse en él la causa concreta de las heridas, el juez y el
fiscal la archivan», prosigue Martínez. Sólo en raras
ocasiones se inicia la investigación: cuando los familiares del
fallecido lo denuncian. Y esto suele ser muy inhabitual. Pero, aun
así, sería una denuncia sin apenas pruebas, ya que los
indicios del delito desaparecen tras el accidente. Incluso cuando
acuden los inspectores de Trabajo a levantar su acta, ya suele ser
demasiado tarde.

También es frecuente que los compañeros de la
víctima, que por lo general siguen trabajando para el
empresario, sean reacios a testificar sobre lo realmente ocurrido. Y si
se produce la denuncia y el juez ordena un peritaje, también
éste suele resultar estéril, porque cuando el
técnico se desplaza al tajo, las pruebas se han esfumado.

En definitiva, las familias de las víctimas quedan a expensas de
las aseguradoras, en el caso de que éstas existan. «Lo normal es
que las aseguradoras se pongan rápido en contacto con los
familiares y les ofrezcan un arreglo económico que evite la
vía judicial», añade el fiscal. «Muchas familias, en ese
momento de dolor, acceden a la oferta instantánea
económica en lugar de esperar al resultado de la vía
judicial, que puede durar, si hay recursos, cinco o seis años».

Esta ausencia de una adecuada investigación se debe a que, hasta
ahora, al menos en Madrid, nadie hace el oportuno atestado policial,
que es la vía correcta para que el juez abra un procedimiento
judicial y haga partícipe del mismo al fiscal para que
éste impulse las pesquisas. En teoría, esa labor
debía realizarla el Cuerpo Nacional de Policía,
desbordado por el trabajo. Y reacio ahora, según fuentes
jurídicas, a que esta labor se encomiende a policías
municipales revestidos de policías judiciales.

El teniente fiscal subraya: «El Cuerpo Nacional de Policía no
debe ser reacio a este acuerdo, porque no se trata de restar, sino de
sumar esfuerzos. Lo importante es que las administraciones estatal,
autonómica y municipal han decidido ahora ir juntas para frenar
la lacerante realidad de la siniestralidad laboral. Estamos dando un
ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en un Estado con
amplios niveles de descentralización».. Para combatir esta
impunidad, la fiscalía y el Ayuntamiento han acordado crear una
brigada de siniestralidad laboral en el seno de la Policía
Municipal. Además, un juez acaba de dictar una novedosa
sentencia que impone penas de cárcel a tres responsables de una
obra por la falta de seguridad en el tajo, aun sin mediar accidente.

Una brigada para vigilar las obras

El convenio que van a firmar la Fiscalía de Madrid y el
Ayuntamiento para combatir la impunidad de los accidentes laborales no
limitará la labor de la Policía Municipal a investigar
los accidentes con muertes o heridos muy graves. Además, la
faculta para visitar aleatoriamente las obras de la capital y denunciar
los casos en que se incumplan las medidas de seguridad previstas en la
normativa laboral.

El convenio no especifica cuántos policías
asignará el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón a este
cometido. El texto, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de
2010, establece el desarrollo de cursos de formación para los
agentes que compongan la brigada de siniestralidad laboral.

Los cursos los impartirán jueces, fiscales y técnicos de
seguridad y salud de la Comunidad de Madrid. Constada una
infracción grave que suponga un peligro para los trabajadores,
los agentes la elevarán ante la Inspección de Trabajo -en
Madrid hay unos 200 inspectores- para que sus técnicos
inspeccionen la obra, elaboren un informe y remitan los hechos al
fiscal. La Fiscalía de Madrid calcula que serán
necesarios al menos seis fiscales especializados para asumir el trabajo
que se va a derivar de este convenio.

Desde la fiscalía se pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid
que también se sume a este convenio para extender su eficacia a
toda la región.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ

El Pais